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TCP

0032/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0032/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0032/2026-RCA Sucre, 05 de febrero de 2026

Expediente: 81060-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 8 de enero de 2026, cursante de fs. 517 a 519, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Carlos Guerra Villarroel y Marcos Miguel Rodríguez Fernández y William Vega Vargas en representación legal de Nora Herminia Mamani Cabrera Contralora General del Estado a.i. contra Pio Gualberto Peredo Claros y Martha Esthela Coca Revollo, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 30 de diciembre de 2025 y 7 de enero de 2026, cursantes de fs. 491 a 506 y de fs. 509 a 515 vta., la parte accionante a través de sus representantes, manifestó que dentro del proceso coactivo fiscal iniciado por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Colcapirhua del departamento de Cochabamba contra todos los presuntos responsables del daño económico establecidos en el Dictamen de Responsabilidad Civil e Informes de auditoría, los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del citado departamento -hoy demandados-, a través de Auto de Vista 020/2024 de 8 de noviembre, resolvieron indebidamente anular obrados hasta los Informes de Auditoría Preliminar GC/EP06/J10 R1 de 25 de febrero de 2014 y Complementario GC/EP06/J10 de 19 de octubre de 2017 sobre Gastos Ejecutados en la gestión 2009 a objeto de que la Contraloría General del Estado amplié el alcance del examen de auditoría especial, con la inclusión como involucrados de todos los integrantes del Directorio Local de Salud (DILOS), afectando con ello, la competencia y facultad institucional de determinar indicios de responsabilidad por la función pública prevista por el art. 213 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin considerar de que la anulación de obrados debía ser hasta la admisión de la demanda y no así hasta la emisión de los Informes de auditoría, que fueron realizados fuera del proceso.

Refiere que, la determinación de responsabilidad civil es una competencia y facultad constitucional exclusiva de la Contraloría General del Estado quedando fuera de la competencia de anulación de obrados emergente de un proceso judicial; por lo que, la afectación de dichos informes a título de "anulación de obrados" no debería ser posible en vista de que emerge de un trámite administrativo; sin embargo, con la emisión del Auto de Vista 020/2024, los vocales ahora demandados, vulneraron derechos y garantías fundamentales que afectando principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico y la competencia de la Contraloría General del Estado. La inclusión de todos los integrantes del DILOS como involucrados dispuesta mediante Auto de Vista emitido por los Vocales hoy demandados emerge de una valoración y compulsa de las pruebas, que si bien es atribución privativa de los jueces de instancia; puede ser cuestionada si se demuestra fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso, los juzgadores de instancia ignorando el valor que le atribuye la ley a cierta prueba le hubiera asignado un valor distinto, como se evidencia en el presente caso.

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