0032/2019

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2019 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente: 28497-2019-57-AIA Departamento: La Paz

En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Alcides Andrés Gallardo Ibarra y Norma Alicia Piérola Valdez, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inaplicabilidad del art. 238.3 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto al requisito habilitante de renuncia para autoridades electas con noventa días de anticipación por ser presuntamente contrario de forma intra-constitucional con los arts. 26 y 28 de la citada Norma Suprema y convencional con los arts. 1.1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2, 7 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), concordante con los arts. 13, 133, 256 y 410.II de la CPE.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 16 de abril de 2019, cursante de fs. 51 a 64 vta., los accionantes manifestaron que al ser la Constitución Política del Estado la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y ostentar supremacía sobre todas las demás de orden interno, éstos últimos deben circunscribirse a su contenido sin contradecirla, por ello el art. 410.II de la CPE, determina el bloque de constitucionalidad el cual está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y normas de derecho comunitario, ratificados por el país y tratándose de derechos humanos el art. 256.I de la Ley Fundamental, cede su jerarquía normativa a favor de ellos cuando éstos sean más favorables a los contenidos de la misma, estableciendo que se aplicarán de manera preferente sobre ésta; por otra parte, los arts. 13.IV y 256 de la CPE, en cuanto a la interpretación y aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos disponen que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad con éstos cuando prevean disposiciones más favorables.

Por ello los accionantes demandan la inaplicabilidad del art. 238.3 de la CPE, en cuanto al requisito habilitante de renuncia para autoridades electas con noventa días de anticipación; pues consideran que se contraponen intra-constitucionalmente con los arts. 26, 28, 256 y 410 de la citada Norma Suprema; y convencionalmente con los arts. 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH; pues no sólo limitan el goce de derechos, sino constitucionalizan disposiciones completamente discriminatorias para el goce efectivo de los derechos humanos, al imponer la obligación de renunciar para autoridades electas salvo el Presidente y Vicepresidente sin ninguna justificación válida restringiendo el goce de los derechos políticos para que todos puedan ser relectos como autoridades de representación popular, mientras el soberano así lo desee, y la posibilidad de participar en la dirección del poder y la oportunidad de ser elegido en elecciones periódicas y auténticas en condiciones de igualdad, cuando dicha elección depende del voto ciudadano, no pudiendo limitarse sin ningún motivo la participación; incumpliendo el Estado boliviano compromisos al disponer constitucionalmente normas que deniegan el ejercicio de derechos políticos, cuando debieron ampliar las oportunidades a los ciudadanos para poder ser elegidos, participar en las decisiones de poder público o acceder a un cargo a través del voto, por ello consideran que el precepto cuestionado al establecer la exigencia de renunciar noventa días antes del acto electoral de forma discriminatoria, establece un trato preferente para el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, pues la fuente de emanación de su designación y elección es la misma, restringiendo por ello derechos humanos, consagrados por los arts. 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH, constituyéndose en inconvencional, ya que el art. 13 de la CPE, determina que los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos y que se interpretarán conforme a los tratados internacionales de la materia, cuando prevean disposiciones más favorables, en concordancia con el art. 256.II de la citada Norma.

Por otra parte refieren que el art. 238.3 de la CPE, es inaplicable por ser contrario a los arts. 26 y 28 de la Ley Fundamental, concordante con los arts. 13, 256 y 410.II de la Norma Suprema y los arts. 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH; toda vez que, existe una paradoja, pues por una parte exigen a las autoridades electas la renuncia a sus cargos con noventa días de anticipación al acto electoral, debiendo sumarse que la fecha de dicho acto hasta la conclusión suman otros tres meses, restando del mandato seis meses, cuando la propia Constitución Política del Estado establece que el periodo dura cinco años, existiendo un trato preferente, discriminatorio que rompe el principio de igualdad, pues no exige tal renuncia al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional.

