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TCP

0038/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
12 de marzo de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0038/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2019-S3 Sucre, 12 de marzo de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 25077-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 5/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 221 a 223 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA y COMERCIO Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) a través de sus representantes Wilber Cuba Gonzales, Julisa Irene Duran Serrano, José Luís Camacho Algarañaz, José Luís Rodríguez Pachuri, Mary Romina Gutiérrez Gutiérrez y Dayo Rodrigo Tacuri Choquevillca contra Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 37 a 45 la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA y COMERCIO S.R.L. fue coaccionado por el SENASIR a que acepten como propias deudas de otra empresa denominada RIDEPAR Limitada (LTDA), bajo el fundamento que ambos tienen un mismo número patronal, siendo amenazados con procesos judiciales, embargo de bienes y congelamiento de cuentas; empero, no existe vinculación jurídica alguna con la mencionada empresa, ese falso argumento no cumple con el principio de legalidad ni congruencia y atenta contra el principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Caja Nacional de Salud (CNS) es la única institución titular para asignar los números patronales a momento que una empresa solicita su afiliación; consiguientemente, es una ilegalidad pretender cobrarles deudas que no les corresponden, vulnerando su derecho de petición y principio de seguridad jurídica.

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