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TCP

0035/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de enero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0035/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58871-2023-118-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 162/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 464 a 474 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Limber Medina Arteaga, contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura; Shirley Jazmi Pérez Velásquez y Alejandro Mujica Arias, Jueces Disciplinarios Primero de la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 23 y 26 de mayo de 2023, cursantes de fs. 357 a 362; y, 365 a 369 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso disciplinario seguido contra su persona por la comisión de la falta disciplinaria establecida por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, el entonces Consejero ahora coaccionado emitió la Resolución JD1 85/2021 de 24 de noviembre, por la cual fue sancionado con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes.

El proceso iniciado contra su persona deviene de un proceso civil caratulado "NOGALES c/PATIÑO" el cual se encontraba en ejecución de sentencia; sin embargo, tras la interposición de una acción de libertad se emitió la Resolución 236/2020 de 11 de octubre, misma que concedió la tutela y dispuso la nulidad de obrados "...hasta las notificaciones, (...) hasta el auto de admisión..." (sic) de la demanda, como consecuencia de ello se pronunció la Resolución 201/2020 de 12 de igual mes, para proseguir actuados; no obstante, en revisión se emitió la , que revocó la Resolución 236/2020.

Bajo ese antecedente, se inició el proceso disciplinario contra su persona por una supuesta retardación -procesal- de dos años, sin considerar que se interpuso una acción de libertad en un proceso civil, lo cual no correspondía. Al efecto, el Auto de admisión de 31 de enero de 2018, del proceso disciplinario señala que: "evidenciándose las irregularidades realizadas por Limbert Medina Arteaga (...) el proceso fue anulado por decisión del Juzgado 2do de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto por medio de la Acción de Libertad, presentado a instancias de Julio Marin Duran Hasta fs. 55 el Juez vuelve a admitir la demanda de mejor derecho de propiedad contra Jorge Patiño de Villegas Sonia Miriam Barios Pasten y personas indeterminadas mediante auto de 12 de octubre de 2020; pero para entonces estaba anoticiado formalmente que el Sr. Jorge Patiño Villegas había fallecido el 26 de abril de 2018..." (sic). Sobre la base de la denuncia presentó prueba contundente que demostró que ya no existía Auto de admisión; más aun, cuando la Resolución 201/2020, fue modificada por la Resolución 23/2021 de 15 de enero; por lo que, debió considerarse a quienes interpusieron la acción de libertad y posterior a ello recién a los que en derecho corresponda.

La Resolución JD1 85/2021, sostuvo que desde el Auto de admisión de 31 de enero de 2018, hasta el 5 de febrero de 2020, transcurrieron más de dos años -se entiende de retraso- que hubiese generado responsabilidad a su persona; sin embargo, no consideró que ese Auto de admisión fue declarado nulo en razón de la Resolución 236/2020, emitida dentro de una acción de libertad -interpuesta por Julio Marín Durán- contra el accionante, por consiguiente no existió un principio ni un final para realizar dicho cómputo. Asimismo, en el desarrollo del proceso disciplinario aclaró al Juez ahora coaccionado que existía una resolución en grado de revisión advirtiendo la posibilidad de darse una revocatoria.

A pesar de dichos argumentos, formuló recurso de apelación al superior en grado, denunciando la incongruencia entre lo investigado, la decisión asumida y la falta de valoración de la prueba; al efecto, se pronunció la Resolución TSI-AP 98/2022 de 11 de marzo, pronunciada por los entonces Consejeros ahora accionados. Refiere que esa determinación no consideró ni arrimó la , por la cual se revocó la determinación de nulidad; más aun, en vía de aclaración y complementación en vez de pronunciarse ante un debido proceso se vulneró el mismo y se respondió con otros argumentos, vulnerando así los arts. 15 y 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la seguridad jurídica; así como, al principio de congruencia en relación a la falta de "fundamentación y motivación"; citando al efecto los arts. 46, 109, 115, 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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