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0029/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0029/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 70949-2025-142-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 45/2024 de 21 de diciembre, cursante de fs. 73 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en representación sin mandato de Bladymir Grober Huayta Lima contra María Renné Castro Cusicanqui, Ministra y Sdenka Mireya Maury Fernández, Responsable del Programa Nacional de Salud Renal, ambas del Ministerio de Salud y Deportes; Responsable del Programa Departamental de Salud Renal del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de La Paz; y, Pedro Luis Flores Bustamante, Director General Ejecutivo; y, Marcelo Emilio Parra Gutiérrez, Director Departamental, ambos de la Caja Petrolera de Salud (CPS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2024, cursante de fs. 41 a 52 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en etapa cinco; motivo por el cual, desde agosto de 2018 acudió a la CPS de Obrajes del departamento de La Paz, para solicitar trasplante renal; ante lo cual, el Jefe de Equipo de Trasplante Renal, le respondió señalando que las autoridades judiciales y el SEDES debían autorizar el trasplante renal con donante vivo no relacionado, para poder realizar el procedimiento correspondiente; sin embargo, por motivos de la Pandemia por COVID-19, no pudo continuar con la tramitación hasta que en noviembre de 2021, solicitó a la CPS que le realicen los estudios de compatibilidad a él y a su amigo Gerson Damir Vargas Mendizábal, quien de forma desinteresada, deseaba donarle un riñón; asimismo, el 23 de igual mes y año, solicitó al SEDES del GAD de La Paz, el apoyo para la realización del mencionado trasplante, tomando en cuenta lo establecido en el art. 43 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que las donaciones o trasplantes de órganos son reguladas por ley, sobre la base de los principios de humanidad, solidaridad, y oportunidad; empero, fue ignorado. Posteriormente, el Director Nacional de la CPS, solicitó criterio técnico para la realización del trasplante renal con donante vivo no relacionado; en consecuencia, la Responsable del Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes -hoy codemandada-, a través de Nota CITE: MSyD/VGSS/DGRSS/PNSR/CE/408/2024 de 18 de marzo señaló que, mediante Nota CITE: MSyD/DGAJ/UAJ/NI/243/2024 de 5 de marzo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del referido Ministerio, concluyó que de la lectura de la Nota CITE: OFN/DNS/DNPS-EXT-0001/2024 suscrita por el Director General Ejecutivo de la CPS -codemandado- y el Informe Técnico MSyD/VGSS/DGRSS/PNSR/TT/104/2024, emitido por el Programa Nacional de Salud Renal, se analizó lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 1115 de 21 de diciembre de 2011 - Reglamento de la Ley 1716- modificado y complementado por el DS 1870 de 23 de enero de 2014, que regula los costos de donación y trasplantes para receptores que cuentan con seguro, los cuales son cubiertos en su totalidad por el ente gestor de salud y los que no cuenten con seguro se beneficiarán con la ayuda económica del Ministerio de Salud y Deportes; manifestando que en el presente caso, el solicitante cuenta con seguro social de corto plazo en la CPS; por lo que, debía procederse conforme a la norma vigente; en consecuencia, estableció que podía darse continuidad al trasplante, siempre y cuando se garanticen en la donación, los principios de gratuidad, altruismo y voluntariedad, establecidos en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos -Ley 1716 de 5 de noviembre de 1996-.

De igual forma, ante una segunda petición de criterio técnico, enviado por el Director de la CPS, la Responsable Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes, mediante Nota Cite: MSyD/VGSS/DGRSS/PNSR/CE/476/2024 de 8 de abril, manifestó que, si bien mediante NOTA CITE: MSyD/VGSS/DGRSS/PNSR/CE/408/2024 se dio a conocer el criterio legal con referencia al receptor; no obstante, Bolivia se encuentra asociado a la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante (CIDT) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante (RCIDT), con la finalidad de evitar el tráfico de órganos, como principio rector de la Organización Mundial de Salud (OMS); siendo que, el trasplante con donante vivo debe ser relacionado hasta el cuarto grado de consanguinidad; por lo que, Bolivia debe dar cumplimiento con la normativa internacional; en consecuencia, insta a la CPS, acatar lo señalado.

