0028/2022-RCA

Solicita se conceda la tutela disponiendo que:

1. a)El demandado en el día retire los candados que aseguran la puerta de entrada de su vivienda y/o le entregue copia de las llaves de los mismos; y,
2. b)Permita su libre circulación para salir y entrar del inmueble y que cesen de inmediato sus amenazas de desalojarla por la fuerza.

El Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías por decreto de 25 de noviembre de 2021, cursante de fs. 36 a 37, dispuso que la parte impetrante de tutela dentro del plazo de tres días, bajo conminatoria de aplicarse lo establecido en el art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), subsane lo siguiente:

1. 1)La parte accionante debe de acreditar su legitimación activa, obligándose a demostrar que suscribió el contrato de habitación gratuita de 13 de septiembre de 2018, que Juan Fernández Quispe es el representante legal de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Villa Tunari, quien tendría tuición y cuidado del bien inmueble motivo de la litis, debiendo acreditar que está facultado para firmar contratos de habitación en representación de dicha Iglesia, señalando además si existe otras personas afectadas por los hechos denunciados;
2. 2)Referir de forma clara y precisa contra quienes se dirige la presente acción tutelar, sus generales de ley (nombres y apellidos completos) y de manera precisa el lugar donde pueden ser notificados, debiendo acompañar en su caso el croquis de sus domicilios y pronunciarse respecto a la existencia o no de terceros interesados;
3. 3)Aclarar el nexo de causalidad;
4. 4)Acompañar toda la prueba suficiente con lo que se acredite y demuestre la existencia del acto ilegal y la excepción al principio de subsidiariedad, debiendo adjuntar la verificación de los hechos efectuada por la Notaria de Fe Pública N° 3 de Villa Tunari;
5. 5)Aclarar los reclamos y medios idóneos empleados para hacer valer sus derechos y el haber agotado todas las instancias administrativas y/o judiciales; y,
6. 6)Realizar su petitorio en forma precisa y clara.

El citado Juez de garantías, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2021, cursante de fs. 55 a 57 vta., declaró la improcedencia de esta acción de defensa, señalando que Teresa Fernández García no subsanó todas las observaciones realizadas por decreto de 25 del mismo mes y año, no acreditó la excepción al principio de subsidiariedad, ni agotó todas las instancias judiciales o medios idóneos para hacer valer sus derechos, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La accionante no acreditó su legitimación activa ya que en el caso de medidas de hecho debe de probar la titularidad de la propiedad del bien inmueble afectado y/o en caso de no ser propietaria debe de acreditar su posesión legal en relación al cual ejercieron vías de hecho, no habiendo demostrado que con quien suscribió el contrato de habitación gratuita (Juan Fernández Quispe) sea el representante legal de esa Iglesia, además de que existen otras personas con legitimación activa como su esposo e hijo, no siendo suficiente que se haya referido a los mismos como miembros de su familia;
2. ii)La SCP 0808/2019-S3 de 15 de noviembre, adjuntada por la impetrante de tutela denota la existencia de una acción de amparo constitucional sobre el bien inmueble objeto de la litis que pertenecería a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Villa Tunari, debido a una supuesta doble Directiva, constituyéndose ello en hechos controvertidos;
3. iii)Su posesión no fue objetiva e idóneamente acreditada ya que la carga probatoria ante medidas de hecho es de la parte del peticionante de tutela;
4. iv)La accionante no interpuso la acción tutelar contra otras personas que también deberían ser demandadas;
5. v)Alega la lesión de su derecho a la vivienda al haber sido colocado un candado cámaras de seguridad, además por los insultos y amenazas de desalojarla por la fuerza, teniendo por ello dificultades para ingresar a su vivienda, señala que no tiene copias de las llaves no pudiendo salir ni retornar a su vivienda con libertad y que para ingresar al inmueble debe rogar y esperar a que le abran la puerta principal del inmueble donde tiene su vivienda porque siempre está con candado, pero al ingresar a su vivienda y encontrarse viviendo en la misma no se tendría medidas de hecho; y,
6. vi)La impetrante de tutela expresa que las vías de hecho se constituyen en el colocado de candado en la puerta de ingreso al lugar donde vive, las amenazas de desalojo que recibe, pero de la prueba adjunta no se tendría constancia de la procedencia a la excepción a la subsidiariedad, ya que el cambio de candado no constituye por sí solo vías de hecho sino que debe ser acompañado a la privación de ingreso a su vivienda, por lo que no se tendría constancia de que se le prohíba el ingreso a su vivienda para que se aplique la excepción a la subsidiariedad, por lo que se tiene que la accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad ya que no utilizó los mecanismos que la jurisdicción ordinaria le reconoce.

Refiere que:

1. a)El Juez de garantías ignoró que acompañó como prueba de su posesión el contrato de 13 de septiembre de 2018, firmado con Juan Fernández Quispe a quien tuvo como titular del derecho en esa fecha, quien permitió su ingreso al bien inmueble que habita junto a su familia; b ) La SCP 0808/2019-S3 de 15 de noviembre, citada por el Juez de garantías establece que Juan Fernández Quispe tenía facultades de representar legalmente a la Iglesia Evangelica Pentecostal de Villa Tunari, aspecto deliberadamente ignorado por el indicado Juez, quien asumió defensa del demandado en la acción tutelar;
2. c)El Juez de garantías considera la existencia de dos directivas como hecho controvertido por el cual declara la improcedencia de la acción tutelar, pero no así para conceder la misma por vías de hecho a Juan Carlos Villcarani Condo;
3. d)Indica el actuar parcializado del Juez de garantías al declarar la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional estableciendo como requisito su obligación de identificar a los terceros interesados, a pesar de lo previsto por el art. 35.2 del CPCo;
4. e)El colocar candados para afectar la libre circulación de su persona y miembros de su familia en su condición de mujer embarazada en su noveno mes de gestación se constituye en vulneracion flagrante de sus derechos a la vida, a la circulación y a la vivienda, constituyéndose el colocado de candados en medidas de hecho y justicia por mano propia con la intención de obligarle a que abandone el bien inmueble, habilitando la excepción a la subsidiariedad;
5. f)El acta de verificación del inmueble de 24 de noviembre de 2021, evidencian las vías de hecho en su contra con la restricción de sus derechos a la vida, a la vivienda y a la libre circulación; y,
6. g)Cumplió con toda la carga de la prueba, subsanó todas las observaciones que realizó, por todo ello no correspondía se declare la improcedencia de su acción tutelar.