Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2026-O Sucre, de 5 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 47525-2022-96-AAC Departamento: La Paz
La queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ivana Humerez Crespo contra Hernán Iván Arias Durán, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento
Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2025, cursante de fs. 178 a 184 vta., Paola Susan Foronda Urquizo, dependiente de Asesoría Legal de la Dirección de Gestión de Recursos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -la activante de queja-, formuló queja por sobrecumplimiento de la , bajo siguientes argumentos:
En atención a las disposiciones contenidas en el Auto Constitucional (AC) 172/2025 del 21 de agosto, emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se advierte que el mismo actuó de manera arbitraria y discrecional al conminar el pago de Bs21 619,64.- (veintiún mil seiscientos diecinueve 64/100 bolivianos) por salarios devengados los meses de julio a noviembre de 2021.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sostuvo que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, usurpó funciones de la jurisdicción ordinaria -laboral- al determinar, sin respaldo técnico ni audiencia bilateral, un monto específico basado en hechos controvertidos que la jurisdicción constitucional no tuvo facultad de liquidar.
La entidad municipal detalló que el conflicto surgió de una interpretación errónea de la , la cual ordenó el pago de salarios de manera general; empero, remitió el cumplimiento a una conminatoria administrativa que tampoco fijó montos líquidos.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz destacó que, en un intento de cumplir la , presentó una liquidación técnica que arrojó un monto total de Bs19 351,84 -desglosados en los meses de: julio por la suma de Bs2 267,79; de agosto a octubre la suma de Bs13 606,77 (trece mil seiscientos seis 77/100 bolivianos); y veintitrés días de noviembre de 2021, por la suma de Bs3 477,28 (tres mil cuatrocientos setenta y siete 28/100 bolivianos), tras aplicar los descuentos de ley del 12.71%. Además, Ivana Humerez Crespo -la entonces accionante-, aceptó formalmente esa liquidación mediante memorial de 16 de mayo de 2025; por lo que, resultó inexplicable que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ignorara ese acuerdo y elevara el monto a pagar. Así, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, incurrió en una "falta de seguridad jurídica" al fijar parámetros de fechas y cálculos de manera unilateral, omitiendo que la propia jurisprudencia constitucional, como la citada en las y , que prohíbe a los vocales constitucionales dimensionar alcances económicos o resolver controversias de fondo. Finalmente, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, reclamó que nunca fue notificado formalmente con las supuestas observaciones de la contraparte, lo que le causó un estado de indefensión; y, enfatizó que, al administrar recursos públicos del Estado, cualquier erogación debió estar estrictamente justificada y auditada, advirtiendo que la ejecución excesiva de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, generó una vulneración al patrimonio municipal y una responsabilidad administrativa para los funcionarios involucrados.
I.1.1. Petitorio
Solicita que se: "...ADMITA Y DECLARE HABER A LA PRESENTE QUEJA POR SOBRECUMPLIMIENTO, conforme a los arts. 25 y 26 del Código Procesal Constitucional; por evidenciarse un acto de sobrecumplimiento constitucional que afecta no solo al equilibro del proceso constitucional, sino también la legalidad en el uso de recursos económicos estatales, poniendo en riesgo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal que rigen a toda entidad pública" (sic).
I.2. Resolución de la Sala Constitucional
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