Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0034/2020-CA Sucre, 19 de febrero de 2020
Expediente: 33118-2020-67-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 392079000008 de 28 de enero de 2020, cursante de fs. 121 a 128, pronunciada por el Gerente de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por la que determinó rechazar promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Gabriela Ingrid Lozada de Phillips en representación legal de la Empresa de Servicios de Ingeniería Tecnológica Sociedad Anónima (INGECORP S.A.), demandando la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Segunda de la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013 -Ley 317 de 11 de diciembre de 2012-, por ser presuntamente contraria a los arts. 297.I.4, 299.I.7 y 323 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Mediante memorial presentado el 17 de enero de 2020, cursante de fs. 1 a 8, la empresa accionante a través de su representante legal señala que, es una sociedad legalmente constituida, con matrícula de comercio 00264834, inscrita legalmente en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 246216028.
Menciona que el 18 de diciembre de 2019, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó a su empresa con la Vista de Cargo 291979000772 de 16 de igual mes y año, mediante la cual determinó, bajo la modalidad de fiscalización parcial, cargos tributarios supuestamente no establecidos por su empresa, de acuerdo a la ley tributaria, obligaciones referidas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) concernientes a los periodos fiscales de las gestión 2017.
En la señalada Vista de Cargo el SIN fijó un cargo por el IT, que según su interpretación correspondía su pago a la Gerencia GRACO Santa Cruz por la venta de dos inmuebles -en las ciudades de Nuestra Señora de La Paz y Santa Cruz de la Sierra-, siendo que se pagó de forma oportuna el Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT) a los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y de Santa Cruz respecto a ambos inmuebles; sin embargo, a pesar de haber demostrado dicha cancelación, la citada Gerencia pretende una segunda recaudación por el cobro del IT, fundamentando que desconoce el pago oportuno del IMT, invocando la Disposición Segunda de la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013 -Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que violenta y modifica el art. 8 inc. c) de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos -Ley 154 de 14 de julio de 2011-, la misma que considera inconstitucional al ser contradictoria a los arts. 323 -en lo concerniente a los principios de capacidad económica, igualdad y capacidad recaudatoria-, 297.I.4 -respecto a la competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales cuando se desee modificar un impuesto de dominio de los gobiernos autónomos-; y, el art. 299.I.7 -referente a que cualquier modificación de impuestos de dominio exclusivo de los Gobiernos Autónomos Municipales se debe realizar de manera compartida, entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales, dejando de lado el principio de jerarquía normativa que permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango-, todos de la CPE; así también vulnera y modifica el inciso c) del art. 8 de la Ley 154.
En ese contexto, alega que el cobro al que hizo referencia depende del control normativo de la disposición que demanda su inconstitucionalidad; puesto que, la Disposición Segunda de la Ley 317, sin competencia y siendo una ley temporal, modificó el alcance de la Ley 154, al restringir la potestad tributaria de los municipios y agregar en calidad de sujetos pasivos del IT a todo tipo de empresas, entre ellas a las que tenían como giro de su negocio las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores, generando una pretensión de doble recaudación por un mismo hecho imponible, lo cual afecta la capacidad contributiva y económica de los vendedores, pues se procura una recaudación adicional exagerada; además, es ilegal al inmiscuirse en la competencia Municipal, ya que con base en la Norma Suprema y las Leyes Autonómicas de los señalados Gobiernos Autónomos Municipales, su empresa debía pagar el IMT; sin embargo, el SIN en aplicación de la norma impugnada, intenta un segundo cobro sobre igual hecho generador y empleando una norma que por la naturaleza de su objeto debe ser única y exclusivamente para aprobar el Presupuesto General del Estado de la gestión 2013 y no implementar reformas tributarias, que no tienen relación con la materia, el objeto y contenido de la Ley 317.
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