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TCP

0038/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de enero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0038/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58883-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución AAC 144/2023-SCII de 19 de octubre, cursante de fs. 608 a 612, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorenzo Rueda Castillo contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, -ex- Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de memorial presentado el 22 de septiembre de 2023, cursante de fs. 538 a 546, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso civil de usucapión decenal o extraordinaria, nulidad de declaratoria de herederos y cancelación de registro -sobre el lote de terreno 158, con una superficie de 420 m2, ubicado en Av. San Martín entre calle Jorge Tassakis y 24 de Julio del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija-, seguido en su contra -accionante- y de sus hermanos, por Elba Rivero Párraga de Romero y Pablo Romero -ahora terceros interesados-, formularon reconvención demandando reivindicación del mismo, dando lugar a la Sentencia de 21 de marzo de 2022, que declaró improbada la demanda principal, probada la reivindicación e improbado el pago de daños y perjuicios, y dispuso la desocupación de los hoy terceros interesados del referido bien inmueble. Habiéndose planteado recurso de apelación por los nombrados, fue resuelto por Auto de Vista 132/2022 de 18 de noviembre, que revocó en parte la mencionada Sentencia recurrida y declaró probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, y sin lugar a la reconvención.

Contra dicha determinación, formuló recurso de casación, siendo resuelto a través del , emitido por los ex Magistrados hoy accionados, quienes de manera ilegal y arbitraria declararon infundado el mencionado recurso, sin fundamentación, motivación ni congruencia, puesto que:

  1. a)Incurrieron en una interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, vinculada al error de hecho y derecho de la prueba en virtud de los arts. 90, 138 y 1286 del Código Civil (CC), concordantes con los arts. 134 y 145.I y II del Código de Procedimiento Civil (CPC); y, 115.I y II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); en razón a que:
  2. 1)Según los hechos y la prueba admitida, los hoy terceros interesados no demostraron la posesión como establecen los arts. 87.I y 138 del CC, sino tenían la condición de tolerados por la amistad y familiaridad que existía con ellos, sin que jamás hubieran introducido mejoras al lote en cuestión, respecto del cual tuvieron la condición fue de detentadores; así como, tampoco se hubiese definido ni establecido el inicio de la supuesta posesión, ni cómo esta fue útil, continua, pública, pacífica e ininterrumpida, cuyo derecho propietario con registro se encuentra debidamente consolidado a su favor, y con inscripción catastral todavía a nombre de Eustaquio Rueda Fernández -su padre fallecido-, sin que además se tenga por acreditados ni demostrados los elementos de la posesión -corpus posessionis y animus possidendi-; y,
  3. 2)Los ahora terceros interesados manifestaron que desde el 26 de marzo de 1989, venían ocupando el lote de terreno señalando textualmente: "...lamentablemente desde que entramos a poseer dicho terreno, pese a nuestras constantes insistencias y rogativas no pudimos inicialmente hacernos instalar los servicios de agua y luz en dicho terreno, esto debido a que no contábamos con ningún título de propiedad, requisito que nos exigían para acceder a dichos servicios" (sic), cuando los servicios básicos constituyen un derecho fundamental que ninguna institución puede negar, más aun sobre un bien inmueble ubicado en el centro de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, siendo ilógico, irracional y precario habitar un terreno sin los mismos, y con artificios, engaños y falsedad se logró la instalación de agua potable y energía eléctrica a nombre de la hoy tercera interesada el 2009 y el empadronamiento municipal el 2010, cuando en ese último registro figuraba como titular su difunto padre en el Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba de ese departamento, en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) y otras entidades; por lo que, su condición de detentadores -hoy terceros interesados- no puede servir de fundamento para adquirir la posesión tal cual prevé el art. 90 del CC, no advirtiéndose coherencia con los hechos que fundaron su demanda y la prueba legalmente admitida en el proceso civil.
  1. b)No se consideró que en la posesión se desarrollaron distintos actos de perturbación e interrupción; ya que, con anterioridad a que presenten su demanda, su persona solicitó diligencia previa de conciliación; la cual, fue sustanciada en el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, donde ejerciendo el derecho y deber de cultura de paz, exigió la restitución y entrega del lote de terreno -ahora objeto de la litis-, conforme figura en el acta de audiencia de conciliación de 11 de julio de 2012, actuación que evidencia de forma inverosímil que no abandonó su intención de recuperar dicho bien inmueble, cumpliéndose con:
  2. i)Deducir su pretensión ante el órgano jurisdiccional;
  3. ii)Demostrar inequívocamente su voluntad de pretender recuperar y reivindicar su bien inmueble objeto de la litis; y,
  4. iii)Notificar a quien quiere impedir la prescripción adquisitiva. Requisitos exigidos por la jurisprudencia para interrumpir la prescripción. I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; así como, del principio de impugnación; citando al efecto los arts. 115.I y II y 180.I y II de la CPE; y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: se deje sin efecto el , emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; debiendo emitirse uno nuevo, en el que se absuelvan en el fondo todos los agravios alegados, sea de manera congruente, fundamentada y motivada, y se declarare fundado el recurso planteado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 598 a 607, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que:

  1. a)Los ex Magistrados hoy accionados emitieron el , que resolvió el recurso de casación formulado contra el Auto de Vista 132/2022, y no se pronunciaron sobre "...la calidad de tolerados por una razón de humanidad..." (sic) que se tuvo con "Felisa Romero" -madre de Pablo Romero-, operando por ello una subrogación de tolerados para ocupar el bien inmueble, al cual no se hicieron mejoras, que siempre estuvo registrado a nombre de su difunto padre; y,
  2. b)Los ahora terceros interesados no negaron ni contradijeron el hecho de que con anterioridad se inició una acción judicial de conciliación previa, convocándoles a una audiencia con la finalidad de conciliar y entreguen el bien inmueble bajo el principio de cultura de paz; empero, con una actitud reticente, al punto de desconocer quiénes fueron los dueños, a pesar de que conocían que dicha titularidad pertenecía a su persona y a los nombrados interesados por derecho sucesorio, el entiende que no solo la posesión se debe acreditar para la utilidad de una vivienda, sino también la condición de tolerados, no siendo correcta su apreciación; además, no se consideró que tanto su persona como los hoy terceros interesados siempre tuvieron acceso directo al bien inmueble.

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