0030/2019-O

Mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2017, reiterado el 20 de noviembre del mismo año y 10 de enero de 2019, Martha Janeth Saavedra Gómez, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba impugnó el Auto Interlocutorio REG/S.CII/AUT.67/29.09.2017 de 29 de septiembre -que declaró el incumplimiento de la SCP 1279/2015-S1 de 22 de diciembre y ACP 0004/2017-O de 7 de febrero; además, de ordenar el envió de antecedentes al Ministerio Público y Consejo de la Magistratura-, denunciando que:

1. a)El Tribunal de garantías dictó la decisión cuestionada sin siquiera haber sido notificada con el decreto constitucional de 31 de julio de igual año -por el que el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la emisión de resolución de incumplimiento y la remisión de antecedentes ante las citadas autoridades-, y por ende sin tener certeza de su contenido;
2. b)Se omitió correrle traslado el memorial de los hijos de la accionante que dio lugar al pronunciamiento del precitado Auto Interlocutorio;
3. c)La determinación objetada no cuenta con la debida fundamentación y motivación respecto a la declaración de incumplimiento de sentencia; y,
4. d)Se estableció el incumplimiento de Sentencia y la remisión al Ministerio Público y Consejo de la Magistratura sin que previamente sea escuchada.

Asimismo, Marcelo Fidel Jaldín Temo a tiempo de adherirse a la impugnación de la Jueza demandada, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, cuestionó que:

1. 1)Se dictó el Auto Interlocutorio REG/S.CII/AUT.67/29.09.2017 sin que el Tribunal de garantías hubiese sido legalmente notificado, declarando directamente el incumplimiento de la SCP 1279/2015-S1 sin mayor sustento;
2. 2)Se debió poner a conocimiento de la autoridad demandada el decreto constitucional de 31 de julio de 2017;
3. 3)La Resolución emitida es ilegal porque no existe prueba del incumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, tampoco señaló en qué parte no se cumplió o cómo debería acatarse dicha determinación, remitiendo de forma arbitraria al Registrador de Derechos Reales (DD.RR.), al Consejo de la Magistratura y Ministerio Público, sin que fuera parte del proceso; y,
4. 4)Existe duda sobre la veracidad del aludido decreto constitucional; además, en el estado de la causa no era posible admitir el apersonamiento de Marcelo Harold Rollano Burgoa como representante de los hijos de la impetrante de tutela.