Así también consideran que el artículo del cual solicitan su inaplicabilidad, limita derechos, alejándose del propio texto constitucional y de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, que enuncian derechos más amplios e irrestrictos, correspondiendo realizar una interpretación conforme a los arts. 13, 256 y 410 de la CPE; y, 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH, debiendo considerar que constitucionaliza disposiciones completamente discriminadoras para el goce efectivo de derechos humanos, cuando para la elección se condicionan las renuncias para algunas autoridades electas y no para otras, teniendo el mandato imperativo que todos los Órganos del poder público, tribunales, jueces ordinarios y el Tribunal Constitucional Plurinacional, de proteger los derechos fundamentales a través del control de constitucionalidad y convencionalidad, que no solo alcanza a las normas infra constitucionales sino a la propia Constitución Política del Estado.

Finalmente manifiestan que el bloque de constitucionalidad, no implica sólo el reconocimiento de su jerarquía, sino la existencia de un mandato imperativo que ordena que los tratados tienen aplicación preferente cuando garanticen de mejor manera la vigencia de los derechos humanos, entendiendo que los mandatos de la Constitución Política del Estado ceden cuando un tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos, declare derechos más favorables a los contenidos en la Ley Fundamental, y además sirven como pauta de interpretación, conforme a los arts. 13.IV y 256 de la CPE, adquiriendo rango supraconstitucional, pues se encontraría por encima de ésta, derivando necesariamente en el control de convencionalidad, con el objeto de establecer la compatibilidad o incompatibilidad de los preceptos de la Constitución Política del Estado y las leyes latu sensu con las normas y jurisprudencia del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, mediante la realización de una labor hermenéutica.

Finalmente piden la aplicación preferente del art. 23 de la CADH, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre el art. 238.3 de la CPE.

I.2. Admisión y citación

Por Auto Constitucional (AC) 0083/2019-CA de 2 de mayo, cursante de fs. 88 a 94, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta descrita precedentemente, ordenando se ponga en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su condición de representante de dicho Órgano, a efecto de su apersonamiento y formulación de alegatos, diligencia que fue realizada el 22 de igual mes y año (fs. 97).

I.3. Alegaciones del personero de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial presentado el 5 de junio de 2019, cursante de fs. 128 a 137 vta., señaló que corresponde declarar la aplicación preferente del art. 23 de la CADH, sobre el art. 238.3 de la CPE, bajo los siguientes argumentos: Que conforme al art. 1 de la Ley Fundamental, el pluralismo tiene carácter transversal; toda vez que, aborda el ámbito político, económico, jurídico, cultural y lingüístico; así en lo político importa el reconocimiento de las diferentes formas de democracia tanto liberal como comunitaria, la convivencia de estas dos implican igualación política sustancial entre culturas e identidades; es decir, de modos de producir política en todos los niveles de la gestión gubernamental de acuerdo al art. 11.I de la Norma Suprema. En nuestro Estado se ejerce la democracia directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, cabildo y la consulta previa; representativa a través de la elección de representantes por voto universal, directo, secreto, y conforme a ley; y comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos.

Una de las características del sistema presidencial es la elección mediante voto popular, lo que implica como lógica consecuencia que debe existir un intervalo regular, cada cierto tiempo, para ejercer el sufragio universal y de donde se determina que las constituciones contemplan el periodo de duración del mandato correspondiente al jefe de Estado, pero no se constituye en una característica en sí misma, ya que su carácter variable y circunstancial no le permite sostenerse como un eje fundamental del sistema, como señaló la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C 1014/05. La medida dispuesta en la norma cuestionada del régimen electoral como mecanismo de limitación de potestades, vulnera la finalidad de un sistema que contrariamente a la restricción del ejercicio de derechos políticos, se fundamenta en la ampliación de ámbitos en los cuales debe activarse el sufragio tanto activo como pasivo, para asumir las responsabilidades de facultades que antes del Estado Plurinacional eran privativas del Presidente.

El principio de igualdad proclamado por el art. 8 de la CPE, como pilar que sustenta al Estado boliviano, pero además forma parte de los fines y funciones del mismo de acuerdo al art. 9.2 de la Ley Fundamental, y que conforme a la jurisprudencia constitucional se evidencia que en Bolivia se considera que el derecho a la igualdad es genérico que nunca se encuentra en solitario, ya que su invocación acarrea el reclamo del respeto a otros hechos, no siendo sólo el reconocimiento de la norma sino también implica una ejecución real y efectiva en la sociedad boliviana, constituyéndose en las guías orientadoras para el reconocimiento de los derechos fundamentales y su ejercicio, al que están sujetas las y los ciudadanos en su accionar privado y público.

