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TCP

0029/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de enero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0029/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58814-2023-118-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 78/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 80 a 86, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Alejandro Flores contra David Calizaya Uño, Presidente; Paola Vega Gallardo, Vicepresidenta; Santusa Balderrama -Martinez-, Secretaria de Hacienda; "Lucio" -Luciano- Cutipa Rojas y Cristina Arroyo Carlos, ambos Secretarios de Organización; María Angélica Delgado Oropeza, Secretaria de Actas; Maritza Cali Pacheco, Delegada de Federación; "Gloria" -Hilaria- Huarachi Llanqui, Secretaria de Asistencia; "Yonathan" -Jonathan- Joel Calizaya Estrada, Delegado; Nicasia Rocha Molina y Martha Mamani Quispe ambas Secretarias de Conflictos y Justicia, todos de la Asociación de Comerciantes Minoristas "Nuevo Amanecer".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 19 y 26 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 16 a 30; y, 33 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde 1995, se dedicó de manera continua al comercio de obsequios -regalitos- y otros artículos, actividad que ha constituido su principal medio de subsistencia, destinada a cubrir las necesidades básicas propias de su núcleo familiar; además, su persona y esposa padecerían problemas de presión arterial, los cuales, según certificación médica, se encuentran asociados a cuadros de estrés y secuelas posteriores a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). En dicho año, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, implementó un proceso de organización y asignación de puestos de trabajo fijos en Av. Froilán; en virtud de ello al igual que otros comerciantes que anteriormente ejercían su actividad en la vía pública de manera itinerante, fue beneficiado con la asignación de un puesto de venta formalmente.

El grupo de beneficiarios -comerciantes- decidió organizarse de manera colectiva con la finalidad de resguardar y preservar los espacios de trabajo otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; por lo que, en 1997, constituyeron la Asociación "NUEVO AMANECER", que cuenta con personería -jurídica- y se procedió a la designación de directivas, a quienes se encomendó la representación y defensa de los intereses de los asociados. Entre los objetivos centrales y prioritarios de la dicha Asociación se estableció el resguardo del derecho de los socios a mantener sus puestos de trabajo, consistentes en espacios ubicados en las veredas y los domingos en toda la Avenida del denominado Sector Campesino, donde se desarrolla la tradicional feria dominical, lugar donde ejerció su actividad comercial de manera ininterrumpida por más de veintisiete años, sin incurrir jamás en faltas graves o muy graves que ameriten sanción alguna.

No obstante lo señalado, desconoció la existencia de trámite, procedimiento administrativo o disciplinario alguno que respalde las sanciones que, de manera arbitraria y discrecional, el Directorio de la Asociación de Comerciantes Minoristas "Nuevo Amanecer" -hoy accionados- habrían comenzado a imponer, esa práctica afectó principalmente a personas de escasos recursos económicos, quienes, por temor a ser excluidos de dicha Asociación y perder sus puestos de trabajo, se ven obligados a aceptar y cumplir sanciones incluso por hechos que no cometieron, lo que se constituye en una medida de hecho y justicia a mano propia sin que los socios puedan ejercer ninguna defensa; puesto que, el 26 "del año en curso" -mayo de 2023-, el accionante se constituyó en su puesto habitual de trabajo, con el propósito de desarrollar su actividad comercial de venta de artículos para regalos, en conmemoración del día de la madre. En dichas circunstancias, mientras procedía a armar la parrilla de exposición para la colocación de su mercadería; se hicieron presentes varias personas que se identificaron como miembros del Directorio de la referida Asociación entre ellos se encontraban el Presidente, Vicepresidenta, las Secretarias de Conflictos y Justicia, ahora accionados; además, de otras personas no identificadas -NN-, sumando en total como diez personas, quienes actuaron de manera conjunta y coordinada, mismos que impidieron de manera expresa y material que continúe armando su puesto de trabajo, manifestando que se encontraban en el lugar para hacer cumplir una supuesta determinación del nombrado Presidente y del Directorio en pleno, consistente en no permitirle trabajar, bajo el argumento de que hubiese sido suspendido por el lapso de seis meses, por la comisión de supuestas faltas muy graves. Ante dicha situación, exigió que se le exhiba la resolución o determinación escrita que disponga su suspensión, solicitando además que se le explique cuáles serían las faltas cometidas; sin embargo, ninguno de los presentes pudo o quiso explicar los hechos atribuidos, limitándose a señalar que esa resolución le sería entregada posteriormente, extremo que nunca ocurrió; por lo que, expresó de manera clara que no acataría una orden manifiestamente ilegal, recordando que su único medio de subsistencia proviene de dicha actividad comercial y que de ella depende el sostenimiento de su familia. No obstante, los Directivos reiteraron el argumento falaz de que se encontraba sancionado con suspensión temporal de seis meses, todo ello sin exhibir documento alguno que respalde tal decisión; en consecuencia directa de esa medida de hecho, se le impidió trabajar durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2023, fechas de especial relevancia económica por corresponder a la feria dominical y a la venta previa al día de la madre; asimismo, al negarse retirarse del lugar, en tanto no se le exhibiera una orden formal y escrita, los Directivos le ordenaron de manera inmediata abandonar el puesto, indicándole incluso que ya existía otra persona destinada a ocupar su espacio de trabajo; además, lo amenazaron expresamente con agravar su situación, advirtiéndole que, de persistir en su negativa, procederían a retirarle su calidad de socio, lo que en los hechos significaría la pérdida definitiva de su puesto de trabajo y ante el temor fundado de sufrir agresiones físicas, se vio obligado a retirarse del lugar, encontrándose en un estado de absoluta indefensión, sin saber a qué autoridad acudir para restituir su derecho al trabajo, más aun cuando jamás cometió falta grave alguna, ni fue procesado, desconociendo totalmente los motivos de la supuesta sanción. Se deja constancia de que dichos actos y amenazas fueron presenciados por numerosos transeúntes y comerciantes.