Sobre el particular, el Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes, inicialmente autorizó el trasplante renal, siempre que se garanticen los referidos principios; es así que, cuenta con el Testimonio 251/2018 de 7 de marzo sobre una Minuta de Contrato de Donación a título gratuito sujeta a la Ley 1716 y la Declaración Voluntaria 86/2021 de 20 de julio, a través de los cuales, Gerson Damir Vargas Mendizábal, manifiesta su voluntad de ser el donador de un riñón; sin embargo, por no tener un parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, las autoridades demandadas no autorizaron el trasplante, en deterioro de su salud, más aun tomando en cuenta que, salió de terapia intensiva por una neumonía, siendo que van desarrollándose más enfermedades y situaciones riesgosas para su salud. Conforme a estos antecedentes, desde la gestión 2021 viene solicitando la realización de un trasplante renal, disminuyendo su salud día tras día; sin bien, recibió la colaboración de la Defensoría del Pueblo, que efectuó gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales de salud y de la CPS; sin embargo, a pesar de exponer su situación crítica y el riesgo en el que se encuentra su vida al padecer de una grave enfermedad renal y del tiempo transcurrido desde su petición, las autoridades demandadas no viabilizaron su solicitud de trasplante; pues, la CPS a pesar de tener la autorización de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo, que mediante Nota CITE: EXT/ASUSS/DGE/DTGyCSS/UCASS 0345/2021 señaló que, en su calidad de asegurado, podía realizar la solicitud para iniciar el proceso pretrasplante en el establecimiento de salud que le sea asignado por su ente gestor, como proceso inicial para el trasplante renal, en cumplimiento de la norma vigente.

No obstante, la CPS alargó el procedimiento haciendo doble consulta al Ministerio de Salud y Deportes, tal cual se señaló precedentemente; siendo que la última respuesta va en desmedro de su salud, y por ende, de su vida; toda vez que, existe una negatoria del Programa Nacional de Salud Renal dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, señalando además que, tendría que entrar a la lista de espera de donantes cadavéricos, sin tomar en cuenta que, cuenta con un solo riñón, porque le realizaron una nefrectomía por estallido renal y shock hipovolémico secundario, conforme señala el informe médico de 29 de noviembre de 2024, emitido por el médico urólogo de la CPS de La Paz; siendo además que, de acuerdo al Laboratorio Clínico de 9 de diciembre de igual año, los valores de creatinina y urea superan el rango de lo normal; es decir, que los valores del funcionamiento del riñón derecho sobrepasan de la normalidad, afectando de sobremanera su salud y vida, por más que realice terapia de sustitución renal tres veces por semana; dado que su única oportunidad de vida, es que pueda efectivizarse el trasplante renal. Por lo que, considera que las autoridades demandadas del Ministerio de Salud. y Deportes, del SEDES y de la CPS, al no autorizar y hacer efectivo el trasplante renal, se encuentran atentando su derecho a la salud, sometiéndolo a un riesgo inminente de perder la vida; sin que, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, otorguen viabilidad a este procedimiento médico.

Finalmente, a efectos que se apruebe el trasplante renal, solicita la aplicación de los arts. 5, 6, 7, 9 y 18 de la Ley 1716; 3, 6, 7, 8, 9, 19 y 20 del Reglamento a la Ley 1716 aprobado por DS 1115 que fue modificado por DS 1870 de 23 de enero de 2014; artículos segundo y tercero de la "Resolución Ministerial (RM) 0245 de 12 de marzo de 2014, que aprueba los requisitos indispensables para el acceso a las pruebas pretrasplante y valoraciones por especialidad, trasplante con donante vivo relacionado y postrasplante"; la determinación aprobada por el Consejo Ejecutivo EB154/7 en la 154ª reunión de 24 de enero de 2024, en cuyo punto 7 incs. 1), 3), 4) y 11) del orden del día, instó al aumento a la disponibilidad, al acceso ético y a la supervisión del trasplante de células, tejidos y órganos humanos; la 63ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS del 2010 que aprobó los principios rectores de la OMS sobre trasplante de órganos, células y tejidos humanos e instó a los Estados miembros a aplicarlos; concluyendo que se encuentra relacionado emocionalmente con el donante, porque cuentan con más de seis años de amistad, con la predisposición de donarle su riñón desde la gestión 2018, a efectos de mejorar su calidad de vida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida y a la dignidad; citando al efecto, los arts. 15.I, 18, 22, 35.I, 37 y 43 de la CPE; 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 4.1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10.1 y 2 incs. a, b y f del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que se autorice inmediatamente el trasplante renal a su favor; o en su defecto, se garantice que por medio del Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes y/o el SEDES, se permita el acceso a las pruebas de pretrasplante y valoraciones por especialidad para el trasplante renal y, en consecuencia, el postrasplante a través de la CPS, como ente gestor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 21 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 65 a 72, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1 Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolas, señaló que:

