Volver a sentencias
TCP

0031/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0031/2026-CA

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0031/2026-CA Sucre, 29 de enero de 2026

Expediente: 80761-2026-162-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Juan Carlos Guzmán Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri, demandando la inconstitucionalidad de la Ley de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri -Ley 95/2025 de 4 de septiembre-, por ser presuntamente contraria a los arts. 12.I y III, 46, 115, 117.I, 119.II, 213, 225, 234, 283, 297, 299 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 y 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 6.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 16 de enero de 2026, y remitido a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional el 21 de igual mes y año, cursante de fs. 28 a 59 vta., el accionante, en su posición de Alcalde Municipal de Colquiri, señala que los arts. 10, 12, 14 y 16 de la Ley Municipal 95/2025, en conjunto, configuran un modelo inconstitucional de cogobierno municipal, por el cual el "Concejo Municipal" de Colquiri controla, dirige, aprueba, ordena, investiga y sanciona al Órgano Ejecutivo Municipal, en detrimento de los arts. 12, 16, 115.II, 178, 272 y 283 de la Norma Suprema, que establecen que los órganos legislativo y ejecutivo de los gobiernos municipales son independientes, coordinados y no subordinados.

Asimismo, señala que los arts. 17, 18 y 19 de la referida Ley Municipal someten la gestión de Órgano Ejecutivo a autorizaciones, aprobaciones y ratificaciones previas del Concejo Municipal, instaurando una relación de subordinación jerárquica inexistente en la Ley Fundamental, que por lo contrario, establece sobre las atribuciones del Concejo y Alcalde Municipal, que mientras el primero ejerce una función legislativa y fiscalizadora, el segundo, ejerce una función ejecutiva plena y exclusiva. Por tanto, la autorización y aprobación previa no constituyen actos propios de fiscalización, sino, de dirección y control administrativo, lo que vulnera el principio constitucional de separación de funciones y es incompatible con el modelo constitucional establecido en los arts. 272 y 283 de la CPE.

Sobre los parágrafos II, VI y VII del art. 30 de la Ley Municipal 95/2025, el accionante señala de igual modo que, vulneran los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos, previstos en el art. 12 de la CPE; en la medida en que Concejo Municipal tendría tuición sobre el Ejecutivo respecto a asuntos que no son parte de sus atribuciones a través de, por ejemplo, la emisión de minutas de comunicación como pronunciamiento del Concejo Municipal sobre la administración de la cosa pública, las cuales no son instrumentos de fiscalización pero si pueden constituirse como interferencias a la toma de decisiones y a los principios constitucionales contenidos en los arts. 272 y 283 de la Constitución Política del Estado.

Señala también que, los arts. 32.V y VI, 34.II, III, IV, V y VI, 35, 38.I, III, IV, V, VI y VII y 40 de la mencionada Ley Municipal, exceden la facultad fiscalizadora reconocida al Concejo Municipal a través de la utilización de herramientas propias del sistema político del gobierno parlamentario, aplicándolas no solamente a la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo y a funcionarios inmediatamente inferiores, sino también a todos los funcionarios públicos del Ejecutivo municipal. Lo que vulnera a todas luces el principio fundamental del debido proceso, previsto en la Norma Suprema y en la Norma Convencional, en tanto la Ley Municipal referida, omite que el funcionario sea oído y juzgado previo a su destitución, provoca la activación de voto de censura y destitución en dos días, ante cualquier rechazo de información sin motivos, impone a la máxima autoridad municipal obligaciones sobre su propio persona y prohíbe a ésta ultima renovar contratos de trabajo, continuidad o designación por año, bajo alternativa de iniciársele procesos por incumplimiento de la ley.

A tal efecto, cabe señalar que los citados artículos de la tantas veces mencionada Ley Municipal, si bien se acomodan a lo previsto en el procedimiento legislativo en cuanto a interpelación, sobrepasan los límites dispuestos en tanto extiende la facultad fiscalizadora a cualquier servidor público que forme del ejecutivo.

Los arts. 39.I y II y 40 de la citada Ley Municipal refieren que la petición de informe escrito (PIE), el informe oral y la interpelación son acciones independientes, permitiendo su activación sucesiva o concurrente sin requisitos previos, además dispone que toda determinación o instrucción del Pleno del Concejo Municipal emergente de peticiones de informe o interpelaciones es de cumplimiento obligatorio e inexcusable para el Alcalde, bajo amenaza de remisión a la Comisión de Ética. De lo anterior, se tiene que la fiscalización permanente e ilimitada que pretende esta norma municipal es incompatible con la Constitución Política del Estado, pues permite la fiscalización ilimitada del Concejo Municipal, transformando el control político en mandato obligatorio, subordinando al Alcalde e introduciendo sanciones automáticas en vulneración de los arts. 12, 115.II, 178, 272, 283, 286 y 410 de la CPE.

Mostrando 12 de 58 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional29 de enero de 20260031/2026-CAFuente oficial