Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0027/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58801-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rucina Soto Reguerin contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 1 de marzo, 17 de abril y 31 de mayo de 2023, cursantes de fs. 35 a 39, 52 a 55; y, 60 y vta., respectivamente, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de madre de tres menores y esposa de una persona con discapacidad auditiva del 44%, de acuerdo al registro de discapacidad 02-19620916RQF, trabajó desde el 2017 hasta el 14 de octubre de 2022 en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz, mediante contratos a plazo fijo de dos meses y medio, siendo el último contrato consignado como D.T.H. /P 4032/2022; el cual, le genera perjuicios derivados de la no cancelación de tres meses trabajados y quince días cumpliendo funciones ad honorem, además de la dificultad de acudir a su seguro y recibir atención médica, debido a que la unidad de Trabajo Social del municipio les entrega el formulario -AVC-4-, justo un mes antes que concluyan sus contratos.
En mérito de lo expuesto, junto con otra trabajadora -tercera interesada- presentaron denuncia ante la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto, solicitando se le reconozca su inamovilidad laboral; sin embargo, mediante Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.D.T.L.P./J.R.T.E.A/MEVB 0015/2022 de 31 de octubre; dicha entidad, señalando que no acreditó la relación conyugal con su esposo discapacitado, rechazó su solicitud, salvando los derechos que le pudieren asistir ante la judicatura laboral.
En virtud de ello, interpuso recurso de revocatoria -siendo lo correcto de revisión-, adjuntando el certificado de matrimonio, que acredita su condición de cónyuge; no obstante, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la Resolución Ministerial (RM) 143/23 de 26 de enero de 2023, confirmó la referida conminatoria, decisión que resultó contradictoria, obscura y paralizó su solicitud de reincorporación, más el pago de sus salarios devengados, pese a que acreditó estar casada con la persona con discapacidad bajo su dependencia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; así como a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de prueba, citando al efecto los arts. 13, 15.I, 46.I y II; 48.I, II, III, IV y V; 49.III; 70.1; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 23 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- a)La revocatoria de la RM 143/23, en su punto segundo, que no da curso a su reincorporación, el pago de salarios devengados y beneficios sociales;
- b)Se ordene -se entiende al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social- la emisión de nueva resolución conforme a derecho; y,
- c)Con costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por temeridad.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 451 a 455 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y en audiencia, ante las preguntas realizadas por el Tribunal de garantías, manifestó que:
- 1)Su pretensión constitucional es la reincorporación -se entiende a su fuente de trabajo- y el pago de salarios devengados;
- 2)Su objetivo es la revocatoria de la RM 143/23 en sus artículos 2 y 3;
- 3)Que, María Estela Quispe Quisberth -tercera interesada- no fue convocada dentro de la presente acción tutelar; toda vez que, se encuentra tramitando un proceso coactivo ante la jurisdicción laboral; y,
- 4)La decisión impugnada lesiona su continuidad laboral, así como el "derecho" de su esposo que cuenta con discapacidad auditiva, constando en el expediente su carnet de discapacidad.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante en audiencia, manifestó que:
- i)Respecto al carnet de discapacidad y certificado de matrimonio tildados de inobservados en la resolución cuestionada, en el punto 3.1 del Considerando V, los numerales 5 y 6, hacen alusión a los mismos; por lo que, se demuestra que sí han sido considerados;
- ii)En el último acápite del referido punto, se señaló con relación al carnet de discapacidad del esposo de la accionante, que el mismo indica la existencia de una discapacidad auditiva de grado moderado; sin embargo, para acceder al beneficio de inamovilidad laboral se debe acreditar un grado de discapacidad grave o muy grave a través del certificado único;
- iii)Si bien se presentó el carnet de discapacidad, no se acompañó el certificado conforme al art. 3 del Decreto Supremo (DS) 28521 de 16 de diciembre de 2005; por lo que, no se puede presumir que el esposo de la accionante padezca de una invalidez permanente a causa de una discapacidad grave o muy grave; y,
- iv)Se debe tomar en cuenta la "" -siendo lo correcto es -, resaltando que la condición de la persona con discapacidad a cargo de la prenombrada, es de un grado de discapacidad moderada; razón por la cual, no se encuentra dentro de la categoría requerida para que proceda la inamovilidad laboral demandada; finalizó solicitando se deniegue la tutela.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 73.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:
- a)El accionante tiene la carga de identificar el objeto de la pretensión, así como adjuntar los medios probatorios al efecto y los derechos que se hubieren vulnerado, aspectos que se advierten como incumplidos por parte de la Sala Constitucional;
- b)No pueden disponer la revocatoria del acto administrativo impugnado a través de la concesión de tutela; en virtud a que ello, se encuentra vedado jurisprudencialmente, al igual que la revalorización de la prueba, develando la improponibilidad del petitum de la acción impetrada;
- c)El no haber convocado a un tercer interesado -María Estela Quispe Quisberth-, produce la inviabilidad de su pretensión; puesto que, la decisión impugnada no solo define la situación jurídica de la accionante, sino que es una determinación mixta, cuya revocatoria no solo afectaría a los intereses de la prenombrada;
- d)El objeto del proceso constitucional, es la dependencia de una persona con discapacidad de la misma; en ese margen, aducir como medio probatorio que en dos semanas se obtendrá un nuevo carnet de discapacidad que reflejaría un grado de discapacidad grave, se constituye en un acto futuro del cual no se tiene certeza alguna, mismo entendimiento se debe atribuir a la prueba de reciente obtención, puesto que ésta no fue de conocimiento de la autoridad demandada, tornando incoherente que se haya pronunciado sobre ella; y,
- e)El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, al haber salvaguardado en la decisión impugnada los derechos que pudieren asistir a la accionante en la jurisdicción laboral, actuó correctamente.
I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
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