0039/2019

Habiéndose demandado en la vía voluntaria mediante memorial de 13 de octubre de 2017 -cursante de fs. 21 a 22-, se ordene a Derechos Reales (DDRR) la inscripción del derecho propietario del lote de terreno 26, manzana 26, con una superficie de 406 m2, ubicado en el fundo rústico denominado "El Palmar de las Taperas", cantón Palmar del Oratorio provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, a nombre de Juan Carlos Vargas Robles e Inés Elisa Vedia Espinoza. Al respecto, el Juez Público Civil y Comercial Trigésimo del departamento de Santa Cruz, mediante Auto 116 de 2 de mayo de 2018, cursante a fs. 47 y vta., declinó competencia ante el Juzgado Agroambiental de turno del mismo departamento, al considerar que por mandato de la ley no es competente para conocer y resolver la causa, en virtud a los siguientes aspectos:

1. a)Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la cual se indica que el terreno objeto de certificación se encuentra fuera del área urbana del Municipio de Santa Cruz;
2. b)De conformidad con el art. 17 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (Ley 3545), determina que "la Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley";
3. c)El art. 39 de la Ley 3545, determina la competencia de los jueces agrarios en sus numerales 7 y 8 en: "Conocer interdictos de adquirir retener y recobrar la posesión de fundos agrarios y Conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria"; y,
4. d)En resguardo del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", concluyendo que la acción formulada es de plena y exclusiva competencia del Juez agroambiental, en razón de materia.

La Jueza Agroambiental Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Auto 19/18 de 13 de agosto de 2018, que cursa de fs. 83 a 84, se declaró incompetente de conocer, tramitar y resolver la demanda en cuestión, señalando al efecto los siguientes argumentos:

1. 1)Por decreto de 18 de julio de 2018, se dispuso inspección previa al inmueble en cuestión, misma que se llevó a cabo el 3 de agosto del mismo año, evidenciándose que el predio está ubicado en zona urbana y que en él no se desarrolla ninguna actividad agraria, pecuaria ni forestal; por lo que la propiedad está destinada eminentemente para vivienda, por constarse que en el lugar existe, servicios de luz, agua y transporte, pese a que mediante OF. EXT. CARTO 1409/2018, define que el predio se encuentra fuera del área urbana;
2. 2)De conformidad con la SC 0001/2010 de 17 de diciembre, tanto los jueces ordinarios y agrarios cuentan con competencia para conocer acciones reales, personales, mixtas, en la medida de la posesión y actividad agraria en cuanto a los primeros; competencia que no sólo debe supeditarse a los límites que impone una Ordenanza Municipal, sino y fundamentalmente, al destino que se le da a la propiedad y el tipo de actividad que se desarrolla en ella;
3. 3)En mérito a la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad en el momento de verificarse el conflicto determina la competencia de la jurisdicción y si el objeto de la actividad está desarrollada en área rural se aplica la jurisdicción agraria; y,
4. 4)La competencia de este juzgado está delimitada por el art. 39.1 de la Ley 3545, art. 152 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y por el acuerdo de Sala Plena del Tribunal Agroambiental 004/2013, siendo nulo cualquier actuado de tribunal incompetente, concordante con el art. 122 de la CPE.