Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0035/2026-RCA Sucre, 4 de febrero de 2026
Expediente: 81041-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 010/2026 de 14 de enero, cursante de fs. 277 a 278 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maritza Oro Condori contra Carlos Spencer Arancibia, Gabriela Paula Araoz López y Manuel Baptista Espinoza, Consejeros; y, Ramiro Aniceto Auza Rojas, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 13 de enero de 2026, cursante de fs. 246 a 276 vta., la accionante manifestó que interpone la presente acción de defensa contra la Resolución RR/SP 03/2025 de 24 de febrero, emitida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura y Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.- 003/2025 de 22 de agosto, que emergieron como consecuencia de una primera acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Marleny Villca Quenallata, en su condición de Jueza suplente del Juzgado Público de Familia Décimo del departamento de La Paz -hoy tercera interesada- quien también obtuvo el primer lugar en la Convocatoria Pública Nacional 03/2024 (cargos de carrera) de 28 de enero, refiriendo que:
- a)Por Memorando CM-DIR.NAL. RR.HH.-J- 543/2024 de 11 de junio, fue designada como Jueza Pública de Familia Décima del departamento de La Paz bajo el Ítem 1405 en función a la Convocatoria Pública Nacional 03/2024, emitido por el Consejo de la Magistratura;
- b)Ante su designación ejerció el cargo por más de un año y cuarenta días, tiempo en el cual no tuvo ninguna sanción disciplinaria, menos existe un informe de resultado negativo de la evaluación periódica al que se encuentra sometida de modo que implique la destitución de su cargo o el cese de sus funciones; sin embargo, de manera sorpresiva el 27 de agosto de 2025 fue notificada con el Memorando CM-DIR.NAL. RR.HH.- 003/2025 de agradecimiento de servicios; lo cual, le genera un grave perjuicio que vulnera su derecho al trabajo, a la carrera judicial, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; pues, la única forma en que podía ser destituida era a través de un proceso disciplinario, sancionatorio y/o informe negativo de evaluación; asimismo, vulnera su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y la debida y motivada fundamentación; agrega que, la Resolución y el Memorando de agradecimiento de servicios es el resultado de un procedimiento ilegal y arbitrario, debido a que los Consejeros decidieron agradecerle los servicios como si fuera personal judicial de libre nombramiento sin considerar que accedió al cargo de Jueza de carrera a través de una convocatoria por lo tanto sus derechos ya se encontraban consolidados desde el día de su posesión y no tenía carácter expectaticio como la hoy tercera interesada, quien no activó los recursos administrativos correspondientes en el momento oportuno; por lo que, no correspondía agradecer sus servicios como consecuencia de un recurso de revocatoria sino a través de los procedimientos establecidos respetando el debido proceso en su componente de legalidad y su derecho a la defensa;
- c)El Considerando II de la Resolución RR/SP 03/2025 señala que la recurrente sería la hoy tercera interesada lo que hace deducir que es el resultado de un recurso de revocatoria presentado fuera de plazo; ya que, la nombrada al haber sido notificada con el Cite: CM-URH-DP 06/2024 de 4 de julio, en la misma fecha, tenía hasta el 9 del indicado mes y año para interponer el recurso de revocatoria; sin embargo, planteó su recurso el 19 del citado mes y año, es decir después de doce días de haber fenecido el plazo, no siendo evidente aducir que no existiría una comunicación efectiva de la decisión del pleno del Consejo de la Magistratura, y menos que no exista un documento idóneo para el cómputo del plazo para la presentación del recurso de revocatoria, cuando el documento idóneo para realizar el cómputo del plazo es el acta de notificación de 4 de julio de 2024; por cuanto, no correspondía que se ingrese al análisis de fondo del recurso de revocatoria; sino, declarar su inadmisibilidad o desestimar el recurso planteado por haber operado la preclusión lo que convalidó y consintió la emisión del Memorando CM-DIR.NAL. RR.HH.-J- 543/2024;
- d)La ahora tercera interesada, a la fecha de presentación de su primera acción de defensa ya tenía conocimiento que su persona fue designada como Jueza de carrera, que obtuvo el tercer lugar en la calificación, ante lo cual la tercera interesada, no activó los recursos ordinarios ante el Consejo de la Magistratura resultando en una causal de improcedencia;
- e)La Resolución RR/SP 03/2025, en su considerando III, hizo referencia a diversas sentencias constitucionales que no son aplicables al caso concreto, por lo que la Resolución emitida por la Sala plena del Consejo de la Magistratura, objeto de esta acción de defensa, resulta arbitraria al pretender sustentar su determinación con base en la jurisprudencia con ausencia de analogía y no vinculante, lo que conlleva a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de debida motivación y fundamentación;
- f)La Resolución RR/SP 03/2025 tiene una motivación arbitraria, es incoherente con su fundamento jurídico pues, únicamente señala que la designación debe recaer sobre el postulante con el puntaje más alto desconociendo el resto de los requisitos que señala el art. 63 del Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial y sin considerar la calificación obtenida con criterios de meritocracia, la especialidad y realizando una ponderación con los deméritos que puedan tener;
- g)La Sala Plena del Consejo de la Magistratura al no ajustar sus determinaciones al procedimiento establecido además que omitió aplicar el estándar más alto de protección de sus derechos como Jueza de carrera incumpliendo de esa manera lo dispuesto en la ; y,
- h)Una acción de amparo constitucional no debería servir de fundamento para que se ejecute un agradecimiento de servicios arbitrario, más aun cuando su persona era una servidora judicial institucionalizada con derechos consolidados tras un proceso de preselección que desempeñó ejerciendo sus funciones como Jueza de carrera de manera eficaz y eficiente sin que existan razones legales para cesar y/o agradecer sus servicios como Jueza.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
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