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TCP

0030/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0030/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2026-O Sucre, 5 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 46254-2022-93-AAC Departamento: La Paz

La queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Sanabria Miranda contra Ángel Alfonzo Saavedra Rodríguez, Presidente; Miguel Ángel Zambrana Aguilar, Vicepresidente; Javier Walter Chuquimia, Vocal; Oscar Chaya Rueda, Representante de Generales, Jefes, Oficiales y Administrativos del Servicio Pasivo; Benjamín Mendoza Pardo, Representante de Suboficiales, Clases, Policías y Administrativos del Servicio Pasivo; María Elizabeth Gómez Reyna, Representante de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Administrativos del Servicio Activo; y, Ricardo Jaldín Humerez, Representante de Suboficiales, Clases, Policías y Administrativos del Servicio Pasivo, todos del Honorable Directorio de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja de incumplimiento

Por memoriales presentados el 7 de febrero y 11 de septiembre de 2025, cursantes de fs. 620 a 621 vta., y 668 a 669 vta., Blanca Sanabria Miranda -accionante del amparo constitucional y hoy activante de queja-, refirió el incumplimiento de la , bajo los siguientes fundamentos:

La Sentencia Constitucional Plurinacional concedió parcialmente la tutela, ordenando la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente. Esta determinación se sustentó en el argumento de que el beneficio de Complemento Económico constituye un derecho social adquirido, reconocido por el Decreto Supremo (DS) 1446 de 19 de diciembre de 2012, y por el art. 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) -Ley 734 de 8 de abril de 1985-; en consecuencia, al tratarse de un derecho social, no puede ser arrebatado ni vulnerado por la misma autoridad que lo creó o reconoció legítimamente, ni puede ser objeto de una nueva regulación posterior; puesto que, ello implicaría una afectación al principio de progresividad.

En la revisión de la Resolución cuestionada, el fallo constitucional concluyó que esta limitó su fundamentación a la reglamentación interna, sin considerar la totalidad de los derechos adquiridos, restringiendo así el principio de progresividad y la garantía de presunción de inocencia.

No obstante, la parte accionada emitió una nueva resolución que aparenta dar cumplimiento al fallo constitucional, pero que en realidad se limita a reiterar los argumentos por los cuales se denegó la tutela. Dicha resolución carece de un razonamiento lógico acorde con la Sentencia Constitucional Plurinacional, omitiendo pronunciarse sobre la vulneración al principio de progresividad de los derechos adquiridos, respecto del cual el propio fallo estableció que no pueden ser arrebatados ni desconocidos por la autoridad que los creó o reconoció legítimamente; es decir, incumpliendo nuevamente con una adecuada fundamentación, motivación y congruencia.

I.2. Petitorio

Por lo expuesto solicita que se declare el incumplimiento de la , disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

I.3. Trámite de la denuncia por incumplimiento

I.3.1. Contestación de la autoridad accionada

Por memoriales presentados el 14 de marzo y 1 de octubre de 2025, presentando por Pavel Iván Cossio Palenque en representación legal del Honorable Directorio de MUSERPOL, cursantes de fs. 664 a 665 vta. y 699 y vta., manifestó que:

  1. a)La , concedió la tutela únicamente por la vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; y, denegó respecto a los derechos a una vejez digna y remuneración; por lo que, la activante de queja pretende confundirlos, pues en ningún momento tal Sentencia, ordenó el pago a favor de la nombrada, por existir hechos controvertidos; y,
  2. b)Adjunta la Resolución de Directorio 87/2025 de 30 de septiembre, que deja sin efecto las Resoluciones 100/2023 de 7 de diciembre y que confirma de forma total la Resolución Administrativa (RA) 012/2021 de 9 de marzo, demostrando de esta manera, el cumplimiento del fallo constitucional.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

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