Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 58839-2023-118-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 121/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 392 a 401, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaqueline Verónica Antezana Flores contra Freddy Rolando Herrera Cueto, Gerente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Regional Oruro; y, Mauricio Jiménez Mier, Autoridad Sumariante de la misma entidad.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante por memorial presentado el 18 de septiembre de 2023, cursante de fs. 45 a 55, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por Resolución de Apertura de Procedimiento Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR MJM - 02/2023 de 26 de junio, se le inició un proceso en su contra a denuncia de Zacarías Villazón Gonzáles, supuestamente porque habría utilizado un documento falsificado de la Carrera de Ingeniería Química de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro (UTO); por lo que, presentó su documento original; sin embargo, ése no fue valorado por el hoy coaccionado, quien emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial PAI/JU-DPOR - MJM- 002/2023 de 24 de julio, sin fundamentación y estableciendo responsabilidad administrativa gravísima, determinando su destitución.
Por ese motivo planteó recurso de revocatoria, que fue resuelto por la Resolución de Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR-MJM- 002/2023 de 4 de agosto, que no realizó ningún análisis de su recurso, principalmente de los derechos vulnerados, limitándose a confirmar la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial PAI/JU-DPOR - MJM- 002/2023.
De acuerdo con lo que determina el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, formuló recurso jerárquico, reiterando los elementos que debieron ser valorados al momento de determinar la decisión, añadiendo la carencia de motivación. Por Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto, nuevamente se confirmaron las resoluciones impugnadas. De esa manera, la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo Interno: Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023, contraviene lo establecido en la , la cual refiere que, las fotocopias poseen la misma fe probatoria que el original, determinando su responsabilidad administrativa sin adecuar su conducta a un tipo de contravención, vulnerando el principio de tipicidad, citando sólo los arts. 108 núm. 1 y 235 núms. 1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 12, 13 y 14 del Reglamento Interno Tipo con relación al 13 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001; y 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; ninguna de las cuales prevé una contravención. Asimismo, la Autoridad Sumariante establece competencia en virtud del art. 18 del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, siendo que el primero sólo tiene dos artículos, contraviniendo el principio de legalidad.
Con esos argumentos, planteó el recurso de revocatoria, resuelto por la Resolución del Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023, en el que se evidencia falta de fundamentación, al momento de no referirse a la carencia de los principios de legalidad, tipicidad y verdad material.
Por último, en la instancia jerárquica resuelta por la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, se reiteraron los elementos que debieron ser valorados al momento de la exposición y determinación de confirmación en la revocatoria, añadiendo la carencia de motivación; no obstante, su fundamentación "se sale" completamente de contexto de la contravención, entendiendo que se apertura por indicios de responsabilidad por denuncia de uso de certificado falso, vulnerando con ello su derecho a la defensa.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
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