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TCP

0036/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0036/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2019-S4 Sucre, 1 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción popular

Expediente: 26714-2018-54-AP Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 281 vta. a 284 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Julián Cruz Veizaga y Luis Veizaga Gutiérrez, Secretarios Ejecutivo y General, respectivamente, de la "Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical"; Andrés Gonzales López y Reynalda Escalera Rodríguez, ambos Secretarios Generales de la Central de Colonizadores Ivirgarzama; y, Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra representante legal de la Empresa Técnico Constructora y de Servicios Olmedo Limitada (Ltda.) contra Julia y Pascual ambos Orellana Medrano, Félix Siles Colque, Emilio Escalera Medrano, Wilder Jhonny Cáceres Coca, Juanito Almanza y Walter Medrano Coca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2018, cursante de fs. 135 a 141 vta., los accionantes manifiestan los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La "Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical", la Central de Colonizadores Ivirgarzama, que representan, conjuntamente a la Unión de Hortaliceros del Trópico (UNIHORT) y la Empresa Técnico Constructora y de Servicios Olmedo Ltda., todos del departamento de Cochabamba, son coposeedores desde hace más de diez años de un predio denominado "Alba Rancho" con una extensión de 315 ha, posesión que ejercen con autorización del propietario Olmedo Ltda.

Sin embargo, el citado predio ocupado por las organizaciones indígenas originario campesinos que representan, fue objeto de un ilegal proceso de saneamiento, que concluyó con la Resolución Suprema (RS) 10188 de 17 de julio de 2013, misma que fue anulada al igual que el proceso de saneamiento, merced a distintos procesos judiciales y constitucionales que realizaron de manera separada, tal como se tiene de:

  1. a)La acción popular interpuesta por UNIHORT, en la se obtuvo la y el Auto complementario , concediéndole la tutela y disponiendo "La nulidad de todo el proceso de saneamiento en el que se dictó la RS 10188 de 17 de julio de 2013" (sic);
  2. b)El proceso contencioso administrativo interpuesto por la Central de Colonizadores Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, impugnando la citada RS 10188, en el que se dictó la Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 40/2017 de 13 de abril, que determinó declarar su nulidad; y,
  3. c)La acción popular presentada por la "Federación Sindical de Colonizadores Carrasco Tropical", que mereció la , que dispuso anular el proceso de saneamiento y dicha Resolución Suprema.

Siendo que el ejercicio de la posesión que reclaman no tenía obstáculo alguno, procedieron a realizar construcciones de orden comunitario en los mencionados terrenos, como ser la edificación de la sede sindical mediante un trabajo comunal conforme a sus usos y costumbres; sin embargo, del 4 al 12 de noviembre de 2018, los demandados y un grupo de personas, de forma abusiva y arbitraria procedieron a destruir dichas construcciones, cometiendo actos de sabotaje y obstaculización, quema de pastizales, amedrentamiento y discriminación evitando que hagamos uso y disfrute de la posesión de los predios, hechos que constituyen vías de hecho que fueron denunciados a la Policía Boliviana como consta en informe policial respectivo.

La justicia constitucional tutela los derechos posesorio y de propiedad ante la existencia de vías de hecho, así se tiene en casos que merecieron las , , , , , mismas que reconocen la posibilidad de demandar mediante acción de amparo constitucional tratándose de afectaciones de orden individual; de igual forma, las afectaciones a derechos e intereses colectivos, entre ellos sus derechos a la posesión colectiva de tierras y territorios y a la autodeterminación y territorialidad, deben ser tutelados a través de la acción popular, así se desprende de la jurisprudencia constitucional plasmada en las , , ; acción de defensa en la que no rige el principio de subsidiariedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos de posesión colectiva de tierras y territorios, a la autodeterminación y territorialidad en su elemento posesión de territorio, a la libre determinación, citando al efecto los arts. 30.II núm. 4 y 6 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que los demandados y los avasalladores no identificados se abstengan de realizar actos de obstaculización sobre la posesión que tienen sobre las 315 has.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 280 a 281 vta., encontrándose presentes los peticionantes de tutela asistidos de su abogado, Julia Orellana Medrano, Emilio Escalera Medrano, Wilder Jhonny Cáceres Coca y Walter Medrano Coca, asistidos de sus abogados, ausentes Pascual Orellana Medrano, Félix Siles Choque y Juanito Almanza, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, a tiempo de ratificar los términos expuestos en su memorial de acción popular y ampliándola manifestaron que:

  1. 1)No se pretende a través de esta acción tutelar que se defina el derecho propietario ni el esclarecimiento de falsedad alguna de informe policial;
  2. 2)No existe respecto al predio trámite administrativo pendiente; y,
  3. 3)Se demanda la existencia de hechos violentos contra la posesión que ejercen los pueblos indígenas de Carrasco e Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y, solicitaron se disponga que cesen los actos de avasallamiento y se condene en costas a los demandados.