En su parte dogmática y estructural, la Constitución Política del Estado estableció en su art. 26, los derechos políticos, reconocidos en favor de los y las ciudadanas; por otra parte, en el Capítulo de Representación Política el art. 209 de la citada Norma, dispone las condiciones para postularse, con excepción del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, es a través de organizaciones de carácter político ciudadano y en igualdad de condiciones; no existiendo postulaciones individuales ni directas, sino a través del ejercicio de una nominación previa y derivada de una voluntad colectiva, bajo los rigores democráticos y de legitimidad instituidos por ley.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 23, reconoce los derechos y las libertades de las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados miembros sin discriminación alguna y establece en materia de derechos políticos que los ciudadanos deben gozar de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, salvo ciertas salvedades por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por autoridad competente, conforme a ello es una expresión esencialmente democrática y define la legitimidad de quienes son depositarios de la confianza ciudadana para guiar los destinos de un país.

El art. 7 de la Ley del Régimen Electoral (LRE), ratifica lo señalado anteriormente, además que la soberanía reside en el pueblo, bajo ese espíritu, ningún aspecto formalista debería limitar las opciones electorales que pueden ser objeto de la consideración del pueblo como único soberano.

El art. 238.3 de la CPE, al establecer que no podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que se encuentren en cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente, siendo que la Ley Fundamental pregona el derecho a la igualdad, se apreciaría una antinomia en el texto constitucional porque no puede de manera discriminatoria, hacer tal distinción, en igualdad de condiciones, estableciéndose que existen normas favorables y otras restrictivas de derechos dentro de un mismo plano jerárquico; sin embargo, conforme al texto constitucional, en caso de existir dicha paradoja o confrontación normativa, siempre debería aplicarse la norma más favorable y extensiva que vaya destinada a la protección de los derechos fundamentales, dentro del concierto interno o derechos humanos, de un sistema internacional o universal, siendo evidente lo manifestado por los accionantes sobre que debe aplicarse, en caso de existir o ser posible distintas interpretaciones, el principio de favorabilidad y el estándar más alto sobre la efectivización plena de los derechos humanos; por ello, dentro del control de convencionalidad, los jueces y tribunales están obligados a velar y cumplir con la convención a raíz del principio "Pacta Sun Servanda"; es decir, que a partir de los compromisos que efectuaron los diferentes estados, quienes decidieron por voluntad propia someterse al control y cumplimiento de éstos, deben respetar los mismos; por ello, el operador nacional al formular el control de convencionalidad, procurando aplicar aquellas interpretaciones de la legislación interna y de la Convención Americana compatibles con la utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desechando la utilización de variables argumentativas contrarias a ella.

Al respecto la doctrina adoptó posiciones diversas, acentuando la de la interpretación conforme el operador doméstico o interno, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano, quien debe interpretar todo el orden normativo mediante la aplicación de las pautas exegéticas de los sistemas tuitivos de derechos humanos, conforme a ello la interpretación de derechos y libertades acorde a convenios y tratados internacionales, debe buscar incorporar en los tribunales nacionales el contenido e interpretación de los mismos, no para que prevalezcan, sino para que sean tomados en cuenta y, si se encontrara mayor y mejor protección de derechos humanos, se apliquen sin reserva alguna, en el sentido del art. 29 de la CADH, dicho entendido parte de la aplicación del principio de favorabilidad el cual supone un entendimiento o interpretación de la norma de una manera favorable, así dentro de los derechos fundamentales existe una configuración objetiva y subjetiva, teniendo que construirse los mismos con una normativa garantista para la existencia y supervivencia de esos valores, pues los simples enunciados no bastarán para decir que efectivamente existen en el caso concreto, respecto a la interpretación de normas más favorables en materia de derechos humanos, conforme a los arts. 13, 113, 256 y 410 de la CPE, el desarrollo legislativo y el constitucional son imprescindibles, donde la interacción e integración por parte del constituyente, el ordenamiento jurídico, el legislativo y la misma administración pública es esencial.

