0033/2022-O

Por memorial presentado el 18 de enero 2022, cursante de fs. 4299 a 4320 vta., Casimiro Rodríguez, Felipe Serrano Churiri, Juan Rodríguez Nina, Leonardo Serrano Churqui, Agustín Velásquez Flores, Sebastián Calvimontes, Felipe Rodríguez Saigua y Felipe Romero Ovando, autoridades originarias en representación de la Organización de Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, Nación Qhara Qhara, interponen queja por incumplimiento de la SCP 0018/2018-S1 de 1 de marzo, expresando lo siguiente:

1. a)El 16 de junio de 2017 presentaron acción popular contra el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y la Directora del INRA, denunciando la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones en su dimensión colectiva, a su libre existencia, identidad cultural, libre determinación y territorialidad, a la titulación colectiva de tierras y territorios, además de los principios de seguridad jurídica y de verdad material; puesto que la referida autoridad a través de Resoluciones Administrativas arbitrarias carentes de fundamentación y congruencia, convalido la anulación del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de los polígonos 877, 881 y 882, efectuando una interpretación ajena a los principios de favorabilidad y pro actione e inaplicó los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); toda vez, que para disponer la nulidad, los vicios deben estar acreditados no siendo posible que ante cualquier irregularidad deba retrotraerse todo un proceso de saneamiento; la autoridad jerárquica no considero que dentro de dichos proceso se cumplieron con las normas técnicas y legales agrarias, existiendo también la participación de la comunidad y sus dirigentes, beneficiarios y personal del INRA, por cuanto cada comunidad tenía conocimiento de cuáles eran sus límites y como fueron ubicados y mensurados, emitiéndose informes de conclusiones, informes de cierre de cada polígono por separado, mismo que fueron socializados por todos los beneficiarios directos de las TCO y terceros, no siendo evidente que en el proceso de saneamiento de los tres polígonos se hubiere afectado el derecho de otras personas individuales;
2. b)Ante esa acción tutelar, el Juez Publico Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, pronuncio la Resolución 07/2017 de 8 de noviembre, en la cual les concedió la tutela solicitada, y dejó sin efecto legal la Resolución Jerárquica 023/2016, Resolución Revocatoria 155/2016 y las RRAA DN-UFA-RES 009/2015, DN-UFA-RES 002/2016 y DN-UFA-RES 003/2016, emitidas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y por el Director Nacional de Reforma Agraria; y, dispuso la remisión por parte de las autoridades accionadas del proceso de titulación de tierras del Pueblo Indígena Originario de la Marka Quila Quila, correspondientes a los Polígonos 877, 881 y 882, a la autoridad ejecutiva llamada por ley, para la extensión de los títulos respectivos;
3. c)En revisión de la referida Resolución del Juez de garantías, el Tribunal Constitucional emitió la SCP 0018/2018-S1 resolviendo revocar la misma al no haber advertido lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; por lo que dicho fallo, si bien denegó la tutela solicitada, pero por otra parte refiriéndose en relación a la vulneración de sus derechos colectivos, a su libre existencia, identidad cultural, libre determinación y territorialidad, a la titulación colectiva de tierras y territorios, sostuvo que la Resolución jerárquica no había asumido ninguna determinación sobre tales derechos y que la decisión del INRA tiene por objeto evitar los vicios de nulidad para todos los actores de la comunidad; y más bien, la SCP 0018/2018-S1 en su parte resolutiva segundo punto decidió:

Bajo esos antecedentes la parte quejosa señalo que, a pesar de estar clara la exhortación efectuada en la SCP 0018/2018-S1, para que el INRA lleve adelante el proceso de saneamiento de manera inmediata y considerando su calidad de pueblo indígena originario, desarrollando un trabajo efectivo, eficiente y rápido, garantizando la legalidad y legitimidad de dicho proceso, el INRA no cumplió con tal mandato; en ese sentido, a través de una extensa exposición de tales incumplimientos en los que su criterio habría incurrido dicha instancia, al haber procedido de manera unilateral en la etapa de relevamiento de información de campo, sin tomar en cuenta su participación como Pueblo Originario de la Marka Quila Quila, dejándoles sin tierra y territorio, incumplió con la referida Sentencia Constitucional, con la Constitución Política del Estado, las normas y precedentes que conforman el bloque de constitucionalidad y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006- y el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, ya que no garantizaron sus derechos colectivos a la libre existencia, identidad cultural y a su libre determinación y territorialidad, pasando luego a sintetizar dichos actos de incumplimiento en los siguientes:

1. 1)No existen carpetas armadas del Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCOs) de los tres polígonos; asimismo, se emitieron resoluciones administrativas de reapertura y ampliación de plazo entre otras la RES-ADM SAN TCO DDCH-US 010/2018 de 4 octubre, RES-ADM SAN TCO DDCH-US 013/2018 de 30 octubre, y la RES-ADM SAN TCO DDCH-US 014/2018 de 23 de noviembre, mismas que exigen la presentación de la personería jurídica, incumpliendo el Director Departamental del INRA la SCP 0006/2016 de 14 de enero;
2. 2)Procedió a las notificaciones de área del polígono 882 con muy poca anticipación, dejando las mismas pegadas en la puerta de las oficinas de Qhara Qhara; de igual forma, dejaron las notificaciones bajo piedras cuando ya se encontraban en proceso de relevamiento de información de campo, en colindancia de Ayllu Picachulu y Ayllu Iscuta;
3. 3)Pese a las solicitudes presentadas, el INRA Chuquisaca les cortó su derecho a la información técnica y jurídica, lo mismo ocurrió con el INRA Nacional, que les respondió a través de informes, señalando que no podrán acceder a esa información si no acreditaban el derecho de propiedad de los predios que registraron a nombre de terceros y que además debemos comprar esa información a razón de Bs4.- (cuatro bolivianos) por cada punto o coordenada; dicha información la solicitaron en razón de que se había terminado el trabajo de campo del polígono 882, sin hacerlos participes, estando como únicos veedores las bases que viven en el Ayllu Iscuta (ulupica);
4. 4)En el taller de inicio en el polígono 881, las autoridades que acudieron en representación de su Organización pueblos indígenas originarios de SAN-TCOs de Marka Quila Quila, fueron amenazados cuando pidieron al INRA departamental el cumplimiento de la normativa agraria vigente y lo dispuesto en la SCP 0018/2018-S1, y reconocieron únicamente como terceros a aquellos que cumplen una función social, basándose en los antecedentes agrarios del polígono 881, añadiendo que debía firmarse un compromiso para la verificación de la función social en cada predio, lo cual fue rechazado por los terceros quienes dijeron que no permitirían la aplicación de dicha normativa, lo cual se hizo efectivo, ya que, el primer día no se realizó la verificación de la función social a los predios; empero, se reconocieron a favor de los terceros tierras abandonadas entre 20 y 50 años;
5. 5)El Director del INRA departamental, en el informe de 24 de agosto de 2018, encubrió los vicios de nulidad que cometieron en trabajo de campo, señalando que todos los predios cumplen función social agrícola y ganadera; de igual forma el responsable de saneamiento del INRA Chuquisaca, señalo que se reconocería las áreas de pastoreo y uso colectivo a favor de terceros con la personalidad jurídica de la comunidad, incumpliendo la SCP 0006/2016⁴ en el polígono 881;
6. 6)El INRA intenta encubrir sus actos viciados de nulidad en los polígonos 881, 882 y 877 a través del trabajo de gabinete, planteándoles que si existían problemas debían revisar las carpetas y resolver en gabinete. Además, se parcializaron con los terceros, quienes con cercos amenazaban constantemente; por ese motivo, solicitaron la suspensión de todo el proceso de saneamiento de los tres polígonos, por haberles negado información técnica jurídica, hasta el pronunciamiento de la CIDH;
7. 7)Pese al pedido de los Ayllus del polígono 877, de que se cumpla con la norma agraria y la SCP 0018/2018-S1, o que caso contario, tomarían medidas de resistencia para evitar el fraude, el INRA ingreso al territorio, consumándose el enfrentamiento, puesto que los terceros trasladaron, gente de otros cantones, emboscando a los originarios quienes fueron heridos, derivando tales enfrentamientos en el inicio de procesos penales;
8. 8)Manipularon la etapa de socialización del polígono 882, llevando un acta elaborada, no se les mostro el plano de los terceros, ni se les facilitó información técnica;
9. 9)Como consta en el plano y lista de los terceros; el territorio, quedo totalmente fragmentado, loteado en 121 parcelas, vulnerando sus derechos de pueblo indígena, pese a la existencia de títulos colectivos de la colonia, correspondientes al polígono 881, cuyo testimonio data de 1894;
10. 10)Por todas esas irregularidades en la socialización de los polígonos 881 y 882, las autoridades de la Marka Quila Quila, no firmaron ni sellaron el acta de socialización del INRA, presentando la denuncia y las observaciones, entre ellas las sobreposiciones de las parcelas de los terceros al área SAN-TCOs en el Ayllu Iscuta polígono 882, y en Ayllu Picachulu polígono 881, que se detalla en las respectivas actas.

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, mediante informe escrito presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 4364 a 4371, en respuesta a la queja por incumplimiento, expreso los siguientes aspectos:

1. i)Es falso y desleal que el INRA hubiese procedido de forma unilateral y sin la participación de los Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila en la etapa de relevamiento de información de campo, dejándoles sin tierra y territorio, puesto que durante el proceso, conforme a normativa, fueron notificados por cédula en sus domicilios por ellos mismos señalados, ubicado en la calle Locoatal s/n, zona de Villa Charcas de la ciudad de Sucre, tal cual consta en las notificaciones que cursan en carpeta; sin embargo, dicha comunidad se negaron en toda ocasión a participar, solicitando además la paralización y anulación del proceso de saneamiento del polígonos 877, 881 y 882;
2. ii)Si bien es cierto que el INRA ingreso a realizar trabajos de campo con ayuda de la fuerza pública, fue debido a que sus funcionarios en varias oportunidades fueron objeto de maltratos, agresiones y hasta amenazas de muerte por parte de los integrantes de los Pueblos Indígenas, extremos que constan en los informes de trabajo de campo de los referidos polígonos, con fotografías de respaldo, actas de reuniones, y quienes en todo momento pidieron la suspensión del proceso de saneamiento. Dentro de las TCO, se identificaron predios individuales de terceros que son miembros de la Centralía Única de Comunidades Originarias de Quila Quila, por lo que, se levantó información técnica de cada predio con la intervención de los controles sociales de la TCO en el polígono 877; sin embargo, en los polígonos 881 y 882 pese a haber sido notificados no participaron en el trabajo de campo, a excepción de los que viven en la comunidad originaria de Ulupica, quienes fueron parte, pero se negaron a firmar las actas. Los miembros de la TCO que viven en la comunidad de Yurubamba, en el polígono 881, concurrieron únicamente dos días del proceso de saneamiento, para luego abandonar sin firmar ninguna acta;
3. iii)Se emitió nuevas Resoluciones ampliatorias para el reinicio de los trabajos de relevamiento de información en campo, las cuales fueron notificadas a los Pueblos Indígenas Originarios, conforme al art. 70 y siguientes del DS 29215, (Realiza un cuadro detallando dichas resoluciones respecto de cada polígono y los beneficiarios. Fs. 4367 vta.) actuaciones que acreditan la notificación legal de la Marka Quila Quila en resguardo a la demanda de TCO, las mismas que cursan en las carpetas de los polígonos 877, 881 y 882. Con relación a la presentación de la personalidad jurídica, presupuesto sobre el cual la SCP 0006/2016 de 14 de enero, declaró su inconstitucionalidad, el INRA Chuquisaca, durante el trabajo de información en campo, ya no exigió la presentación del mismo, aclarando que la Resolución de inicio de procedimiento en la que se dispone la presentación de documentos de identificación de todas aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren al interior del área, de ninguna manera daña o desconoce derechos de la TCO Quila Quila, pues no se refiere a ellos sino a terceros que se encuentren al interior de dicha área, de los cuales se debe levantar información previo a reconocer o no derechos propietarios, con el fin de vulnerar tal derecho; todo ello, de acuerdo a la forma de ejecución del proceso de saneamiento en una TCO;
4. iv)Durante el proceso de saneamiento del TCO Quila Quila se tomaron en cuenta los antecedentes agrarios, ya que, desde el 16 de octubre de 2006 la Organización de los Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, que comprende las comunidades de Picachulo, Ulupica, Tacchi, Lecopaya, Chuchuta, Sisipuco, Purunquiña, Umaca, Talula, Miskha, Rodeo Carvajal, Chullpas, Coyuli, Yurubamba, Majada, Socopampa y Rufo; presentaron demanda de dotación y titulación de tierras comunitarias de origen, la misma que fue admitida por Auto de admisión de 4 de agosto de 2008;
5. v)Respecto al cumplimiento de la función social por parte de terceros, el mismo fue verificado en trabajo de campo -arts. 159 y 165 y siguientes del DS 29215-; y el cumplimiento se halla acreditado en las fichas catastrales de cada uno de los predios levantados, respetando siempre las áreas de las TCO; de igual forma dicho trabajo fue objeto de control social por la Dirección Nacional del INRA, encontrándose a la fecha para su aprobación y dar continuidad al proceso de saneamiento con la emisión de la Resolución final. Aclarar que el relevamiento de información de terceros que se encuentren en el lugar a efectos de no vulnerar derechos, no implica el desconocimiento de la existencia de la TCO, puesto que, si a la conclusión del proceso de saneamiento no se consolida el área requerida por la TCO procede la compensación con otras áreas, de acuerdo al art. 181 del DS 29215. Asimismo, el INRA Nacional, conforme lo previsto en el art. 266 del señalado Decreto Supremo, tiene a su cargo la ejecución del control de calidad, por lo que, en esa labor dicha instancia realizó diferentes observaciones de control de calidad, generando la devolución de carpetas a la dirección departamental para ser subsanadas y/o aclaradas, las mismas que se encuentran en proceso de saneamiento en curso;
6. vi)En caso de existir controversia conflicto de sobre posición entre predios individuales o colectivos, la solución no es apartarse, por el contrario se debe participar conforme lo establece el art. 272 del DS 29215, para no generar dilaciones en el proceso, como la que ahora se reclama; por otra parte, cualquier irregularidad o reclamo suscitado en el relevamiento de información de campo o en cualquier actuado, debe hacerse conocer con denuncia presentada en ventanilla única, a efectos de su constancia para su consideración, lo cual no se evidencia en las carpetas. La Dirección Departamental del INRA no reconoce derechos sobre las tierras, solo inicia el proceso y realiza la recopilación de información, enviando sus informes y proyectos de resolución, por lo que, dicho reconocimiento se efectuara con la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, con la firma de la autoridad competente; actuado que aún no fue emitido al estar los proceso con control de calidad;
7. vii)Aclarar que no se verificó el cumplimiento de la función social por parte de los pueblos indígenas, motivo por el cual no se armó carpetas de saneamiento, toda vez que se les va reconocer el área demandada excluyendo el derecho de terceros;
8. viii)De acuerdo al art. 7 del DS 29215, el acceso a la información y documentación de los procedimientos agrarios administrativos se encuentra garantizado; por lo que en virtud a dicha normativa se fue atendiendo todas las solicitudes de los Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, entregando planos catastrales de los polígono 877, 881 y 882; sin embargo, la información digital solicitada, se informó que al ser una información preliminar no corresponde otorgarla en esta etapa, por no ser definitiva, y sobre el costo existe un arancel aprobado por la Dirección Nacional aplicable en todo el territorio nacional;
9. ix)De acuerdo a los arts. 164 y 165 del Decreto Supremo 29215, el registro de marca de ganado para acreditar actividad ganadera solo procede en la función económica social en el caso de propiedades medianas o empresariales, no así para la verificación de propiedades pequeñas o comunarias;
10. x)A través de una apreciación subjetiva señalan que, durante el relevamiento de información en campo se verificaron ganados prestados y que los predios estarían abandonados hace sesenta años; al efecto, cabe aclarar, que de acuerdo a lo previsto en los arts. 155 y 159 del Decreto Supremo 29215, la verificación de la función social se realiza en campo, en el día que se señaló el ingreso a los mismos, lo cual fue cumplido por el INRA Chuquisaca;
11. xi)Sobre la denuncias de avasallamiento y corte de árboles al área colectiva de la TCO, supuestamente preparado por los terceros y la Sub Alcaldía del Municipio de Sucre, el INRA desconoce de las mismas; asimismo, esta instancia en ningún momento ha considerado algún desmonte para el cumplimiento de la función social; por lo que, dicho desmonte deben denunciarlo ante la autoridad competente; y,
12. xii)Las carpetas de los polígonos 877, 881 y 882, ya fueron objeto de control de calidad, subsanándose las observaciones técnicas, sin haber identificado fraude alguno en la posesión, por lo que las carpetas se encuentran en la Dirección Nacional, aclarando que no corresponde se realice una investigación por la denuncia de fraude en la función social, conforme lo previsto en el art. 160 del DS 29215, ya que, esta investigación solo procede para el caso de fraude en el cumplimiento de la función económico social efectuado en propiedades medianas o empresariales, no así para la verificación de propiedades pequeñas o comunarias.

Juan Carlos Quispe Layme, Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Chuquisaca, por informe presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 4375 a 4379 vta., en respuesta a la queja de incumplimiento, señalo entre otros que:

1. a)Durante el proceso de saneamiento conforme a normativa, los recurrentes fueron notificados en su domicilio señalado por ellos mismos, tal cual se acredita de las notificaciones que cursan en la carpeta, por lo que, fueron de conocimiento de la Organización de Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, quienes se negaron en toda ocasión a participar, además de solicitar la paralización y anulación del proceso de saneamiento de los polígonos 877, 881 y 882;
2. b)Se ingresó a realizar el trabajo con la ayuda de la fuerza pública, en virtud a que los funcionarios del INRA Chuquisaca, en varias ocasiones fueron objeto de maltratos, agresiones y amenazas de muerte por parte de los Pueblos Indígenas, extremos que cursan como antecedente en los informes del trabajo de campo, fotografías de respaldo y actas de reuniones de los referidos polígonos. Dentro del área de las TCO, se tienen identificados predios individuales de terceros que son miembros de la Centralía Única de Comunidades Originarias de Quila Quila, levantándose información técnica de cada predio con la participación de controles sociales de la TCO del polígono 877; sin embargo, en los polígonos 881 y 882 a pesar de haber sido notificados no participaron en el trabajo de campo, a excepción de la comunidad de Ulupica, quienes se negaron a firmar las actas, al igual que la comunidad de Yurubamba del polígono 881 que solo participaron dos días del proceso de saneamiento;
3. c)Se emitió nuevas Resoluciones Ampliatorias para el reinicio de los trabajos de relevamiento de información en campo, mismas que fueron notificadas a los pueblos indígenas conforme al art. 70 y siguientes del DS 29215, las cuales se encuentran en las carpetas de cada polígono. Respecto a la presentación de la personalidad jurídica, a partir de la SCP 006/2016 de 14 de enero, que dispone la inconstitucionalidad del presupuesto personalidad jurídica prevista en los arts. 357 inc. a) y 396.II del DS 29215, es necesario aclarar que el INRA Chuquisaca durante el trabajo de campo, ya no exigió la presentación del mismo, y que dicha exigencia en la Resolución de Inicio de Procedimiento se refiere a los terceros que se encuentran al interior del área de la que se debe levantar información con carácter previo a reconocer o no derecho propietario a objeto de no vulnerar derechos;
4. d)Todas las notificaciones a los pueblos de la Marka Quila Quila, se realizaron en su sede administrativa, mediante cédula, dentro los plazos establecidos, en virtud a que sus autoridades siempre se niegan a recibir las notificaciones, actuados que tiene constancia a través de fotografías de respaldo en las carpetas de cada polígono;
5. e)Durante el proceso de saneamiento de dichos pueblos se tomaron en cuenta los antecedentes agrarios, toda vez que, desde el 16 de octubre de 2006, la Organización de Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, presentaron demanda de dotación de titulación de TCOs, demanda que comprende las comunidades de Picachulo, Ulupica, Tacchi, Lecopaya, Chulchuta, Sisipuco, Purunquila, Umaca, Talula, Miskha, Rodeo Carvajal, Chullpas, Coyuli, Yurubamaba, Majada, Socapampa y Rufo, siendo admitida la demanda por Auto de Admisión de 4 de agosto de 2008;
6. f)El cumplimiento de la función social de terceros fue verificado en trabajo de campo, de acuerdo a los arts. 165 y 159 del DS 29215, respetando las áreas de las TCO , trabajo que fue objeto de control social del INRA Nacional, encontrándose a la fecha para su aprobación y dar continuidad al proceso de saneamiento con la emisión final de la resolución; asimismo, aclarar que previo a la dotación de Tierras Comunitarias de Origen, se debe realizar el relevamiento de información de terceros que se encuentren en el lugar a fin de no vulnerar derechos, lo cual no implica el desconocimiento de la existencia de la TCO, toda vez que si la conclusión del proceso de saneamiento no se consolida el área requerida demandada, procede la compensación con otras áreas, conforme refiere el art. 381 del DS 29215. El art. 266 del citado Decreto Supremo prevé el control de calidad de parte del INRA Nacional, para garantizar que los procesos de saneamiento se realicen conforme a las disposiciones en actual vigencia; en ese efecto, se realizó diferentes observaciones de control de calidad, que mereció la devolución de carpetas para que se subsanen las mismas, encontrándose con proceso de saneamiento en curso. Sobre el fraude alegado por la TCO, por haber levantado información de campo de los terceros, nos remitimos al procedimiento detallado sobre la forma de saneamiento al interior de la TCO, que refiere que previamente se debe excluir predios de terceros que se encuentran en el interior, acotando al respecto que, en caso de existir conflictos de sobre posición entre predios individuales y colectivos, la solución no es aparatarse sino participar del mismo -art. 272 del DS 29215- de lo contrario, se dilata el proceso como el que ahora se reclama y cualquier denuncia debe ser presentada en ventanilla única a efectos de que quede constancia para su consideración. El reconocimiento de derechos se efectuará con la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, con la firma de la autoridad competente, actuado que aún no se ha emitido;
7. g)No se verifica el cumplimiento de la función social por parte de los Pueblos Indígenas, motivo por el cual no se armó carpetas de saneamiento, ya que, se les reconocerá el área demandada excluyendo los derechos de terceros;
8. h)El art. 7 del DS 29215, garantiza el derecho a la información y documentación; en virtud a esta norma, se fue atendiendo todas las solicitudes de los pueblos indígenas de la Marka Quila Quila, entregando planos catastrales de los polígonos 877, 881 y 882; sin embargo, la información digital que se solicita, la misma, al ser una información preliminar no corresponde otorgarla en esa etapa al no ser definitiva; y, con relación al costo, existe un arancel aprobado por la Dirección Nacional del INRA aplicable a todo el territorio nacional;
9. i)Respecto a que se reconocieron tierras abandonadas, se vuelve a aclarar que no se emitió resolución final de saneamiento, para aseverar el reconocimiento de derechos; asimismo, el registro de marca de ganado para acreditar una actividad ganadera solo procede en la función económico social en el caso de propiedades medianas o empresariales, no así para la verificación de la función social en el caso de propiedades pequeñas o comunarias -arts. 164 y 165 del DS 29215-;
10. j)Sobre la denuncia de avasallamiento al área colectiva de la TCO y al corte de árboles, supuestamente preparados por los terceros y la Sub Alcaldía del Municipio de Sucre; el INRA desconoce tales aspectos, que también incluyen denuncias de desmontes y removimiento de tierras realizadas; y, tampoco ello fue considerado para el cumplimiento de la función social;
11. k)Las carpetas de los polígonos 877, 881 y 882 ya fueron objeto de control de calidad, subsanándose las observaciones técnicas, sin identificarse fraude alguno en la posesión, encontrándose a la fecha las carpetas en la Dirección Nacional, aclarando que no corresponde se realice una investigación por fraude en la función social conforme a lo previsto en el art. 160 del DS 29215, toda vez que esta investigación solo procede para el caso de fraude en el cumplimiento de la función económico social efectuado en propiedades medianas y empresariales y no así en la propiedades pequeñas y comunarias; y,
12. l)Solicitó no se de curso a la denuncia, puesto que en ningún momento se está vulnerando el derecho propietario de las TCOs, al contrario, son los Pueblos Indígenas Originarios de la Organización de la Marka Quila Quila los que entorpecen el exhorto de efectivizar el proceso de saneamiento en la forma más inmediata posible, ya que se interponen y objetan el trabajo realizado por el INRA, solicitando además la paralización del mismo en varias oportunidades, perjudicando el normal desarrollo del proceso de saneamiento.

Vidal Churqui Rodríguez, Ejecutivo de la Centralia Quila Quila; y las Autoridades Originarias: Mario Polo Jesús, Comunidad de Picachulo; Demetrio Duran Rosario, Comunidad Humaca; Florentino Churqui Huanca, Comunidad Purunquila; Julián Chambi Chavarría, Comunidad Tacchi; Ernesto Romero Mostacedo, Comunidad Talula; Juan Jesús Churiri, Comunidad Lecopaya; Basilia Silvia Mancilla Chamoso, Comunidad Coyuli, Simón López Polo, Comunidad Ulupica; Pablo Cruz Jesús, Comunidad Yurubamba; José Cruz Quispe, Comunidad Originaria de Sisipuco; Damián Cruz Zeballos, Comunidad Chulchuta; y, Roberto Churiri Zeballos, Autoridad Originaria del Pueblo Originario Quila Quila; respondiendo negativamente a la denuncia de incumplimiento de fallos, mediante memorial presentado el 7 de marzo de 2022, cursante de fs. 4430 a 4434 vta., expresaron los siguientes aspectos:

1. 1)La SCP 0018/2018-S1 de 1 de marzo, resolvió Revocar la Resolución 07/2017 de 8 de noviembre, pronunciada por el Juez Publico Civil y Comercial Octavo del departamento de Chuquisaca y en consecuencia denegar la tutela solicitada efectuando una simple exhortación general a objeto de que el proceso de saneamiento sea ejecutado de forma eficiente y con celeridad, aspecto que no constituye en sí una sentencia y/o una decisión que conmine al accionado a cumplir aspectos claramente determinados y/o identificados como tratan de hacer ver los accionantes, más aun cuando jamás se discute en la Sentencia Constitucional el tema relativo a la presentación de la personalidad jurídica, no obstante ello forma parte de los aspectos denunciados supuestamente incumplidos;
2. 2)No existen elementos sustanciales que permitan afirmar que se ha incumplido la SCP 0018/2018-S1; toda vez, que la misma se limitó a denegar la tutela y exhortar a que se agilice el proceso de saneamiento; conforme a ello, la forma en la que se está ejecutando el proceso de saneamiento luego de la Sentencia, no puede ser objeto de análisis a través de un recurso de queja por supuesto incumplimiento, en razón a que este tema deberá ser objeto de debate una vez concluya dicho proceso;
3. 3)El INRA fue exhortado simple y llanamente para concluir el proceso de saneamiento, garantizando la legalidad y legitimidad de los trabajos, aspecto que no puede ser cuestionado, observado o analizado en esta instancia, lo contrario sería convertir a este recurso de queja en una instancia de control de legalidad, apartándose de la SCP 0018/2018-S1; en esa línea, el INRA ha venido sustanciando el proceso de saneamiento aunque de forma lenta, pero en el marco de la legalidad, cumpliendo los actos y pasos determinados por ley;
4. 4)El INRA no se constituye en el instrumento de protección del denominado Pueblo Indígena y/o Marka Quila Quila, sino en protector de los derechos individuales y colectivos de todos quienes así lo acrediten; por lo que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, comprendió que al interior del área de saneamiento existen otros grupos vulnerables que también merecen protección en sus derechos individuales y colectivos;
5. 5)Fueron notificados con las resoluciones de reinicio y reencauzamiento del proceso de saneamiento, diligencias que también fueron cumplidas en relación a la Marka Quila Quila;
6. 6)Participaron en los trabajos de campo en las fechas fijadas, oportunidad en la que acreditaron el efectivo cumplimiento de la función social en sus parcelas individuales y colectivas, lo cual no puede ser negado por responder a la verdad material y ser un hecho que puede ser verificado en cualquier momento;
7. 7)El INRA en ningún momento coartó el derecho de la Marka Quila Quila, fueron los representantes de esta, quienes voluntariamente y pese a estar notificados optaron por no participar en diversidad de actos programados por el INRA Chuquisaca, instancia que viene cumpliendo con los actos procesales que fija el ordenamiento jurídico vigente, principio de legalidad, conforme al exhorto de la SCP 0018/2018-S1;
8. 8)El INRA otorgó en igualdad de condiciones, las mismas prerrogativas a los representantes e integrantes de dicha Marka, sin desconocer en ningún momento el derecho de acreditar el supuesto cumplimiento de la función social y principio de legitimidad, de acuerdo al exhorto;
9. 9)No corresponde ingresar a considerar aspectos que no fueron tutelados por la SCP 0018/2018-S1; el exhorto de dicho fallo se viene cumpliendo por el INRA, no obstante, se reservan el derecho de reclamar los aspectos que realicen al margen de la ley; pidiendo rechazar el recurso de queja, por falta de elementos sustanciales supuestamente incumplidos.