  1. a)La CPS, solicitó en dos oportunidades, criterios al Programa Nacional de Salud Renal, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, a efectos de proceder o no, con el trasplante, quienes:
  2. a.1)En primera instancia; señalaron que conforme al DS 1115, se prevé la regulación de costos de donación y trasplantes para receptores que cuentan con seguro; y siendo que, cuenta con seguro social de corto plazo, a cargo de la CPS, puede procederse con el trasplante conforme a la normativa vigente; además, en la misma respuesta se autorizó este procedimiento con la condición de cumplirse con los principios de gratuidad, altruismo y voluntariedad; en ese sentido, la relación de amistad entre su persona y el donante, desde la gestión 2018 garantiza la observancia de esos principios, además se encuentra respaldado por la Declaración Voluntaria 86/2021, donde Gerson Damir Vargas Mendizábal manifestó su intención de donar su riñón de forma gratuita a su favor ante Notario de Fe Pública; por lo que, al cumplirse con estos requisitos, es viable el trasplante renal. Sin embargo, la CPS, volvió a pedir nuevo criterio al Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes;
  3. a.2)En segunda instancia, se manifestó señalando que el trasplante con donante vivo, debe realizarse entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, instando a la máxima autoridad de la CPS, acatar este criterio; con base en el cual, la CPS se negó a realizar el requerido procedimiento médico. Sobre el particular, dicha entidad no sólo debió tomar en cuenta el criterio del Ministerio de Salud y Deportes; sino también, lo dispuesto por la Ley 1716, que establece que esta modalidad de trasplante renal es viable, con el único requisito de agotar los medios y métodos médicos destinados a revertir las causas que ocasionan la enfermedad; lo cual, se encuentra avalado por el DS 1115 que reglamenta la referida Ley, indicando que la donación de órganos entre vivos está permitida con el cumplimiento de cinco requisitos: ser mayor de veintiún años, estar en pleno uso de las facultades mentales para dar el consentimiento, estar físicamente apto para el trasplante, someterse a evaluaciones médicas y recibir la información sobre los riesgos y consecuencias de la intervención; empero, no señala que, los donantes vivos tienen que ser necesariamente parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, constituyéndose este criterio, en una limitante de sus derechos a la vida y salud; pues la vida, es el bien jurídico más importante;
  4. b)También acudió en busca de ayuda al SEDES; sin embargo, no recibió respuesta alguna; es más, sus peticiones fueron ignoradas;
  5. c)Actualmente cuenta con un solo riñón, porque hace menos de dos meses tuvo que someterse a una cirugía donde le extrajeron el riñón izquierdo, sobreviviendo sólo con el derecho, que tiene valores que sobrepasan lo normal, encontrándose sometido a terapias para alargar la vitalidad del mencionado órgano;
  6. d)Solicita se tome en cuenta los principios rectores de la OMS sobre trasplante órganos, células y tejidos humanos, en cuyo punto 11, establece que los Estados deben adoptar medidas para prevenir y combatir la trata con fines de extradición; sin embargo, tienen que generar protocolos clínicos de evaluación psicosocial de los eventuales donantes vivos; en su caso, su amigo de manera voluntaria y gratuita quiere donarle su riñón; estando dispuesto a realizarse estas evaluaciones;
  7. e)El Consejo Ejecutivo de la OMS, en la 154ª reunión de 24 de enero de 2024, en el punto 7 del orden del día, insta a los Estados miembros que deben instituir estrategias de prevención que refuercen la reducción de la carga de enfermedades tratables mediante trasplante; que protejan a los donantes vivos, exigiendo su consentimiento informado y una adecuada evaluación médica y psicosocial, con el seguimiento adecuado al procedimiento correspondiente; que se incremente la disponibilidad de células, tejidos y órganos humanos para trasplantes, procurando su donación; de donde se tiene, que la normativa internacional se encuentra ampliando sus criterios, evitando también la trata y tráfico de órganos;
  8. f)Se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte, y su enfermedad se agrava día a día, puesto que lleva desde 2018 hasta 2024 solicitando el referido trasplante, transcurriendo seis años, dentro los cuales ya perdió el riñón izquierdo, y si continúa pasando el tiempo, no sólo perderá también el derecho, sino su vida, lo cual generará responsabilidad internacional para el Estado boliviano; y,
  9. g)En el caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que la atención médica y los servicios de salud deben ser continuos, permanentes y sin distinción alguna; si bien, se entiende sobre el temor que sustenta estas determinaciones, sin embargo, las autoridades demandadas están incurriendo en dilación; en todo caso, lo que correspondería es realizar los informes psicosociales a efectos de tramitar el trasplante de riñón, para salvar su vida.

