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TCP

0033/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0033/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0033/2026-CA Sucre, 2 de febrero de 2026

Expediente: 80917-2026-162-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución Administrativa (RA) 99/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 189 a 201 vta., pronunciada por el Director de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por la que promovió de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta, demandando la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Municipal Autonómica 485 de 23 de junio de 2022, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II y 298.II.31 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Resolución de la autoridad administrativa consultante

El Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante la RA 99/2025, cursante de fs. 189 a 201 vta., promovió de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta, demandando la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Municipal Autonómica 485, bajo los siguientes fundamentos:

  1. a)El Bono de antigüedad es un derecho laboral reconocido en nuestro país, que consiste en una remuneración adicional al salario básico, supeditado al tiempo de trabajo que se percibe cuando se superó los dos años de trabajo continuo e ininterrumpido. La problemática radica en la escala de porcentaje para el pago de bono de antigüedad dentro del indicado Gobierno Autónomo Municipal, cuya confusión emergió desde gestiones municipales anteriores, emitiéndose la Resolución Municipal "...1147/85 de 19 de agosto de 1987..." (sic), la Ordenanza Municipal (OM) 270/03 de 25 de noviembre de 2003, el Decreto Municipal 17/2015 modificado por Decreto Municipal 041/2019, utilizando como normativa el DS 20060 de 20 de febrero de 1984, el cual se encuentra abrogado, que establece como base de cálculo el salario mensual y la escala porcentual sectorial y diferenciada, basándose en el argumento de derechos vigentes consolidados, apreciaciones que resultan erróneas, al no considerar la normativa nacional en vigencia, que establece en su art. 298.II.31, que son competencias exclusivas del nivel central del Estado la formulación de políticas y el régimen laboral;
  2. b)Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Nacional en vigencia, regulada a través del art. 60 del Decreto Supremo (DS) 21060 de 29 de agosto de 1985, el Alcalde del referido Gobierno Municipal, por Decreto Municipal 031/2021 de 30 de julio, en su Artículo Primero se aprobó la escala porcentual para la percepción del Bono de Antigüedad destinada al personal dependiente de citado Gobierno Municipal; y, en su art. 5 del nombrado Decreto Municipal, se procedió a abrogar los Decretos Municipales 17/2015 de 30 de septiembre y 041/2019 de 9 de diciembre, que se encontraba regulado por el DS 20060, que no se encontraría vigente en el ordenamiento jurídico nacional; sin embargo, el Concejo Municipal de dicho Gobierno Municipal procedió a promulgar de oficio la Ley Autonómica Municipal 471 de 12 de noviembre de 2021, retrotrayendo lo previamente dispuesto y, posteriormente, regulando nuevamente la escala porcentual mediante el Decreto Municipal 006/2022 de 12 de abril, se adecuó la referida escala porcentual; empero, el Concejo Municipal de señalada comuna procedió a emitir la Ley Municipal Autonómica 485, que fue promulgada de oficio y publicada en la Gaceta Municipal el 9 de diciembre de 2022, abrogando todas las disposiciones contenidas en el indicado Decreto Municipal; ante el cual, realizó un cuadro comparativo de los antecedentes normativos a nivel nacional y municipal, especificando los porcentajes del bono de antigüedad y sus variaciones;
  3. c)El precepto legal ahora impugnado sería incompatible con el art. 298.II.31 de la CPE, que otorga como competencia exclusiva del nivel central del Estado las políticas y régimen laboral en el país; razón por la cual, el porcentaje de percepción del bono de antigüedad y base salarial de cálculo que se aplica a todos los sectores laborales del país se rige por la normativa nacional; sin embargo, en la actualidad existen dos normativas referentes a los porcentajes del pago de bono de antigüedad y la base de cálculo que son los arts. 60 del DS 21060 y 2 de la Ley Municipal Autonómica 485, que si bien ambas disposiciones regulan el pago del bono de antigüedad y se encuentran plenamente vigentes y son de cumplimiento obligatorio, su aplicación simultánea resulta imposible;
  4. d)El artículo cuestionado es contrario al art. 298.II.31 de la CPE, que otorga como competencia exclusiva del nivel central del estado las políticas y régimen laboral en el país, lo que se demuestra con la escala porcentual para el bono de antigüedad, establecida en el art. 60 de DS 21060, así como la base del cálculo instaurada por los arts. 13 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985 y 3 del DS 26450 de 18 de diciembre de 2001, que se constituye en la normativa nacional en vigencia y que sí es compatible con las competencias exclusivas insertas en los arts. 297.I.2 y 298.II.31 de la Ley Fundamental;
  5. e)La aplicación de la normativa impugnada podría afectar las competencias constitucionales exclusivas del órgano central del Estado, cuya inconstitucionalidad de forma paralela tendría una afectación al derecho al debido proceso, establecido en el art. 115 de la Norma Suprema, en sus elementos de legalidad y seguridad jurídica de los servidores públicos municipales, quienes posteriormente podrían verse afectados por la instauración de un proceso coactivo. De igual manera, se encuentran comprometidos los derechos patrimoniales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, configurándose un posible daño económico al Estado; asimismo, dicha situación podría dar lugar a ser pasible de procesos coactivos como consecuencia de una disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado; y,
  6. f)Al momento de la emisión de la Ley Municipal 485, se actuó sin contar con las competencias ni atribuciones constitucionales correspondientes, llegando incluso a usurpar funciones propias del Órgano Central del Estado. Tales actuaciones ilegales y contrarias a la Constitución Política del Estado, por lo que se encuentran sancionadas con la nulidad de pleno derecho, al haberse producido sin la competencia necesaria para tal efecto.

II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN

II.1. Normas impugnadas y preceptos constitucionales supuestamente infringidos

Solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Municipal Autonómica 485 de 23 de junio de 2022, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II y 298.II.31 de la CPE.

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