Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA PLENA Magistrada: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 23192-2018-47-CCJ Departamento: Chuquisaca Partes: Concejo de Caciques de la Marka Payaqullu San Lucas, Nación Qhara Qhara, de los Ayllus de Jatun Kellaja, LLajta Yucasa, Cantu Yucasa y Asanaque y Tribunal de Sentencia, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Camargo, ambas instancias jurisdiccionales del departamento de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la que declaró competente al Tribunal de Sentencia, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, para conocer y resolver el proceso por la supuesta comisión de los delitos de "...ASESINATO EN GRADO. COMPLICIDAD E INSTIGACIÓN EN EL DELITO DE ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA" (sic), argumentando que si bien concurren los ámbitos de vigencia personal y territorial de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC); empero, no concurre el ámbito de vigencia material, por cuanto la denuncia formulada por René Ameller Baspineiro, se trata de "...la presunta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa", y que el "...art. 10.II inc. a) de la LDJ, excluye de la precitada jurisdicción (...) los delitos de asesinato u homicidio..." y que además "...a partir de las normas y procedimientos propios de la Nación Qhara Qhara, se tiene que el delito de asesinato, tampoco está comprendido dentro de los conflictos que ancestralmente conocen y resuelven a través de sus autoridades (Concejo Cacique)".
Por otra parte, argumenta que:
...los bienes jurídicos presuntamente afectados (la vida e integridad física del denunciante dentro del proceso penal), no son de interés particular de la comunidad de Ocurí ni para la Nación Qhara Qhara; en tal contexto, la protección y resguardo de la vida e integridad física como bienes jurídicos, son de interés de la sociedad mayoritaria y del Estado Plurinacional Boliviano, pues la vida constituye uno de los bienes más preciados para los seres humanos; por lo que resulta razonable que a partir de su resguardo se establezca una restricción para la jurisdicción IOC...
Por consiguiente, "...corresponde declarar competente a la jurisdicción ordinaria para conocer el proceso penal por la presunta comisión del delito de asesinato (en los diferentes grados de participación)". Al respecto, considera que la , debió declarar competente a la JIOC, conforme a los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
II.1. El estándar jurisprudencial más alto respecto al derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ejercer sus sistemas jurídicos
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las y , en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional, esto es aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubieren cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice. Así, tratándose de los conflictos de competencias jurisdiccionales, si bien se discuten las competencias de las diferentes jurisdicciones, por lo que, aparentemente, no existiría vinculación alguna con un derecho; sin embargo, es evidente que dicho conflicto, tratándose de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC), precautela, por una parte, el principio de igualdad jerárquica previsto en el art. 179.II de la CPE, que establece que: "...La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía..."; por otra parte, a través del conflicto de competencias, también se garantizan los derechos de las NPIOC a ejercer sus sistemas jurídicos contenido en el art. 30.II.14 de la Constitución Política del Estado (CPE) y a la libre determinación previsto en el art. 30.II.2 y 4 de la referida Norma Suprema; finalmente, desde la perspectiva individual, es evidente que con el conflicto de competencias, también de manera indirecta, se resguarda el derecho al juez natural en su elemento competencia; puesto que, toda persona tiene derecho a ser juzgada por una autoridad competente -de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental o indígena originaria campesina-. En ese sentido, para la definición de qué jurisdicción es competente, se deben considerar los precedentes que contienen el estándar más alto con relación a los derechos antes anotados; más aún, si se considera que las NPIOC, en el marco de nuestro Estado Plurinacional y el pluralismo jurídico igualitario, sobre la base del derecho a la libre determinación, definen libremente sus sistemas jurídicos; es decir, sus normas, procedimientos, autoridades e instituciones; así como, la aplicación al caso concreto de sus normas; la cual, solo está limitada por las normas del bloque de constitucionalidad, y en ese ámbito, por los derechos humanos, sobre la base de una interpretación intercultural.
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