En respuesta a las preguntas realizadas por la Jueza de garantías, los abogados del accionante indicaron que no consideran pertinente levantar el secreto profesional, pues se está tratando el rechazo del trasplante de riñón; siendo que, se adjuntó el informe médico legal de 9 de diciembre de 2024.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Max Salazar Valderrama, Director General de Asuntos Jurídicos y Yamil Pericón, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, ambos del Ministerio de Salud y Deportes, en representación de la Ministra demandada, mediante informe realizado en audiencia de consideración de esta acción tutelar, señalaron:

  1. i)Se solidarizan con la situación del accionante, pero se debe evitar el tráfico de órganos y preservar la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la presunción de constitucionalidad;
  2. ii)La Ministra de Salud y Deportes no emitió ningún acto administrativo que lesione los derechos que se reclaman; en ese sentido, no tiene legitimación pasiva para responder a esta acción tutelar;
  3. iii)El Ministerio de Salud y Deportes se basa en la Ley 1716 y su Decreto Supremo Reglamentario 1115 y el DS 1870 que modifica a este último, a efectos de efectuar cualquier determinación;
  4. iv)El impetrante de tutela no demostró con prueba idónea la participación de la Ministra de Salud y Deportes en la tramitación del trasplante de riñón;
  5. v)El petitorio de esta acción tutelar se centra en solicitar la autorización inmediata del trasplante renal; o en su caso, se garantice por medio del Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes o del SEDES, el acceso a determinadas pruebas de laboratorio; y que posteriormente, se realice el postrasplante a través de la CPS; sin embargo, la Ministra de Salud y Deportes no realizó un solo acto u omisión que hubiese lesionado el derecho a la vida del accionante, además que no solicitó nada respecto a esa autoridad;
  6. vi)No existe certeza que hubiera compatibilidad entre el accionante y su posible donador; por lo que, la jurisdicción constitucional no puede pronunciarse al respecto, pues no se cumplió con los procedimientos médicos para que pueda realizarse el trasplante; en todo caso, resultaría irresponsable que se disponga este procedimiento, porque el mismo cuerpo podría no tolerar el nuevo riñón por incompatibilidad; razón por la cual, se debe valorar estos aspectos que son trascendentales, no sólo para la vida y salud del solicitante de tutela, sino también del posible donante;
  7. vii)Se alega que el posible donante declaró voluntariamente su deseo de donar su riñón la gestión 2021; sin embargo, transcurrieron tres años hasta 2024, tiempo en el cual, pudo haber cambiado de opinión; por ello, no puede pretenderse a través de esta acción de libertad, la ejecución del trasplante, sin criterios médicos y sin laboratorios;
  8. viii)La Ministra de Salud y Deportes y el Programa Nacional de Salud Renal no tienen competencia para autorizar la donación de órganos, ni para disponer el trasplante de riñón, tampoco para establecer que se realicen estudios médicos ni laboratorios; pues, no existe respaldo legal para determinar que estas autoridades sean responsables de las autorizaciones;
  9. ix)Existe normativa legal pertinente que establece quiénes son las autoridades competentes para realizar estos procedimientos; siendo una de ellas, la Coordinación Departamental de Trasplantes, que no depende del Ministerio de Salud y Deportes ni del Programa Nacional de Salud Renal, sino, del SEDES; institución ausente en esta audiencia de tutela, a pesar de su legal notificación, siendo la directa responsable de realizar este trámite; sobre el particular, el SEDES no depende del Ministerio de Salud y Deportes, sino del GAD de La Paz, por ello, no pueden instruirle que realice la tramitación para el proceso de trasplante;
  10. x)En cuanto a que el Programa Nacional de Salud Renal hubiera emitido respuestas, éstas fueron dirigidas a la CPS, no al solicitante de tutela, por ello, no lesionaron sus derechos; y,
  11. xi)El accionante no denunció la actuación del SEDES, quienes tienen la obligación de otorgarle la autorización para este procedimiento; y como no participaron de la audiencia tutelar, se desconoce sobre las solicitudes del impetrante de tutela; razones por las cuales, solicitan que se deniegue la tutela impetrada con relación a la Ministra de Salud y Deportes, por falta de legitimación pasiva.

