Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0033/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 55956-2023-112-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 289/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Freddy Chambi Chávez en representación sin mandato de William Nina Quelali contra Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 30 de abril de 2023, cursante de fs. 20 a 21, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra -actualmente radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz-, mediante Sentencia 193/2022 de 11 de julio, fue condenado por Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la referida ciudad -demandado-, a dos años y seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. El 9 de septiembre de 2022 se dispuso la ejecutoria de la Sentencia. El 12 de mismo mes y año solicitó la aplicación de sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; empero, dicha petición fue observada mediante providencia que se remitió al Auto Interlocutorio de 9 de septiembre de ese año y que fue suscrito únicamente por la Secretaria del mencionado Juzgado. Contra dicha providencia interpuso recurso de reposición el 30 de igual mes y año y, al no obtener pronunciamiento, reiteró su solicitud el 22 de noviembre del mismo año.
Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio "...cursante a fs. 524..." (sic), la autoridad demandada resolvió no dar curso a las sanciones alternativas, señalando que su aplicación es potestativa, que debió pedirse antes de que la sentencia quede ejecutoriada y que, estando firme, no es posible modificarla. A pesar de ello, el 21 de abril de 2023, por mandamiento de condena emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, fue conducido al Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento; decisión que no consideró la posibilidad de solicitar las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, siendo que cumple los presupuestos para su otorgamiento; por lo que, esta negativa lo dejó en indefensión.
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