Respecto a la inaplicabilidad de las normas constitucionales en caso de contradicción con disposiciones convencionales, citando a Noguera Alcalá, señala que: "'El control de convencionalidad es un control jurisdiccional desarrollado siempre por tribunales -y órganos vinculados a la administración de justicia- ejercido de forma concentrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema interamericano como jurisdicción internacional vinculante para los Estados Partes, como por las jurisdicciones nacionales, quienes al efecto son jueces descentralizados del sistema interamericano, además de jueces nacionales, en la protección de los estándares de cumplimiento y garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, debiendo inaplicar las normas de Derecho Interno contradictorias o que confronten la CADH utilizando para ello los principios de progresividad y favor persona''" (sic.), conforme a ello el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá efectuar dentro de la presente acción un control difuso de convencionalidad.

Los arts. 1 y 2 de la CADH, sientan deberes a los Estados adheridos como es nuestro caso, y que además en el texto de la Constitución Política del Estado reconoce que los derechos humanos son incluso de preferente aplicación por encima de la Constitución, dando una pauta sobre la exigencia de inaplicabilidad de las normas constitucionales que restrinjan derechos humanos reconocidos y establecidos en la Convención, como son los derechos políticos, ya sea como derechos implícitos o directamente establecidos como los arts. 26 y 28 de la CPE, reconocen los derechos políticos de los ciudadanos y en consecuencia dicho contenido es esencial dentro del Pacta Sun Servanda y el sometimiento voluntario que el Estado boliviano efectuó, más si se considera como parte del derecho imperativo internacional, como Ius Cogens.

En el Caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH determinó que cuando en el poder legislativo de un Estado, el constituyente falla en su tarea de suprimir o adoptar de manera contradictoria, normas contrapuestas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el poder judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el art. 1.1 de la citada Convención, debiendo abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella, igualmente recuerda a los tribunales que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, sus jueces también están sometidos, obligándolos a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, además de que dichos tribunales deben ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas internas que aplican en los casos concretos y la citada Convención, debiendo tener en cuenta no sólo el tratado sino también la interpretación que ha realizado la Corte IDH, intérprete último de la Convención.

Los derechos esenciales de las personas contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro de un Estado democrático constitucional de derechos como es el caso, son parte del contenido de los derechos asegurados en la Constitución Política del Estado ya sea como derechos implícitos o directamente establecidos como son los arts. 26 y 28 de la CPE, los cuales reconocen los derechos políticos de los ciudadanos y en consecuencia dicho contenido es esencial dentro del "Pacta Sun Servanda" y el sometimiento voluntario que el Estado boliviano efectuó, adquiriendo más fuerza si se considera a tales derechos como parte del derecho imperativo internacional.

Por otra parte, la propia Ley Fundamental cede su jerarquía normativa en favor de los derechos humanos contenidos en tratados y convenios internaciones conforme al art. 256 de la CPE, los cuales se aplicarán de manera preferente, refiriéndose a la propia Constitución, asumiendo que actos unilaterales del Estado, incluidas las resoluciones judiciales, no pueden afectar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones del Estado, mientras se encuentre vigente el Convenio, dando fuerza al art. 27 de la CADH.

Conforme al art. 2 de la nombrada Convención, en cuanto a otras medidas que deben adoptar los Estados, no sólo figuran las legislativas y administrativas, sino también las decisiones jurisdiccionales, no siendo oponible la división de poderes interna al cumplimiento de obligaciones internacionales, todos los poderes públicos y el ordenamiento jurídico en general, deben responder al compromiso del Estado. Al ser de preferente aplicación la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la protección de los derechos humanos, por prever ésta al menos en el presente caso derechos más favorables a la propia Ley Fundamental boliviana, se debe dejar de aplicar la norma interna si esta es menos favorable, conforme al art. 256 de la CPE, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, aspectos claramente establecidos en el art. 116 de la nombrada Constitución, que prevé la aplicación de la disposición más favorable, así hace referencia al autor Ferrer Mac-Gregor quien señaló que al internacionalizarse la Convención a los ordenamientos jurídicos internos, se debe entender que en caso de ser insuficientes las garantías internas, en ello las normas y todo el sistema previsto para la efectivización de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, se debe convencionalizar las mismas a fin de alcanzar una protección efectiva de los derechos.