Sdenka Mireya Maury Fernández, Responsable del Programa Nacional de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes -codemandada-, en audiencia de consideración de esta acción de libertad, manifestó:

  1. a)El 6 de diciembre de 2023, el Programa Nacional de Salud Renal, recibió una nota del accionante, donde hizo conocer el estado de salud que estaba atravesando desde la gestión 2018, tratando de acceder a un trasplante de riñón, donde se generaron múltiples dificultades, tanto para la valoración de su persona como para la realización de procedimientos administrativos con relación a su ente gestor y sobre los problemas que se estuvieran suscitando con el SEDES; en consecuencia, solicitó realizar una revisión de su caso; consiguientemente, remitió la nota a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS) para que coordinara con la CPS, a efectos que se cumpla con todo el procedimiento normativo, se pueda realizar una valoración exhaustiva del paciente y reciba la atención correspondiente; por lo que, precauteló los derechos del accionante;
  2. b)Asimismo, el Director General Ejecutivo de la CPS, remitió una nota solicitando un criterio con relación a lo que implica el sistema de trasplante; ante lo cual, sobre la base de criterios legales, señalaron que conforme el DS 1115 modificado por el DS 1870, es la Seguridad Social la que debe autorizar, con base a la normativa legal vigente este procedimiento, en observancia de los principios de gratuidad, altruismo y voluntariedad establecidos en la Ley 1716; aclarando que su institución no dio ninguna autorización para el trasplante; en todo caso, la CPS debe cumplir con la normativa vigente;
  3. c)En una segunda oportunidad, la prenombrada caja de salud, solicitó la autorización para el procedimiento de trasplante, lo cual no corresponde, remitiendo toda actuación a la normativa legal vigente; es así que a través de la "RM 765 de 12 de agosto de 2016", en su Capítulo Primero, establece: cuáles son las funciones, las coordinaciones necesarias respecto a la ASSUS y a su ente gestor, para que pueda realizar todos los exámenes que el paciente requiera; se otorgue celeridad en el requerimiento conforme a la normativa vigente; se verifique si el paciente cumple o no con los requisitos para el trasplante;
  4. d)Existe la Coordinación Departamental de Trasplante Regional dependiente del SEDES, siendo la única instancia departamental con atribución para autorizar este procedimiento; asimismo, existe la Comisión Coordinadora Regional, compuesta por el Director, un representante del área jurídica, un representante encargado de los procedimientos de salud acreditados en trasplantes y un representante del Colegio Médico Departamental, cuya función es apoyar y asesorar ante una situación de trasplante, a efectos de determinar su viabilidad o inviabilidad, sobre la base de lo determinado por la normativa legal vigente;
  5. e)La Ley 1716 y el DS 1115, se constituyen en la normativa legal vigente para la realización de trasplantes; por otro lado, en el Capítulo 3 del Manual de Trasplantes, también se establecen los requisitos y los estudios pretrasplante que un paciente requiere;
  6. f)A través de notas, se dio respuesta a requerimientos realizados tanto por la CPS como por el accionante, con la finalidad de coadyuvar a que pueda coordinar con las instancias correspondientes; quienes deben someterse al ordenamiento jurídico, para emitir sus propios criterios técnicos;
  7. g)En cuanto a la exigencia del cuarto grado de consanguinidad, es necesaria, porque cuando una persona tiene menos lazos de relación familiar, el grado de compatibilidad es mucho menor; en consecuencia, existe el riesgo que el cuerpo del beneficiario rechace el riñón donado y se quede sin él; además que, el donante se arriesgue a vivir con uno solo; de donde se origina el proceso de hipersensibilización; es decir, que automáticamente frente a otro trasplante, sus posibilidades de aceptación disminuyen; siendo criterios que están establecidos en la norma; y,
  8. h)No existe antecedentes legales ni médicos que respalden al receptor; por lo que, tanto el accionante como el posible donador deben someterse a evaluaciones realizadas por las unidades pertinentes del SEDES.

Pedro Luís Flores Bustamante, Director General Ejecutivo de la CPS, a través de su Asesor Legal, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, informó:

  1. 1)No se vulneraron los derechos del accionante y menos se inobservó la norma de seguridad social; pues, conforme a su expediente clínico, todas sus intervenciones están actualizadas; se le brindó servicios y prestaciones; sin embargo, no sólo adolece de problemas renales, sino de otras patologías que fueron cubiertas;
  2. 2)El peticionante de tutela no acreditó ningún vínculo de parentesco con el posible donante; en todo caso, puede recurrir a su entorno familiar;
  3. 3)Las actuaciones de la CPS se regulan sobre la base de la Ley 1716, el DS 1115 y la "RM 245"; en ese sentido, tanto sus regionales La Paz como Santa Cruz, realizaron todas las acciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vida del impetrante de tutela;
  4. 4)Debe existir un informe técnico para determinar cuál es el estado de salud del paciente y el mecanismo para proceder o no al trasplante, con el acompañamiento del asesoramiento legal correspondiente. En ese orden de ideas se dio la palabra al médico Nefrólogo de la CPS, quien manifestó lo siguiente:
  5. 5)Un paciente puede someterse a tres tipos de terapia de reemplazo renal: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, siendo este último el que otorga mejor calidad de vida; actualmente, el accionante se encuentra recibiendo la terapia de hemodiálisis; cuando un paciente llega a estas terapias, significa que la funcionalidad renal es nula de uno o de los dos riñones; en el caso del impetrante de tutela, los dos riñones no están funcionando; y,
  6. 6)Todo paciente es donante o receptor hasta que se demuestre lo contrario; por ello, son necesarias las pruebas de compatibilidad, como la "cruzada", que podrá definir la posibilidad del implante, ya sea con la colaboración de un familiar o con otra persona no relacionada o emocionalmente emparentada.

Pabel Ángles, Director Departamental de la CPS, en audiencia tutelar informó:

  1. i)Al accionante se le otorgó atención permanente durante estos años, en diferentes patologías, no solo en la renal, sino gastroenterológico, infectológico, cirugías quirúrgicas, entre otras; siendo que, en ningún momento se le negó atención médica, más bien, fue suficiente y de calidad; pues en muchas ocasiones lo atendió personalmente y de manera eficiente;
  2. ii)Estos pacientes son ingresados previamente a pruebas de hemodiálisis, y los candidatos a trasplante deben ser sometidos a pruebas de laboratorio de tipo viral químico y de compatibilidad, para definir si puede recibir la donación de forma suficiente y adecuada; por ello desde el punto de vista legal, lo recomendable es la donación de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, pues en caso de no ser su familiar, la posibilidad que el receptor pueda aprovechar el trasplante es prácticamente nula; en consecuencia, a efectos de determinar la compatibilidad del impetrante de tutela con el posible donador, ambos deben ser sometidos a pruebas médicas y de laboratorio; y,
  3. iii)No se vulneró ningún derecho del accionante, a quien se le otorgó las prestaciones correspondientes y necesarias, además que se está realizando las tramitaciones para dar lugar o no al trasplante.

El Responsable del Programa Departamental de Salud Renal del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco se presentó en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 57.

I.2.3. Informe de terceros intervinientes

Gerson Damir Vargas Mendizabal, en su condición de posible donante, en audiencia tutelar, expresó lo siguiente:

  1. a)Desde la gestión 2018, la CPS no les permitió realizarse los exámenes de compatibilidad; por ello, se los hicieron en el Servicio de Laboratorios de Diagnóstico, Investigación en Salud (SELADIS), cuyos resultados y una declaratoria jurada de su parte del citado año, fueron entregados a la CPS; en razón a ello, esta institución lo llamó para hacerse exámenes de corazón, riñones y pulmones, estando internado casi cinco días, pero en ningún momento les dijeron que eran incompatibles; posteriormente, vino la pandemia por COVID-19 y suspendieron esta tramitación hasta la gestión 2021, volviendo a comenzarla, haciendo otra declaratoria jurada que ratifica que su voluntad de donar su riñón al accionante es inquebrantable; y,
  2. b)El 2021 volvieron a someterse a pruebas médicas, obteniendo las pruebas de compatibilidad; incluso para agilizar este procedimiento, quisieron realizar la compra de este servicio; empero, la CPS no les otorgó una respuesta idónea, no les autorizó el trasplante, sometiéndolos a tramitaciones dilatorias, hasta el extremo que desde el 2018 tuvieron que extraerle un riñón, lo que le generó otras complicaciones en su salud, estando en grave riesgo su vida; y ello, es muy alarmante.
I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 45/2024 de 21 de diciembre, cursante de fs. 73 a 77 vta., concedió la tutela solicitada; empero, no dio lugar a lo solicitado; en todo caso, dispuso que:

  1. 1)El Ministerio de Salud y Deportes y el Programa Nacional de Salud Renal, realicen el seguimiento correspondiente del caso y de las solicitudes efectuadas anteriormente por el accionante;
  2. 2)Exhortar al SEDES, que en este asunto y en otros similares, realice las respuestas de forma oportuna; estableciendo que se redireccione el asunto del impetrante de tutela, en caso de existir un error sobre la petición o el inicio del trámite, con la finalidad de cumplir con la normativa vigente;
  3. 3)La CPS, en el día, remita las cartas o cualquier otro elemento administrativo que tenga que ser atendido por el SEDES tanto de La Paz como de Santa Cruz, para iniciar los trámites inherentes a la valoración del paciente;
  4. 4)El SEDES La Paz, inicie la autorización inmediata para el acceso de las pruebas de pretrasplante, valoraciones por especialidad para la realización de este procedimiento y todo cuanto examen sea necesario y requerido para determinar la compatibilidad entre el donante y el donador;
  5. 5)La aplicación de costas por el monto de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) contra el Estado a favor del accionante, a ser depositados a la cuenta del Consejo de la Magistratura, porque tuvo que acudir a la jurisdicción constitucional a efectos de resolver un tema inherente a la responsabilidad de sus funcionarios públicos; por haber puesto en riesgo su salud, incurriendo en una dilación innecesaria que lesiona también su derecho a la vida; y, por saturar el sistema de protección constitucional de forma innecesaria; y,
  6. 6)En el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, se dé inicio a los trámites médicos, conforme los parámetros inherentes, para la realización de estudios y posteriores procedimientos que sean necesarios para la obtención de elementos médicos pertinentes.

Estas determinaciones fueron dispuestas con base en los siguientes fundamentos:

  1. i)El presente caso se encuentra relacionado directamente con el derecho a la vida, encontrándose el accionante viviendo sólo con el riñón derecho, pues se le extrajo el izquierdo;
  2. ii)Desde la gestión 2018 inició su trámite de trasplante renal; encontrándose en riesgo su vida;
  3. iii)El Ministerio de Salud y Deportes a través de la Responsable del Programa Nacional de Salud Renal, emitió criterios omisivos, con los cuales, no lesionaron de forma directa los derechos del accionante, pero debieron atender con premura su caso, incurriendo en dilación; pues, si bien según normativa el SEDES debe encargarse del inicio del trámite del trasplante, pero las autoridades nacionales adicionalmente, también deben responder las peticiones relacionadas con el tratamiento médico y administrativo. En el presente caso, las autoridades nacionales, solo se limitaron a responder consultas de tipo legal, en lugar de realizar el seguimiento con los SEDES La Paz y Santa Cruz, con relación al estado del proceso;
  4. iv)El representante legal del Ministerio de Salud y Deportes y de la Responsable del Programa Nacional de Salud Renal, en la audiencia tutelar, demostraron tener conocimiento específico de cómo se debe realizar un trámite de aprobación de un trasplante de órgano con donante vivo; en consecuencia, debieron haber informado directamente al interesado; o en su defecto, direccionado el trámite a la entidad competente para el inicio del procedimiento legal y médico del trasplante, respetando el derecho a la vida del accionante; toda vez que, el redireccionamiento es un principio primordial del derecho administrativo;
  5. v)Si el peticionante de tutela se equivocó de instancia o no adjuntó lo necesario para iniciar una tramitación ante el Ministerio de Salud y Deportes, específicamente ante el Programa Nacional de Salud Renal, por la situación de urgencia, ante una solicitud de trasplante, debieron atenderlo con preferencia, guiando al paciente sobre los procedimientos que debería asumir para la autorización del trasplante, exhortando a la CPS y al SEDES La Paz y Santa Cruz realizar las tramitaciones correspondientes, a efectos de resguardar su derecho a la salud;
  6. vi)La CPS debió dirigirse mediante notas también al SEDES; toda vez que, se constituye en la instancia encargada de dirigir la tramitación para la autorización de trasplantes de órganos con donantes vivos; por lo que, es incomprensible que la CPS nacional y departamental omitieran realizar el inicio correcto del respectivo trámite; pues si el accionante desconocía el procedimiento para lograr el trasplante; empero, las autoridades, tanto legales como administrativas, tienen el deber de conocer la tramitación pertinente para determinar la compatibilidad o no del riñón con el cuerpo humano receptor y así realizar o no, el procedimiento quirúrgico;
  7. vii)No se discute la atención médica que recibió el accionante, sino la actuación administrativa y legal de las autoridades de la CPS, del SEDES y del Ministerio de Salud y Deportes, que no redireccionaron el trámite de forma oportuna; pues, transcurrieron seis años, descontando el periodo de la pandemia, sin tomar en cuenta los exámenes que se hicieron las partes interesadas, demostrando voluntad y altruismo exigido por la norma; siendo los estudios de compatibilidad los que deben determinar si el posible donador es apto o no, para realizar el procedimiento, pues es necesario que las valoraciones médicas garanticen el trasplante; y,
  8. viii)Es sorprendente que las autoridades del SEDES no hayan respondido la presente acción tutelar, siendo las directas responsables de las vulneraciones alegadas; por lo que, su silencio y su falta de incomparecencia ante la jurisdicción constitucional, vulneraron de forma flagrante los derechos del impetrante de tutela; en consecuencia, el SEDES La Paz y Santa Cruz, en ausencia de pronunciamiento efectivo y eficaz que pueda garantizar el acceso a un trasplante con donador vivo, sometieron al accionante al riesgo de perder su vida.

En la vía de enmienda, complementación y ampliación, el Ministerio de Salud y Deportes solicitó la aclaración y enmienda de los siguientes puntos:

  1. a)Cuál es la normativa que establece que sean el Ministerio de Salud y Deportes; y, el Programa Nacional de Salud Renal, los responsables de realizar el seguimiento a solicitudes de trasplantes, respecto a entes de la seguridad social, tomando en cuenta que existe una institución especializada que supervisa y fiscaliza a los entes gestores de salud, como es la ASUSS; en consecuencia, solicita que el Ministerio de Salud y Deportes inste a la ASUSS a que conforme a sus competencias y atribuciones, sean quienes tengan que realizar el seguimiento de la tramitación de trasplante ante la instancia correspondiente, del presente y otros sometidos a su conocimiento; y,
  2. b)Cuál la acción u omisión en la que hubiera incurrido la Ministra de Salud y Deportes en calidad de demandada, puesto que, el accionante no realizo solicitud alguna en su petitorio; siendo que se concedió la tutela en su contra.

En consecuencia, mediante Auto de Enmienda, Complementación y Ampliación de 21 de diciembre de 2024, la Jueza de garantías, contestó que no se demostró que la Ministra de Salud y Deportes haya tenido responsabilidad en la dilación de la tramitación del trasplante; sin embargo, es necesario que realice el seguimiento del presente caso y otros similares.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

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Tribunal Constitucional Plurinacional20 de febrero de 20260029/2026-S3Fuente oficial