En uso de su derecho a la réplica, señaló que se encuentran identificadas las personas que encabezaron los grupos sociales y no se está demandando la posesión sino que se evite perjudicar y perturbar la misma, que ya se encuentra reconocida por los fallos constitucionales que se adjuntan; asimismo, la Ley Fundamental reconoce la interculturalidad, lo que permite a los pueblos indígena originario campesinos ejercer su auto identificación en los terrenos adquiridos.

I.2.2. Informe de las personas demandadas

Pascual y Julia ambos Orellana Medrano, Emilio Escalera Maldonado, Félix Siles Colque, Walter Medrano Coca, Wilder Jhonny Cáceres Coca, presentaron escrito de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 276 a 279 vta., manifestando lo siguiente:

  1. i)Son también campesinos oriundos de Alba Rancho del departamento de Cochabamba y representantes de organizaciones sociales;
  2. ii)No se trata de derechos comunitarios sino individuales, siendo que conforme a la , respecto a los intereses colectivos y difusos tienen como característica ser transindividuales e indivisibles; protegiendo la acción popular derechos colectivos específicos que son presupuestos para su activación;
  3. iii)Adjuntaron documentación que demuestra su condición de representantes de comunidades indígenas originarias campesinas de la zona donde se encuentra el predio en conflicto ubicado en el distrito 9 de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba;
  4. iv)Si los impetrantes de tutela compraron el bien, debieron pedir al vendedor la evicción y saneamiento de ley;
  5. v)Los informes policiales fueron prefabricados por Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra, para amedrentar a los comunarios que cumplen la función social;
  6. vi)Respecto al derecho posesorio, adjuntaron documentación que demostró el ejercicio desde 1954, cuando el Ministerio de Asuntos Campesinos ordenó la entrega de los predios a los campesinos de Alba Rancho del referido departamento, hallándose su derecho de posesión inscrito en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) desde 1966;
  7. vii)Asimismo, cursa la Resolución Administrativa (RA) USC 325/2018 de 16 de agosto, contra la que los ahora impetrantes de tutela, interpusieron recurso jerárquico, que fue rechazado, por lo que ahora pretenden activar la vía constitucional, siendo que esta es de última ratio, y debieron solicitar medidas precautorias ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA);
  8. viii)Existe querella instaurada por Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra, dirigida contra todos los ahora demandados excepto contra Walter Medrano Coca, instancia en la que se establecerá la autoría, siendo que la ley especial aplicable es la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 d4e 18 de octubre de 1946-; y,
  9. ix)La Escritura Pública del supuesto propietario del predio Olmedo, no constituye sino un compromiso de venta y el resto de transferentes al supuesto propietario son inexistentes, por lo que las ventas realizadas a las organizaciones sociales a partir de dicho derecho propietario constituyen una estafa.

En audiencia a través de sus abogados, señalaron que:

  1. a)Los accionantes pretenden hacer ver como avasalladores a las personas que viven y se encuentran asentadas hace años atrás, pidieron estimen a profundidad quienes viven en el predio "Acirumarca" y "Alba Rancho" y donde se encuentra el terreno en cuestión; ya que, está inscrito en DD.RR. desde 1996;
  2. b)Las organizaciones sociales que se encuentran en posesión y realizan pastoreo en el lugar, fueron las que sufrieron la quema de pastizales; asimismo, siendo que Olmedo es uno de los impetrantes de tutela, la audiencia debió llevarse a cabo en ese lugar;
  3. c)La acción de defensa que se pretende no se encuentra establecida para reclamar la posesión; asimismo, se debe entender por pueblo originario a aquel que se encuentra asentado en su territorio ancestral con una sola lengua, y en el presente caso, los peticionantes de tutela no son originarios de "Alba Rancho" sino del trópico y hubiesen comprado terrenos con el permiso de una empresa que se dedica a construcciones; y,
  4. d)Se observa falta de legitimación pasiva ya que debió demandarse a todos los dirigentes de las comunidades y no a unas cuantas personas; con tales argumentos, pidieron se deniegue la acción tutelar ya que los predios se encontrarían en etapa de saneamiento y la acción tutelar no es subsidiaria para determinar actos de posesión.

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