Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2019-S2 Sucre, 25 de marzo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 24895-2018-50-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 25 de julio de 2018, cursante de fs. 730 a 733, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Gutiérrez Machicado y Gisel Gladys Pereira Gonzáles contra Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 y 17 de julio 2018, cursantes de fs. 281 a 302 vta.; y, 713 y vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los Fiscales de Materia de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos Patrimoniales Cuarta, emitieron la Resolución de Sobreseimiento de 26 de junio de 2017, dentro del proceso penal que tiene su origen en una demanda ejecutiva por cobro de dinero, argumentando no existir ardid o engaño al suscribir la minuta de préstamo de dinero de 23 de julio de 2013 con Alicia Zabala Arce, quien presentó denuncia penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, exponiendo en dicho sobreseimiento, la existencia de garantías de un inmueble y vehículo libres de gravamen, además que la documentación del motorizado de referencia se encontraba en poder de la entonces ejecutante, y existir un recibo de pago a la acreedora de 7 de febrero de 2014, entre otros aspectos.
Es así que contra la Resolución de Sobreseimiento, la querellante formuló objeción el 5 de julio de 2017, que mereció la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 450/2017 de 4 de agosto, por la que, el Fiscal Departamental de Cochabamba, ordenó a los Fiscales inferiores presentar acusación formal en su contra, en el plazo máximo de diez días, determinación que carece de motivación, congruencia y en la que se efectúa una valoración incompleta como sesgada de los elementos probatorios, limitándose a cinco elementos de prueba de un total de dieciocho colectados a lo largo de cuarenta y cinco meses de investigación, los que fueron valorados correctamente por los Fiscales de Materia, que dictaron el sobreseimiento, vulnerando de esta manera la autoridad Fiscal -ahora demandada- sus derechos fundamentales que motivan la interposición de la presente acción tutelar.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Los accionantes, alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente motivación, fundamentación y congruencia, valoración de la prueba, a la defensa y a la igualdad en la aplicación de la ley, citando al efecto los arts. 115.I, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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