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TCP

0029/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0029/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0029/2026-CA Sucre, 29 de enero de 2026

Expediente: 80864-2026-162-RDN Recurso directo de nulidad Departamento: La Paz

El recurso directo de nulidad interpuesto por Gueysa Maribel Miranda Manzaneda, Elry Patricia Cardozo Ibañez, Raquel Sarabia Yujra, Stephany Sthael Suárez Bonifaz, Saylin Yamil Luna Chuquimia, Carmen Andrea Arce Flores y Javier Quispe Ticona contra Rolando Chávez Cojinto, Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS), demandando la acción administrativa de desconocimiento de las Convocatorias a Concurso de Méritos y Exámenes de Competencias REGLP/ADM 30/2024, 31/2024, 35/2024, 38/2024 y 39/2024, mediante la Hoja de Movimiento de Personal, por servidores carentes de facultades y competencia legal.

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO

I.1. Síntesis de la demanda

Por memorial presentado el 15 de enero de 2026 en la Unidad de Coordinación Departamental de la Paz y recepcionado en este Tribunal el 20 de igual mes y año, cursante de fs. 135 a 141 vta., los recurrentes manifiestan que, la Administración Regional La Paz de la CNS, en el marco del subsistema de dotación de personal, su Reglamento Interno de Personal y la "Ley 006 de institucionalización", publicó convocatorias cerradas a Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia REGLP/ADM 030/2024, 031/2024, 035/2024, 036/2024 y 039/2024, destinadas exclusivamente a trabajadores de la institución, fueron habilitados tras la verificación de requisitos y rendido exámenes de conocimientos y aptitud, conforme al proceso de institucionalización vigente para personal de planta y contrato.

Cumplidas las etapas de habilitación, evaluación y calificación, se determinó el acceso a los cargos correspondientes, los cuales han sido ejercidos de manera continua durante aproximadamente un año, configurándose así un derecho adquirido vinculado a la seguridad jurídica, sustentado en el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), bajo los principios protectores de estabilidad laboral e in dubio pro operario, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 4.I. inc. a) del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT).

La habilitación y los resultados fueron formalizados mediante documentos públicos suscritos por las comisiones competentes: Fernando Llanos, Daniel Gutiérrez y Manuel Alejandro Almendro Lazarte, integrantes de la Comisión de Revisión de Requisitos; y, Richard Rivera Gómez y Luis Armando Acuña López, miembros del Comité de Calificación, con la participación de Ronald Ponce Limachi, Jefe a.i. de Presupuestos de la Regional de La Paz de la CNS. Posteriormente, en diciembre de 2024, se emitieron los Memorándums de Designación de Funciones, suscritos por el Jefe de la Unidad correspondiente y con el visto bueno del Jefe de Servicios Generales, consolidando así la legalidad y legitimidad de los nombramientos

Las etapas del proceso se encuentran precluidas, conforme a lo dispuesto por el art. 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y al principio de preclusión aplicable en materia administrativa, lo que impide la reapertura de instancias ya agotadas o la aplicación de la retroactividad, en resguardo de lo previsto por el art. 123 de la CPE. Asimismo, el art. 4 inc. k) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, consagra los principios de economía, simplicidad y celeridad administrativa, estableciendo que, una vez concluido el procedimiento, no existe facultad para realizar nuevas evaluaciones ni para retrotraer etapas válidamente cumplidas

Las designaciones se efectuaron mediante informes de evaluación de confirmación, hojas de movimiento de personal, notificaciones a los interesados y la correspondiente habilitación en el sistema biométrico; en consecuencia, cualquier intento de retrotraer dicho proceso vulnera el principio de continuidad laboral previsto en el art. 4 inciso b) del DS 28699, al implicar una variación arbitraria o una infracción a la normativa laboral vigente.

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