Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 56151-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 14 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Cardozo Jemio en representación sin mandato de Julio Cesar Sierra Terrazas contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 10 a 20, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y asociación delictuosa, el 11 de febrero de 2023, Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz -demandado-, dispuso su detención preventiva en un lugar distinto a donde se tramitaba la causa.
Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, interpuso una solicitud de revocatoria de medidas cautelares al amparo de lo establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), basándose en un nuevo elemento de prueba: el Informe Técnico Legal DDSC-DT-INF 116/2022 de 17 de octubre, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuyas conclusiones establecían de manera inequívoca que el predio denominado "Yuby Guasu" constituía tierra fiscal de propiedad del Estado boliviano y se encontraba bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
A través de providencia de 21 de marzo de 2023, el demandado dispuso correr traslado a las partes su solicitud de revocatoria. Entre el 15 y el 18 de mayo de igual año, su defensa se presentó en oficinas del demandado para insistir en el cumplimiento de la Resolución 13/2023 de 12 de mayo -emitida dentro de una acción de libertad-, exigiendo la emisión de una resolución sobre la citada solicitud de revocatoria; sin embargo, la notificación con el Auto Interlocutorio 27/2023 de 15 del mismo mes, con el cual el demandado rechazó su solicitud, se produjo sesenta días después de su presentación inicial.
La determinación adoptada resultó arbitraria, pues desconoció normativa específica aplicable, en particular los arts. 6, 7 y 8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; 92.II inc. b) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007; y, la Resolución Suprema 22273 de 9 de octubre de 2017, evidenciándose así un incumplimiento del deber de fundamentación.
Finalmente, conforme a la certificación emitida por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), su persona tiene la condición de miembro del pueblo indígena guarayo, circunstancia que permite sustraer el caso de las reglas de subsidiariedad, en tanto dicha condición otorga una protección reforzada por parte del Estado.
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