Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 9 de julio de 2019
SALA PLENA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 24996-2018-50-CCJ Partes: Conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Santa Cruz Yale Medina, Juez Agroambiental y Marcelo Velasquez Molina, Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz.
Departamento: Santa Cruz
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió declarar COMPETENTE al Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz, para conocer la "demanda coactiva" interpuesta por Miguel Ángel Carrasco Patiño representante de INSEM Ltda.; por lo que, emite el presente Voto Disidente bajo los siguientes argumentos jurídico constitucionales.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL VOTO
De los hechos expuestos, tanto por el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero ambos de Montero del departamento de Santa Cruz, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:
El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero ambos de Montero del departamento de Santa Cruz, quienes se consideran sin competencia para conocer y resolver la demanda coactiva interpuesta por Miguel Ángel Carrasco Patiño representante de INSEM Ltda.
Identificada la problemática, la , resolvió declarar: COMPETENTE al Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz para conocer la "demanda coactiva" interpuesta por Miguel Ángel Carrasco Patiño representante de INSEM Ltda.; argumentando que, la precitada demanda fue conocida por el Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz, quien mediante Auto 10/2018 de 12 de abril, se declaró incompetente en razón de materia y territorio para conocer los antecedentes de la causa; consiguientemente, declinó competencia a favor del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Montero del mismo departamento, autoridad que igualmente declinó su competencia, originándose así el presente conflicto. Bajo tales razonamientos, esta jurisdicción considera que el conflicto competencial suscitado por las autoridades anteriormente referidas, merece un análisis partiendo de la naturaleza del proceso y la relación contractual suscrita entre el acreedor demandante y el deudor demandado; así, los antecedentes del proceso de referencia evidencian que para el cumplimiento de la obligación adquirida, se constituyó una garantía general; toda vez que, Miguel Ángel Carrasco Patiño representante de INSEM Ltda., garantizó la precitada obligación con la generalidad de sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros sin excepción.
En tal sentido, de conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; al no haber sido determinada por las partes, la garantía de la obligación del deudor; en consecuencia, para resolver la problemática planteada, corresponderá analizar el objeto de la obligación de pagar, que de conformidad con lo desglosado en la Conclusión II.3 de esta Resolución, tuvo su origen en la cosecha de la producción total de ciento trece hectáreas de soya; que de conformidad al desarrollo del Fundamento mencionado, se entiende como parte de la actividad productiva agrícola y/o pecuaria; toda vez que, la pretensión del acreedor era convertirse en propietario de la cosecha de toda la soya producida en las precitadas hectáreas; y, tanto es así que inclusive la parte acreedora -en su calidad de propietaria de la cosecha de soya-, contaba con autorización de proceder a la recolección de dicha producción, el momento que estime conveniente; aspecto que evidencia que la obligación en el presente caso, tenía su origen dentro del curso biológico de producción de la soya; consecuentemente, es considerada competencia de la jurisdicción agroambiental.
Conviene añadir que, no obstante a que se garantizó el cumplimiento del contrato "...con la generalidad de sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros sin excepción..." (sic); sin embargo, también se hizo referencia (en la Cláusula Novena del Testimonio 888/2016), a la garantía "...especial con la prenda agrícola sin desplazamiento e hipoteca siguiente:
- A)...la producción total de las ciento trece (113 Has) Hectáreas de Soya...
- B)...una Sembradora Agrícola Múltiple..." (sic); evidenciándose, que además del origen eminentemente agrario de la obligación; respecto a la garantía, pese a su generalidad, se exterioriza una naturaleza donde predomina la prenda agrícola.
Consecuentemente, de conformidad a lo expuesto y desglosado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, tras el análisis del objeto y naturaleza de la acción, así como el predominio (no obstante a la generalidad) de la prenda agrícola como garantía, queda en evidencia que la competencia para el conocimiento y resolución del "proceso coactivo" en cuestión, corresponde al Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz.
Es decir, la Sentencia Constitucional Plurinacional objeto de esta disidencia otorga la competencia para conocer el proceso ejecutivo de referencia al Juez Agroambiental, analizando el objeto de la obligación de pagar, es decir la naturaleza del contrato suscrito y más aun teniendo presente que se constituyó una garantía general.
La suscrita Magistrada considera que la declaratoria de competencia al Juez Agroambiental de Montero para el conocimiento del proceso coactivo es incorrecto al amparo del análisis del objeto de la obligación o la naturaleza del contrato, por cuanto pienso que el análisis debió centrarse en la garantía del contrato establecida por la generalidad de los bienes del deudor y en base a ello determinar la competencia del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Montero.
En consecuencia, a efectos de una mejor comprensión, los ejes temáticos sobre los que se desarrollará la presente disidencia son los siguientes:
III.1. Sobre la naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad
Al respecto la , estableció en relación a la naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad que: "El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: 'Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país'.
Por su parte, la Norma Suprema en el art. 179.I, determina que aun siendo la función judicial única en Bolivia, son distinguibles una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e indígena originaria campesina (IOC), ésta última ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbre, y su sistema institucional propio de funcionamiento. En el marco de la igualdad jerárquica de jurisdicciones que establece el citado art. 179.II de la CPE, el art. 131 de la LOJ refiere que la jurisdicción agroambiental es parte del Órgano Judicial y ejerce sus funciones conjuntamente las jurisdicciones ordinaria, especializadas y jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), y se relaciona con éstas sobre la base de la coordinación y cooperación, desempeñando una función especializada, correspondiéndole impartir justicia en materia agraria, pecuniaria, forestal, ambiental y biodiversidad, que no sean de competencias de autoridades administrativas.
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