El Juez Publico Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto de 18 de marzo de 2022, cursante de fs. 4440 a 4441, que rechazó la queja o denuncia de incumplimiento en atención a los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien los accionantes refieren diecisiete puntos relativos a actos posteriores a la emisión de la SCP 0018/2018-S1 de 1 de marzo, como supuestos incumplimientos de dicho fallo, no es menos cierto, como también refieren los mismos recurrentes, autoridades demandadas y los terceros interesados, que la acción popular interpuesta por el Pueblo Indígena Originario de la Marka Quila Quila, les denegó la tutela solicitada, revocando la concesión de la tutela inicial emitida por este despacho, incluso con llamada de atención para el suscrito juzgador;
2. ii)Consecuentemente, la Exhortación efectuada por dicha Sentencia Constitucional Plurinacional en el punto 2, no es sino una suerte de "recomendación", cuyo cumplimento encomienda u ordena a la Dirección del INRA, para que en el marco del procedimiento efectivicen el proceso de saneamiento de los polígonos 877, 881 y 882;
3. iii)Este extremo fue avalado por la propia entidad accionante en los diecisiete puntos que contienen en lo esencial la denuncia de incumplimiento; siendo el motivo controversial esencial de la denuncia, que supuestamente las autoridades accionadas a través de sus funcionarios, técnicos y profesionales, que ejecutaron el nuevo proceso de saneamiento, o concluyeron el que estaba pendiente y cuestionado, lo hicieron nuevamente, vulnerando derechos y garantías del Pueblo Indígena, e incumpliendo principios y normas técnicas propias del proceso de saneamiento, que constituirían -dice- fraude y vicios de nulidad en este proceso de saneamiento;
4. iv)No es que existe incumplimiento por parte de las autoridades accionadas a la SCP 0018/2018-S1, sino que como refieren los accionantes, en el punto I.2.3 de los antecedentes expuestos, el 3 de agosto de 2018 se inició el proceso de trabajo de campo, consecuentemente la exhortación de los Magistrados, se habría venido cumpliendo desde ese entonces; empero, lo que se advierte, según los accionantes, es que todos estos trabajos de saneamiento estarían siendo ejecutados o no fueron ejecutados en su caso, conforme a los derechos del Pueblo Indígena demandante; sin embargo, dado que la exhortación no es más que una recomendación genérica, que se limita a indicar que se exhorta al cumplimento del proceso de saneamiento conforme a procedimiento que garantice la legitimidad y legalidad de esos trabajos encomendados, la determinación de si se cumplieron o no los procedimientos y la legalidad y legitimidad de las actuaciones y trabajos técnicos desplegados, no corresponde ni establecerlos y menos juzgarlos en un proceso de queja; más aún cuando los mismos reclamos y denuncias de irregularidades en ese primer proceso de saneamiento, serían los mismos que se vuelven a denunciar al presente, esta vez como un supuesto incumplimiento a la indicada Sentencia lo que implicaría volver a juzgar y considerar la acción popular que fue denegada por la instancia en revisión.

Mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 4447 a 4456, Casimiro Rodríguez, Felipe Serrano Churiri, Juan Rodríguez Nina, Leonardo Serrano Curqui; Agustín Velásquez Flores, Sebastián Calvimontes, Felipe Rodríguez Saigua, Felipe Romero Ovando y Ángel Churquin Peralta; Autoridades Originarias, en representación de la Organización de Pueblos Indígenas Originarios de la Marka Quila Quila, Nación Qhara Qhara, hoy denunciantes, impugnaron la indicada Resolución, expresando lo siguiente:

1. a)En el memorial de denuncia de incumplimiento, se explicó de manera clara el incumplimiento de la exhortación efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues no se consideró su calidad de pueblo indígena originario en los actos posteriores a la emisión de la SCP 0018/2018-S1 de 1 de marzo, concluyendo los siguientes puntos de incumplimiento:
2. a.1)No consideraron los antecedentes del pueblo indígena originario, ni se actuó con legitimidad y legalidad en los trabajos de campo, no existen carpetas armadas de SAN-TCOs de los tres polígonos;
3. a.2)Las Resoluciones Administrativas RES-ADM SAN TCOs - DCH-US 008/2018 de 3 de agosto, (polígono 882); 007/2018 de 3 de agosto, (polígono 881); 009/2018 de 5 de septiembre, (polígono 877), de reapertura y ampliación de plazo para el trabajo de información de campo, exigen la presentación de la personería jurídica, incumpliendo lo dispuesto en la SCP 0006/2016 de 14 de enero;
4. a.3)Emitieron los memorándums de notificación de área del polígono 882 con muy poca anticipación y dejándolas pegadas en la puerta de las oficinas de Qhara Qhara, así como en piedras, arboles sin que hayan tenido conocimiento efectivo;
5. a.4)Les coartaron el derecho a la información técnica y jurídica, que solicitaron del polígono 882, en razón a que había terminado el trabajo de campo sin hacerles partícipes a los TCOs, sino solo a los terceros, respondiéndoles a través de informes que previamente debían acreditar derecho propietario de los predios registrados a nombre de los terceros y que la información tenía un costo de Bs4.- por cada punto o coordenada;
6. a.5)En el polígono 881, se reconoció únicamente como terceros a aquellos que cumplen la función social agrícola o ganadera, basándose en los antecedentes agrarios de dicho polígono, parcelando el territorio de uso colectivo para reconocer derecho individual a favor de estos; vicios de nulidad cometidos en el trabajo de campo, y que fueron encubiertos en el Informe de 24 de agosto de 2018 por el Director departamental del INRA Chuquisaca;
7. a.6)Los vicios de nulidad realizados en los polígonos 877, 881 y 882, intentan ser tapados por el INRA, que les plantea revisar las carpetas en trabajo de gabinete y si existirían problemas resolverlas en gabinete; razón por la cual solicitaron la suspensión del proceso hasta el pronunciamiento de la CIDH;
8. a.7)Pese al pedido de los Ayllus del polígono 877 de que se ofrecieran las garantías de cumplimiento de la norma agraria y la SCP 0018/2018-S1 o en su defecto tomarían medidas de resistencia, el INRA ingreso a territorio provocando el enfrentamiento con los terceros, quienes los emboscaron, resultando de tales hechos heridos y el inicio de proceso penales;
9. a.8)Como consta en el plano y la lista de los terceros, el territorio quedo totalmente fragmentado, loteado en 121 parcelas, vulnerándose los derechos del pueblo indígena, pese a la existencia de títulos colectivos de la colonia del polígono 881, cuyo testimonio data de 1894; y
10. a.9)En la socialización de los polígonos 881 y 882 las autoridades de la Marka Quila Quila no firmaron ni sellaron las actas, presentando en su lugar denuncias y observaciones, entre otras de sobreposicion de parcelas de los terceros al área SAN- TCOs;
11. b)El INRA debió cumplir con los precedentes de la Corte IDH; entre ellos: que el Estado está obligado a proporcionar recurso legales adecuados y eficaces para proteger el derecho a la propiedad privada comunitaria. Ante conflictos entre derechos individuales y colectivos, se debe tomar en cuenta la especial relación de los miembros del pueblo indígena con la tierra; la restricción a la propiedad privada de particulares puede ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar identidades culturales en una sociedad democrática pluralista, efectuando el pago de una justa indemnización a los afectados; aun las tierras estén siendo explotadas productivamente por los actuales propietarios, el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios permanece, por lo que no es posible analizar la propiedad desde criterios de productividad de la tierra y el régimen agrario; por lo que, estos parámetros no fueron considerados por el INRA, ya que no tomo en cuenta su calidad de pueblo indígena para analizar su derecho al territorio, conforme a la Constitución y los precedentes internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad;
12. c)La Resolución de 18 de marzo de 2022, sostiene que la SCP 0018/2018-S1, denegó la tutela que brinda la acción popular, señalando que la exhortación efectuada en dicha sentencia, es "una suerte de recomendación", cuyo cumplimiento encomienda u ordena al INRA, para que en el marco del procedimiento efectivicen el proceso de saneamiento correspondiente a los polígonos 877, 881 y 882;
13. d)La parte resolutiva de las sentencias constitucionales deben ser cumplidas en la medida de lo determinado, conforme lo señala el Tribunal en la "SCP 0015/2018-S2", debiendo ser cumplidas de manera obligatoria por las partes que intervienen un proceso, aun se hubiere denegado la tutela, por cuanto la parte dispositiva establece las medidas que deben ser asumidas;
14. e)La exhortación efectuada en la SCP 0018/2018-S1, no puede ser considerada como una simple recomendación, sino como una medida obligatoria a ser cumplida, puesto que un entendimiento contrario implicaría relativizar la parte dispositiva de una Sentencia Constitucional y considerarla como una simple recomendación, lo que resulta inadmisible y contrario al art. 203 de la CPE, es decir, el carácter obligatorio y vinculante de las resoluciones constitucionales;
15. f)La Resolución sostiene que luego de emitida la SCP 0018/2018-S1, las autoridades a su turno y en el marco de sus competencias, cumplieron con la exhortación efectuada en la referida Sentencia, y que el fundamento de su denuncia fue que, en dicho proceso nuevamente se hubieran vulnerado derechos y garantías, señalando que, la determinación de si se cumplieron o no los procedimientos y la legalidad y legitimidad de las actuaciones y trabajos técnicos desplegados, no corresponde ni establecerlos y menos juzgarlos en un proceso de queja;
16. g)Ese argumento es ajeno a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que expresamente dispuso que el INRA "...en el marco del procedimiento efectivicen el proceso de saneamiento, pero sea de la forma más inmediata posible en consideración de los antecedentes del caso concreto y de la calidad de pueblo indígena y originario que ostentan los accionantes" (sic); en ese sentido, cuando el Tribunal exige que el saneamiento se desarrolle en el marco del procedimiento, supone que se cumpla con un debido proceso, en el que se cumplan con todas las normas, sin ningún vicio procesal; y, por otra parte, cuando el mismo Tribunal sostiene que se debe considerar su calidad de pueblo indígena originario, implica que debe considerar la modalidad de saneamiento solicitada, debiendo aplicarse todos los estándares de protección a los derechos de los pueblos indígenas; y,
17. h)En ese sentido, no se puede sostener que la SCP 0018/2018-S1 fue cumplida y menos señalar que se trata de nuevas vulneraciones a derechos, pues, bajo ese razonamiento nos obligarían a presentar de manera permanente acciones de defensa ante el incumplimiento de las resoluciones, lo cual derivaría en una evidente retardación de protección de sus derechos, desgaste de autoridades y del pueblo indígena, en este proceso de saneamiento que lleva ya más de 16 años.

