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TCP

0030/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0030/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0030/2026-RCA Sucre, 5 de febrero de 2026

Expediente: 81024-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 001/2026 de 7 de enero, cursante de fs. 177 a 178, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pamela Fortunata Cruz Choque contra Magdalena Condori Calcina, Directora y Nelly Ramírez Sempertegui, representante legal, ambas de la Unidad Educativa "Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús" irlandés de la ciudad de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 12 de diciembre de 2025 y 5 de enero de 2026, cursante de fs. 143 a 154; y, 175 y vta., la accionante manifestó que, sufrió un despido intempestivo, injustificado y discriminatorio mediante Memorándum DIR/PER/08/22 de 23 de noviembre de "2023"; ya que, falsamente se argumentó deficiencias en el servicio que realizaba como Psicóloga y Profesora de Psicología en la indicada Unidad Educativa, por más de diez años, a pesar de que contaba con contrato definitivo desde el 2014; no obstante, fue despedida a los tres meses de edad de nacido su segundo hijo, vulnerándose flagrantemente sus derechos a la inamovilidad funcional, a la protección constitucional de madre trabajadora y al neonato hasta el primer año de vida, con un deficiente, parcial y doloso pago de beneficios sociales a través del finiquito de 23 de noviembre de 2023, por la suma de Bs31 464,02.- (treinta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro 02/100 bolivianos), que fue efectuado por transferencia electrónica con su igual nulo inconstitucional contrato de convenio laboral de reintegro por la suma de Bs1 947,37.- (un mil novecientos cuarenta y siete 37/100 bolivianos), no visados en esa oportunidad por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba; toda vez que, no contemplaron los ocho meses y veintiocho días, que legalmente le correspondían, más sueldos que le correspondían hasta que el niño cumpliera un año de edad, ascendiendo a la suma de Bs32 783,54.- (treinta y dos mil setecientos ochenta y tres 54/100 bolivianos).

Asimismo, la parte la empleadora ahora demandadas, reconoció extrajudicialmente la deuda y se comprometió en cancelar; empero, nunca se concretaron esos pagos, obstaculizando el trámite, intentando condicionarla, ofreciéndole montos inferiores, amenazándola con procesos judiciales prolongados si no aceptaba su propuesta; además, se negaron con el pago de la reliquidación, la multa compensatoria del 30% conforme establece el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2016, deuda que deviene por concepto de duodécimas, descuentos irregulares de la época del COVID-19 y otros derechos conexos. Posteriormente, se le propuso pagarle los ocho meses y veintiocho días faltantes más la multa del 30%, descontando el tiempo que trabajó en las universidades, previa presentación del extracto Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de Cochabamba; cuando presentó el extracto le dijeron que no coincidía porque era desde abril de 2024 y no desde noviembre de 2023, explicó que se debe al tiempo que no trabajó.

No obstante, acudió ante la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba; empero, la parte empleadora ahora demandada incurrió en rebeldía sistemática, porque no asistió a ninguna de las citaciones, audiencias ni conminatorias, a pesar de estar legalmente notificada; por lo que, la Inspectora de la indicada Jefatura emitió el Informe con Cite: MTEPS-JDT CO-LLRB-1245-INF/24 de 8 de mayo de 2024, concluyendo que la parte empleadora hoy demandada no concurrió a conciliar, encontrándose lesiones a derechos fundamentales y que se agotó la vía administrativa, quedando expedita la vía judicial y constitucional.

Alegó también que su familia carece de ingresos económicos, contando con dos hijos menores de edad que presentan condiciones de salud delicadas, uno con escoliosis congénita y el otro con trastorno de espectro autista; lo cual incrementa el estado de necesidad y vulnerabilidad, que la hace merecedora de la tutela judicial efectiva y protección reforzada por el Estado; debido a que, se vulneró el principio de inamovilidad con el despido de una madre con hijo menor de un año, sin causas previstas en la Ley General del Trabajo contrario a la buena fe contractual, contraviniendo normas protectoras de estabilidad laboral reforzada, lesionando al debido proceso y tutela judicial efectiva; impidiendo por la parte empleadora una justicia pronta y oportuna.

En consecuencia, el 29 de agosto de 2025, interpuso una acción de defensa, que fue observada por defectos formales -subsidiariedad- y declarándose por no presentada porque no se subsanó; sin embargo, "consiguió" la Nota con Cite: MTEPS-JDT CO-LLRB-000962-CAR7/25 de 22 de septiembre de 2025, que señala se tuvo el "INFORME FINAL COD: MTPEP-JDT CO-LLTB-1245-INF/24"; con lo cual, se agotó la vía administrativa y se puede recurrir a la vía ordinaria o constitucional; más aún, si se encuentran lesionados derechos constitucionales de una mujer y niños menores de edad que se encuentran dentro de un grupo vulnerable.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud y a la estabilidad e inamovilidad laboral -como madre de un hijo recién nacido- y al pago íntegro de beneficio sociales; citando al efecto los arts. 18.I y II, 46.I y II, 48, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

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