Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2019-S3 Sucre, 12 de marzo de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 25113-2018-51-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 10 de agosto de 2018, cursante de fs. 151 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Jaime Jiménez Prudencio contra Pio Gualberto Peredo Claros, Vocal de la Sala Civil Segunda y Elisa Sánchez Mamani, Vocal de la Sala Mixta Civil y Familiar Niñez y Adolescencia, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 18 y 31 de julio de 2018, cursantes de fs. 36 a 43, y 110 a 116, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 30 de mayo de 2000, el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) interpuso demanda ejecutiva contra Enrique David Jiménez Pereira, su persona y otros, como garantes solidarios y mancomunados, por el monto de $us1 680 000.- (un millón seiscientos ochenta mil dólares estadounidenses); posteriormente, el 12 de octubre de 2001 se emitió sentencia declarando probada la demanda y ordenando la cancelación de la suma de dinero adeudada, más gastos de justicia, intereses ordinarios y penales; siendo luego ejecutado el mandamiento de embargo el 23 de julio del mismo año sobre un bien inmueble supuestamente de su propiedad, signado como lote 2 de la denominada "Granja Nueva Esperanza Señor de Mayo" (sic), ubicado en el "cantón Guardia", provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz.
En virtud a ello, el 13 de junio de 2017 presentó ante el Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debido a que el acta de embargo se realizó sobre un inmueble distinto al suyo, solicitando que antes de efectuarse las medidas previas a la subasta, se ejecute un nuevo mandamiento de embargo sobre los bienes otorgados en garantía, a fin de evitar la transgresión de derechos constitucionales y causar indefensión a terceros; sin embargo, la autoridad judicial a través del Auto de 4 de septiembre de igual año, rechazó dicho incidente, por tal motivo interpuso recurso de apelación expresando los agravios correspondientes; pese a ello, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, mediante Auto de Vista REG/S.CII/AUT.11 de 18 de enero de 2018, declaró ejecutoriado el Auto impugnado, en razón a que el recurso formulado habría sido presentado fuera del plazo legal, aplicando el art. 262 del Código Procesal Civil (CPC), sin considerar que el proceso se estuvo sustanciando en primera instancia con el Código de Procedimiento Civil abrogado, de acuerdo a la Disposición Transitoria Octava del Código Adjetivo Civil primero nombrado.
En tal sentido, los Vocales demandados al pronunciar su Resolución, no fundamentaron ni motivaron la determinación de aplicar dicha norma Adjetiva Civil, siendo que la apelación fue planteada, tramitada y concedida de acuerdo a los arts. 518 y 220 y ss. del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg); por lo tanto, existe incongruencia entre lo planteado en el recurso de apelación y lo resuelto por las autoridades demandadas, extremo que no fue considerado por éstas, limitándose simplemente a citar artículos del Código Procesal Civil; empero, no tomaron en cuenta que el proceso se encontraba en etapa de ejecución de sentencia antes de haber entrado en vigencia el citado Código, por lo que correspondía el empleo de la indicada Disposición Transitoria Octava, no habiendo descrito de manera expresa la normativa cuyos supuestos de hecho se adecuen al caso concreto y que motiven la aplicación de los arts. 250.II, 257.I, 259.2 y 262.1 del CPC citados en el fallo cuestionado, privándole con ello del derecho a recurrir de la resolución ante el superior en grado.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
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