Los recurrentes de queja en representación del Pueblo Indígena Originario de la Marka Quila Quila de la Nación Qhara Qhara del departamento de Chuquisaca, denuncian el incumplimiento de la SCP 0018/2018-S1 de 1 de marzo; específicamente, el incumplimiento de la exhortación realizada en el referido fallo, a efectos de que el INRA lleve adelante el proceso de saneamiento de la forma más pronta posible, desarrollando un trabajo efectivo y eficiente que garantice la legitimidad y legalidad del mismo, considerando los antecedentes del caso y su calidad de pueblo indígena originario que ostentan; sin embargo, dichos aspectos no fueron cumplidos por el INRA, en los actos realizados con posterioridad a la referida Sentencia, dentro el proceso de saneamiento de los polígonos 877, 881 y 882 de su territorio, incumplimientos que se traduce en los siguientes puntos:

1. 1)No consideraron los antecedentes del pueblo indígena originario, ni se actuó con legitimidad y legalidad en los trabajos de campo, no existen carpetas armadas de SAN-TCOs de los tres polígonos;
2. 2)Las Resoluciones Administrativas RES-ADM SAN TCOs - DCH-US 008/2018 de 3 de agosto, (polígono 882); 007/2018 de 3 de agosto, (polígono 881); 009/2018 de 5 de septiembre, (polígono 877), de reapertura y ampliación de plazo para el trabajo de información de campo, exigen la presentación de la personería jurídica, incumpliendo lo dispuesto en la SCP 0006/2016 de 14 de enero;
3. 3)Emitieron los memorándums de notificación de área del polígono 882 con muy poca anticipación y dejándolas pegadas en la puerta de las oficinas de Qhara Qhara, así como en piedras, arboles sin que hayan tenido conocimiento efectivo;
4. 4)Les coartaron el derecho a la información técnica y jurídica, que solicitaron del polígono 882, en razón a que había terminado el trabajo de campo sin hacerles partícipes a los TCOs, sino solo a los terceros, respondiéndoles a través de informes que previamente debían acreditar derecho propietario de los predios registrados a nombre de los terceros y que la información tenía un costo de 4 bs., por cada punto o coordenada;
5. 5)En el polígono 881, se reconoció únicamente como terceros a aquellos que cumplen la función social agrícola o ganadera, basándose en los antecedentes agrarios de dicho polígono, parcelando el territorio de uso colectivo para reconocer derecho individual a favor de estos; vicios de nulidad cometidos en el trabajo de campo, y que fueron encubiertos en el Informe de 24 de agosto de 2018 por el Director departamental del INRA Chuquisaca;
6. 6)Los vicios de nulidad realizados en los polígonos 877, 881 y 882, intentan ser tapados por el INRA, que les plantea revisar las carpetas en trabajo de gabinete y si existirían problemas resolverlas en gabinete; razón por la cual solicitaron la suspensión del proceso hasta el pronunciamiento de la CIDH;
7. 7)Pese al pedido de los Ayllus del polígono 877 de que se ofrecieran las garantías de cumplimiento de la norma agraria y la SCP 0018/2018-S1 o en su defecto tomarían medidas de resistencia, el INRA ingreso a territorio provocando el enfrentamiento con los terceros, quienes los emboscaron, resultando de tales hechos heridos y el inicio de proceso penales;
8. 8)Como consta en el plano y la lista de los terceros, el territorio quedo totalmente fragmentado, loteado en 121 parcelas, vulnerándose los derechos del pueblo indígena, pese a la existencia de títulos colectivos de la colonia del polígono 881, cuyo testimonio data de 1894; y
9. 9)En la socialización de los polígonos 881 y 882 las autoridades de la Marka Quila Quila no firmaron ni sellaron las actas, presentando en su lugar denuncias y observaciones, entre otras de sobreposicion de parcelas de los terceros al área SAN- TCOs.

Antes de ingresar al desarrollo especifico de lo anunciado, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado; potestad que también la ejerce en el control tutelar, emitiendo resoluciones y un conjunto de razonamientos relacionadas al estudio sobre las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, concediendo o denegando la tutela solicitada por la parte interesada, que se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales, que de igual forma son vinculantes para el mismo Tribunal al formar parte de la jurisprudencia constitucional; por lo que, al constituirse en el supremo intérprete de la Constitución, su labor interpretativa vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares, convirtiéndose por ello en el último intérprete de la Constitución y en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; razón por la cual, la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional a través de sus fallos constitucionales adquiere fuerza vinculante y obligatoria, y es precisamente esa vinculatoriedad de los fallos constitucionales, la cual se constituye en uno de los principios procesales de la jurisdicción constitucional; razón por la cual, el Tribunal Constitucional desde sus inicios y en base a las anteriores normas que también preveían de manera expresa la vinculatoriedad, fue interpretando y desglosando dicha característica, en las SSCC 58/20021, 1310/2002-R2, 1781/2004-R3; concluyendo que el carácter vinculante de las sentencias constitucionales, implica que los poderes públicos que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la interpretación de los preceptos y principios de la Constitución, realizada por el Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones como se dijo, obligan a las autoridades, funcionarios públicos en general y a las personas particulares a cumplirlas, de manera que son obligatorias e inexcusables; posteriormente la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre4, indicó que las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general; recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre5, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios; razonamientos sobre los cuales, corresponde precisar lo siguiente:

1. i)El carácter vinculante, se encuentra en los razonamientos desarrollados en la jurisprudencia en una dimensión horizontal y vertical; así, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía;
2. ii)El carácter obligatorio, se encuentra en la parte dispositiva de las resoluciones constitucionales, mismo que debe ser cumplido por las partes procesales de forma obligatoria.