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TCP

0037/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de enero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0037/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58881-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 160/2023 de 17 de octubre, cursante a fs. 73 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez contra Marcos Eugenio Dorado Martínez.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 10 de octubre de 2023, cursantes de fs. 40 a 48 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es copropietaria legítima de un lote de terreno urbano ubicado en el Cerro Churuquella de la ciudad de Sucre, con una superficie de 1 832,49 m², derecho inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, asiento A-7, adquirido por sucesión hereditaria conforme al Testimonio 075/2022 de 25 de marzo, con antecedente en el Testimonio 416 de 21 de diciembre de 1956 y que además de encontrarse su derecho propietario plenamente registrado dicho lote se encontraba delimitado con postes y alambre de púas.

Manifestó que, a principios de "abril" de 2023, recibió una llamada telefónica del hoy accionado, quien le anunció que realizaría trabajos de movimiento de tierra e ingresaría maquinaria pesada en la parte norte de su terreno, alegando contar con derecho propietario; no obstante, de haberle indicado que su lote de terreno se encontraba debidamente delimitado, el ahora accionado insistió de manera grosera en ingresar al terreno.

Indicó que el 24 de abril de 2023, por la mañana, fue alertada por vecinos de la presencia del hoy accionado en su propiedad junto a una excavadora y una volqueta, constituyéndose de inmediato en el lugar. En dicha ocasión, el ahora accionado sostuvo que el alambrado debía ser recorrido, sin exhibir documentación alguna que respalde su pretensión, mientras que la accionante sí mostró sus títulos de propiedad. Ante la advertencia de llamar a la "policía", el hoy accionado se comprometió a no afectar los postes ni el alambrado y a trabajar solo en el terreno que afirmaba ser de su propiedad.

Relató que, confiando en dichas manifestaciones, se retiró del lugar; no obstante, el 29 de abril de 2023, por la mañana y aprovechando su ausencia por encontrarse en la ciudad de Cochabamba, el ahora accionado procedió a voltear y desplazar los postes y el alambrado, retiró el letrero de propiedad privada e ingresó con maquinaria pesada a su lote de terreno, invadiendo aproximadamente 2 metros de frente por 9 metros de fondo en el sector colindante a la calle sin denominación y 2 metros por 10 metros en la parte posterior, afectando una superficie aproximada de 38 m².

Señaló que, a principios de "mayo", al reclamarle por dichos actos, el ahora accionado negó su derecho propietario, afirmó que esa fracción de lote de terreno le pertenecía, desacreditó su documentación y la amenazó, indicándole que ahora él era el dueño.

Indicó que, el Informe de Coordenadas del GAM de Sucre -Predio Sector 1A- acreditó que la propiedad colindante correspondía a "Natividad Rojas Chura de Baldivieso", demostrando que el ahora accionado no era colindante ni tenía derecho alguno sobre el terreno invadido.

Manifestó que, a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, el ahora accionado había cercado la fracción de lote de terrero invadida con nuevos postes y alambre de púas, impidiéndole ejercer su derecho de uso, goce y disfrute, configurándose una lesión consumada y un daño irreversible debido al movimiento de tierras realizado.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

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