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TCP

0037/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0037/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2026-O Sucre, 5 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 62687-2024-126-AAC Departamento: Chuquisaca

La queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor de edad NN; Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos de apellidos Meneses Vaquila; y, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses contra Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y José Antonio Revilla Martínez, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 3 de julio de 2025, cursante de fs. 1032 a 1037, Marlene Judith Isla Arando -parte accionante en la acción de amparo constitucional, hoy activante de queja- refirió que en dicha acción de defensa que interpuso a nombre de su hijo menor de edad NN, quien se encuentra en situación de extrema pobreza y de múltiple vulnerabilidad, denunció que el , dictado por los entonces Magistrados accionados, de manera discriminada excluyeron al niño -citado menor de edad- de la sucesión hereditaria y otorgaron un trato diferenciado arbitrario con relación a sus tres hermanos concebidos durante una unión matrimonial, que tiene una connotación mayor por la situación de extrema pobreza y de múltiple vulnerabilidad en la que se encuentra, que fue concedida, por Resolución 0043/2024 de 14 de marzo, estableciendo la garantía de no repetición.

La citada decisión, fue confirmada por la , respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; además, por afectación del principio de verdad material -en cuanto a la valoración de prueba-, abordando diferentes enfoques de Derechos Humanos; y, en el análisis del caso concreto relativo al menor de edad NN, señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional al advertir el reclamo de un menor en infancia escolar que innegablemente pertenece a un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, debe asumir en su verdadera dimensión el rol de precautela, el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales, porque debe adoptar el enfoque generacional que permitirá analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con la edad, verificando si se cumplieron los estándares internacionales e interés respecto a niñas, niños y adolescentes, que de incumplirse genera responsabilidad internacional del Estado, añadiendo que el debido proceso en prevalencia del principio de razonabilidad, busca resguardar el predominio de valores plurales y principios rectores del orden constitucional, entre ellos, el de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación e interés superior; por lo cual, la decisión evidencia dos aspectos esenciales que el Tribunal Supremo de Justicia debe cumplir:

"(i) La transacción realizada por el padre del niño accionante y la alegada cosa juzgada en vía ordinaria, no puede ser realizada desde una igualdad formal y desde una visión netamente civilista, sino debe considerar el principio de interés superior del Niño, pero no en abstracto, sino en el caso concreto; y,

(ii) Para analizar el Interés Superior del Niño en concreto, de manera necesaria debe considerarse la situación y las necesidades personales del niño accionante, solo así se determinará si la transacción realizada en vida por su padre, más allá de cumplir con la normativa civil o familiar, afecta o no el interés superior de ..." (sic); y, con base a ello alegó que de la lectura del -dictado supuestamente en cumplimiento de la -, se observó que se hizo una transcripción literal de la decisión que fue dejada sin efecto y que los institutos de naturaleza civil que se analizaron, como la transacción y la cosa juzgada, se invocaron de manera general; por lo que, omitió considerar la circunstancias particulares del menor de edad NN, como ser la condición de extrema pobreza de su madre, su concepción y gestación en el momento de la transacción, las relaciones asimétricas de poder entre su progenitora, la madre de sus hermanos y esos últimos que se encontraban y encuentran en situación de evidente ventaja económica; su desprotección y abandono por parte de la familia paterna, entre otros aspectos que en el citado fallo constitucional, se dispuso debían ser considerados para justificar si la transacción y cosa juzgada con relación a los bienes del padre del niño -menor de edad NN- eran o no compatibles con su interés superior; por lo que, el Auto Supremo desarrolló el interés superior in abstracto , como si fuera una formalidad y no razonó ni justificó la prevalencia del interés superior del niño, desde la situación de vulnerabilidad, incumpliendo la .

Refirió que si se contrastaría lo resuelto en la , con el , es evidente que la decisión no consideró la situación de las necesidades personales del menor de edad NN; es decir, su condición de múltiple vulnerabilidad -su situación de haber nacido a diferencia de sus hermanos en el seno de una familia diversa, que no deviene de un vínculo matrimonial y su condición de extrema pobreza-, como se evidenció del informe biopsicosocial que se adjuntó a la acción de amparo constitucional. Además, el referido Auto Supremo, no consideró los criterios A y B de la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño, al no hacerse una evaluación y determinación del interés superior del niño invocando una mera formalidad; además, incumplió también el análisis de todas las circunstancias del hecho referente al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido en concreto y la manera en que se ponderaron y si la solución atendida resuelve ese interés superior, bajo una ponderación del enfoque interseccional y así cumplir con la carga argumentativa.

Expresó que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que el Documento Privado de Capitulación Matrimonial, suscrito por el padre del menor de edad NN, no solo debe ser justificado desde una perspectiva de las reglas civiles o familiares, sino que los entonces Magistrados accionados debían justificar si ese acuerdo y la decisión de su padre protegía de la mejor manera al niño -citado menor de edad-, aspecto esencial del Estado, lo cual fue omitido, como la aplicación del test de proporcionalidad, respecto al estado múltiple de vulnerabilidad, el interés superior, los derechos y el hecho ante la situación del niño por sobre el referido Documento de Capitulación Matrimonial, bajo las garantías reforzadas; solicitando por lo expuesto, se declare ha lugar la denuncia formulada.

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