De acuerdo a dichos criterios se consolida el marco de la doctrina, el control de convencionalidad, proyectándose ambos pilares que se desprenden de la supremacía mencionada, en la inaplicabilidad de la normativa interna contraria a la convención y la Corte IDH, por parte de los jueces habilitados para ejercer control de constitucionalidad y la interpretación conforme a la normativa interna compatible con ella, adquiriendo el texto constitucional otro aspecto, realizando una simbiosis con el orden jurídico convencional y adquiriendo una dimensión de Constitución convencionalizada.

La Corte IDH desarrolló jurisprudencialmente el derecho de participación ciudadana activa y pasiva; e interpretó el art. 23 de la CADH, en el caso López Mendoza con Sentencia de 1 de septiembre de 2011, estableciendo que la dimensión individual y colectiva que se da en este derecho es esencial para la existencia de la democracia, constando la necesidad de que ciertas condiciones de igualdad entre los candidatos sean resguardadas, los sistemas electorales comprenden un complejo número de condiciones y formalidades necesarios para ejercer el derecho a votar y ser votado, representa la existencia de elecciones libres, por ello la posibilidad de incluir otras condiciones y formalidades para ser candidato, como sería una renuncia al cargo, no se encuentra contemplada por el art. 23 de la citada Convención; por lo que, el Tribunal Constitucional Plurinacional a tiempo de decidir deberá ponderar y argumentar el cumplimiento de la validez de las normas electorales de la Constitución, con relación al derecho de participación política definido por el nombrado precepto, si la disposición impugnada constituye una limitación posible en el marco de la Convención, la condición habilitante tendría que encuadrarse y asumir la identidad de alguna de las causales que habilitan la intervención estatal de restricción, en el caso presente la renuncia a una función pública noventa días antes de la elección, no es una causal señalada en el artículo referido.

En cuanto a la igualdad y no discriminación, se debe establecer que conforme las SSCC 0083/2000 de 24 de noviembre², 0049/2003 de 21 de mayo; y, las SSCCPP 1250/2012 de 20 de septiembre, 0614/2014 de 25 de marzo, y, 0084/2017 de 28 de noviembre, así como la doctrina, debe entenderse que todas las personas tienen igualdad de protección de la ley sin distinción, exclusión, restricción, preferencia, inferioridad brindada a una persona o colectividad fundada en razón de sexo, color, edad, idioma, credo religioso, ideología u otra, entendiendo a la igualdad normativa que el legislador colocará a todos en las mismas posiciones, pues deberá considerarse sus condiciones, situaciones, coyunturas circunstancias, etc.; se les puede tratar igualmente, pero cuando existan diferencias profundas y objetivas que no puedan dejarse de lado se debe tratar de forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes, por ello no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, ya que la igualdad sólo se viola si la desigualdad esta desprovista de una justificación objetiva y razonable.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Artículo de la Constitución Política del Estado que se impugna como inconvencional

En esta acción se demanda al art. 238.3 de la CPE, el cual se encuentra en el Capítulo Cuarto, Servidoras Públicas y Servidores Públicos, disponiendo en su texto que:

"Artículo 238.- No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad:

3. Quienes hayan ocupado cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República".

II.2. Preceptos de la Constitución Política del Estado que se consideran infringidas

Los accionantes consideran que el art. 238.3 de la CPE, sería contrario intra-constitucionalmente a los arts. 26 y 28 de la Ley Fundamental, dispuesta en la Sección II Derechos Políticos:

"Artículo 26.-

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y la ley.

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente, el sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos. 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.

5. La fiscalización de los actos de la función pública".

"Artículo 28.- El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida:

1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra.

2. Por defraudación de recursos públicos.

3. Por traición a la patria".

II.3. Disposiciones convencionales consideradas vulneradas

Los accionantes alegan que el precepto cuestionado, sería contradictorio con las arts. 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH; y, 2, 7 y 21 de la DUDH.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por Bolivia, mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

En la Parte I, Deberes de los Estados y Derechos Protegidos, Capítulo Primero, Enumeración de Deberes, art. 1.1 establece:

"Artículo 1.- Obligaciones de Respetar los Derechos.

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

Capítulo II, Derechos Civiles y Políticos, arts. 23 y 24, disponen en su texto: