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TCP

0028/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0028/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 68595-2024-138-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 345/2024 de 14 de octubre, cursante de fs. 78 a 81 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángela Patricia Miranda Mollinedo y Carla Alejandra Quiroga Paredes abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) en representación sin mandato de NN contra Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, Luis Gutiérrez y Luis Efraín Ramírez, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 y 13 de octubre de 2024, cursantes de fs. 46 a 55; y, de 62 a 63, la accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Emeterio Vargas Mamani, Juan Evo Morales Ayma y otros, por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante tipificado por el art. 281 bis del Código Penal (CP), la víctima menor de edad -ahora accionante- como consecuencia del hecho, quedó embarazada; resultando dos víctimas vulneradas.

Juan Evo Morales Ayma interpuso una acción de libertad contra Walter Andrés Soruco Chamozo y Cristhian Antonio Guerrero Ticona, Fiscales de Materia, por la presunta vulneración en la referida causa, del derecho al debido proceso en sus vertientes de juez natural, a la defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica; es así que, mediante Resolución 22/2024 de 2 de octubre la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- concedió la tutela, dejando sin efecto la resolución de aprehensión contra el referido investigado y la "REMISIÓN AL JUEZ NATURAL; esto significa, el distrito judicial donde tiene el domicilio reconocido por los Fiscales ahora accionados del accionante" (sic).

La Jueza demandada en la referida Resolución, expuso fundamentos que se apartan radicalmente del procedimiento y orden constitucional vigente; dado que, no cumplió los postulados mínimos que rige la actividad jurisdiccional, porque no tomó en cuenta los derechos fundamentales de la víctima menor de edad, al ordenar la remisión de los antecedentes a conocimiento del "Juez natural"; es decir, estableciendo la remisión del proceso penal a Cochabamba, específicamente al municipio de Villa Tunari.

Si bien se tiene registrado que el investigado cuenta con un domicilio en el municipio de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, el mismo es genérico, además la Jueza demandada solo tomó en cuenta el art. 49.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, se omitió considerar el interés superior de la niña víctima de violencia y lo establecido en las -sobre la obligación de asumir los principios de interés superior y prioridad absoluta-; 0119/2019-S1 de 10 de abril -respecto a que toda determinación que involucre derechos fundamentales o garantías constitucionales de las niñas niños y adolescentes debe estar argumentada-; 0469/2019-S2 de 9 de julio -que reiteró el interés superior como derecho sustantivo, principio de interpretación y norma de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos, en una comprensión de acceso a la justicia en sentido amplio-; y, 0001/2019-S2 de 15 de enero -que establece la aplicación del enfoque interseccional-.

Sobre la base de ese marco jurisprudencial, la Jueza demandada debió considerar lo establecido en el art. 49 del CPP:

Serán competentes:

  1. 1)El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado;

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Tribunal Constitucional Plurinacional20 de febrero de 20260028/2026-S3Fuente oficial