Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58013-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 115/2023 de 03 de agosto, cursante de fs. 167 vta., a 171 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Paz Soria en representación de Industrias Belén Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 y 18 de julio de 2023, cursantes de fs. 43 a 54; y, 64 y vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción En el mes de julio de 2020, la empresa Industrias Belén Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), por causa de fuerza mayor y ante significativas pérdidas económicas, determinó el cierre de determinadas líneas de producción y, en consecuencia, procedió al despido de trabajadores; estos últimos denunciaron su desvinculación ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, obteniendo conminatorias de reincorporación a su favor; ante dicha determinación, su mandante interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo mediante la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/FRC/RR 093/2020 de 27 de octubre, por la cual se dispuso revocar totalmente las referidas conminatorias de reincorporación y declinar competencia, al evidenciarse la existencia de hechos controvertidos que ameritan actividad probatoria en sede jurisdiccional; no obstante, el 16 de noviembre de 2020, los trabajadores interpusieron recurso jerárquico contra la citada resolución administrativa, el cual fue resuelto mediante la Resolución Ministerial (RM) 745/20 de 23 de diciembre. En ese sentido, toda vez que la empresa Industrias Belén Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) no había sido legalmente notificada en la fase administrativa, interpuso acción de amparo constitucional, la cual mereció la , que dispuso revocar la Resolución 23/21 de 24 de febrero de 2021, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y, en consecuencia, conceder la tutela a favor de la empresa Industrias Belén Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), dejando sin efecto la citada RM 745/20, y ordenando que, en su lugar, se emita una nueva, previa notificación del recurso jerárquico planteado por los trabajadores. Una vez reparado el derecho a la defensa mediante la notificación con el recurso jerárquico, se emitió la nueva RM 1404/22 de 1 de noviembre de 2022, que resolvió confirmar totalmente la RA JDTSC/FRC/RR 093/2020 de 27 de octubre y, en consecuencia, revocar totalmente las Conminatorias de Reincorporación Laboral 094/2020 de 25 de agosto, 095/2020 de 26 de agosto y 098/2020 de 28 de agosto; asimismo, declinó competencia ante la Judicatura Laboral. Sin embargo, posteriormente, mediante RM 785/23 de 22 de mayo de 2023, la Ministra demandada resolvió revocar parcialmente la RA JDTSC/FRC/RR 093/2020 de 27 de octubre, conminando a la empresa Industrias Belén Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) a proceder a la reincorporación inmediata de determinados trabajadores, más el pago de sus derechos sociales y laborales hasta el día de su reincorporación; asimismo, dispuso que los trabajadores que no fueron señalados acudan directamente a la instancia jurisdiccional competente, a efectos de hacer valer los derechos que les correspondan. En consecuencia, una vez notificada con la indicada Resolución Ministerial, el 7 de junio de 2023, solicitó a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social aclaración y complementación, petición que fue resuelta mediante providencia de 20 del mismo mes y año, declarándola improcedente. Por todo lo expuesto, se evidencia que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al emitir la Resolución Ministerial 785/23 de 22 de mayo de 2023, vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, puesto que resolvió una controversia sin respetar sus propios precedentes. Si bien es cierto que dicha entidad puede modular los razonamientos legales de sus decisiones, en tal caso debe fundamentar y motivar las razones que condujeron al cambio del antecedente administrativo. En primera instancia, mediante la RA JDTS/FRC/RR 093/2020 de 27 de octubre, se revocó totalmente la Conminatoria de reincorporación laboral; y esta decisión fue confirmada en grado jerárquico a través de la RM 1404/22 de 1 de noviembre. En dichos actos, se declinó de competencia bajo el fundamento de que el hecho sometido a su conocimiento y las pruebas aportadas requerían de una etapa probatoria ante instancia jurisdiccional, tomando como criterio concordante el , emitido por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, estas decisiones no fueron respetadas por la RM 785/23, impugnada mediante la presente acción de tutela, puesto que en la misma la autoridad demandada cambia su decisión de fondo y se considera competente, sin exponer razonamientos lógico-jurídicos que sustenten la modulación de sus resoluciones. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH); y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia:
- a)Se deje sin efecto la RM 785/23 de 22 de mayo de 2023, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y,
- b)Ordene al Ministerio de Trabajo que emita nueva resolución respetando su competencia de acuerdo al AS 95 del 11 de agosto, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo del Justicia.
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