En reiteradas oportunidades, el accionante solicitó de manera verbal, respetuosa y fundada, se le otorgue copia de la resolución que dispuso su supuesta suspensión; así como, la personería jurídica de la Asociación de Comerciantes Minoristas "Nuevo Amanecer", los reglamentos internos de sanciones y la información relativa a los procedimientos disciplinarios aplicables, con el único propósito de conocer los cargos en su contra; no obstante, el Presidente hoy accionado, respondió de manera arbitraria e intimidatoria, señalando que el solo hecho de exigir documentación institucional constituiría una falta grave, advirtiéndole que ello conllevaría su exclusión definitiva como socio y en consecuencia, la pérdida permanente de su puesto de trabajo; por lo que, el 14 de junio de 2023, tras insistentes reclamos, se le entregó un Memorando de 5 del mismo mes y año, firmado únicamente por dos secretarias, que disponía su suspensión por seis meses, sin individualizar la falta cometida ni contar con la firma del Presidente o del Directorio en pleno. El documento carecía de fundamentación y fue notificado tardíamente, lo que evidenció que se trataba de una medida de hecho y justicia por mano propia; por lo que, acudió a la Defensoría del Pueblo de Tarija, denunciando que la sanción lo había conducido a una situación de indigencia económica, afectando no solo su derecho al trabajo, sino también sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Señaló además que la Directiva de la Asociación impone sanciones arbitrarias, como multas económicas de hasta Bs100.- (cien bolivianos) por retrasos en reuniones, sin respaldo en estatuto ni reglamento alguno, y que incluso se niega a exhibir dichos estatutos cuando los socios los solicitan, generando un clima de temor e intimidación. En los hechos, la actuación de la Directiva se traduce en la imposición de sanciones ilegales, suspensiones y exclusiones de socios, sin procedimiento ni derecho a defensa, configurando actos arbitrarios que vulneran directamente la Constitución Política del Estado y los derechos fundamentales de su persona.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al debido proceso en sus elementos de ser juzgado previamente a cualquier sanción, a la presunción de inocencia; y, a la defensa "...a formar parte, controlar ejercer y participar en el control político..." (sic); citando al efecto los arts. 15, 16, 26.I, 115.I y II, 116.I; y, 117.I de la CPE; art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUCH); 14.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos (PIDCP); y, 8.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. 1)La nulidad del Memorando de 5 de junio de 2023; y,
  2. 2)Se ordene la reincorporación inmediata de su persona a su fuente laboral; puesto que, no existe causal legal expresa ni debidamente motivada que justifique la medida de suspensión impuesta por el término de seis meses.

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