0038/2020-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0038/2020-RCA Sucre, 12 de febrero de 2020

Expediente: 32957-2020-66-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 23 de diciembre de 2019, cursante a fs. 255 a 256, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Estrada Flores, Rogelio Yucra Calle, Carlos Andrés Quispe Carrillo, Margarita Quispe Vda. de Quispe, Ángel Quispe Calizaya, Emilio Freddy Blacutt Villegas, Isabel Guayhua de Uscamayta, Genaro Lucas Mendoza, Fabián Quispe Rodríguez, Esteban Vegamonte Ruiz, José Corahua Puma, Nidia Malena Baldivieso Ramallo, Cristian Pacara Copali, Oscar Tangara Huarachi, Agustina Casilla Jamira, Carla Raquel Becerra Domínguez, Jorge Mamani Acevedo y Bernabé Patricio Quispe Callisaya contra Héctor Montaño, Alcalde; Willy López Mamani, ex Alcalde; José Isaac Terán, Secretario General; Wilber Oporto Espinoza, Director de Planificación; Marcelo Dávila, ex Director de Urbanismo; y, Daniel Cesar Meneses Catorceno, ex Director Jurídico, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 13 y 20 de diciembre de 2019, cursantes de fs. 229 a 235, 248 a 250 vta.; y, 253 y vta., respectivamente, la parte accionante refiere que adquirieron en calidad de venta lotes de terreno de propiedad de la Sociedad "Flores Bolivianas Sociedad Anónima" (FLOBOL S.A.), a través de sus apoderados Alberto Heredia Tordoya, José Luis Álvarez Lira y Jorge Raúl Obando Stemberg, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula Computarizada 3.09.0.10.0003262, al ver que ese terreno no tenía ninguna observación les dio certeza que era libre y alodial.

Al contar con los documentos de transferencia, iniciaron la construcción de sus casas, como es el sueño de toda persona; sin embargo, el 3 de octubre del indicado año, sin que se haya iniciado una demanda judicial o proceso administrativo en contra de sus personas, los funcionarios municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, procedieron a la demolición de sus viviendas, incurriendo en vías de hecho, pues no tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, constituyéndose en un abuso contrario al orden constitucional, pues se ejercicio justicia por mano propia, actos ilegales en los que se ha prescindido de los mecanismos institucionales que corresponde, privándoles de contar con una vivienda, lo cual afecta sus vidas y les genera inseguridad, estando ausente la protección del Estado. Arguyen que, desconocen alguna disposición municipal que prohíba construir en ese lugar, tampoco existe un reglamento que hubiese sido publicado en la gaceta oficial. Invocaron el art. 201 del Código Civil (CC), para sostener que el derecho a construir, es una forma de ejercicio del derecho a la propiedad privada. Al lograr la transferencia de esos terrenos de su anterior propietario y efectuar la construcción de sus viviendas de manera pacífica y legal, demostraron la posesión y dominio público sobre los mismos, no obstante de que sus documentos no estuviesen inscritos en la Oficina de DD.RR., afirmando que son poseedores y dueños de las construcciones, haciendo notar que la titularidad es distinta al dominio público, en su caso explicaron que el titular de esos terrenos es la empresa FLOBOL S.A. que tiene registrado su derecho propietario en la Oficina de DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 3.09.0.10.0003262, sin que se tenga conflicto alguno. Finalmente señalan que, al haber sido afectados con la demolición de sus construcciones, vulneraron sus derechos a la vivienda digna, a la propiedad privada y al debido proceso en su elemento a la defensa.

I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Consideran lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a la vivienda digna, a la propiedad privada y a no recibir sanción sin proceso previo; citando los arts. 19, 56, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene la nulidad del acto de demolición de sus construcciones y la reparación de sus derechos conculcados, sea con responsabilidad civil para quienes lo realizaron y autorizaron.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional