Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 35528-2020-72-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 69 de 25 de agosto de 2020, cursante de fs. 1246 vta. a 1251 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Otto León Romero contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, ex Magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 12 de agosto de 2020, cursante de fs. 1176 a 1198, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso ordinario de nulidad de transferencias, cancelación de inscripción en Derechos Reales (DD.RR.) y pago de daños y perjuicios, que instauró en contra de César López Cortez -hoy tercero interesado-, Deysi Ulloa Vda. de Alpire y "otros", constató la vulneración de su derecho a la propiedad con relación al predio antes denominado "La Villa"; por lo que, el 27 de julio de 2011, planteó esa demanda, para lo cual adjuntó una serie de elementos probatorios, los cuales fueron corroborados con los medios de prueba producidos en el periodo pertinente y desglosados también en el memorial de conclusiones presentado el 9 de marzo de 2016.
Sin embargo, a pesar de la contundencia de sus pruebas, la Jueza de la causa declaró improbada la demanda, y probada en parte la reconvencional, en cuanto al reconocimiento y vigencia del derecho de propiedad del bien inmueble; así como, declaró probada también la reconvención interpuesta por Ronald Alpire Ulloa -ahora tercero interesado- y "otros".
Frente a aquella decisión, el 27 de noviembre de 2017, interpuso recurso de apelación, rebatiendo los fundamentos de la Sentencia de 28 de junio de 2016; de ahí que con relación a la conclusión de que no se habría probado la ilicitud del contrato basada en causa y motivos ilícitos, porque ambos elementos deben concurrir en los contratantes, indicó que ese razonamiento es infundado, arbitrario y consecuentemente vulneratorio de derechos constitucionales y legales; concluyendo que la Jueza de la causa realizó una aplicación indebida del art. 549 inc. 3) del Código Civil (CC).
Del mismo modo, objetó con relación a la conclusión de que se demostró que el contrato objeto de la litis no tiene un fin lícito, que dicha conclusión deja entrever que se valoraron tácitamente las pruebas producidas por los codemandados, realizando una sobrevaloración o valoración injustificada de dichos elementos, siendo por ello arbitraria e irrazonable, refutando la prueba presentada.
Ante la subsistencia de los agravios cometidos por la Jueza de primera instancia y el Tribunal de alzada, interpuso recurso de casación el 7 de mayo de 2019, en el que expresó sus motivos; a partir de los cuales se entiende que la interpretación integral y sistemática de las previsiones legales y constitucionales, ponen de manifiesto la presencia incuestionable de interés legítimo ostentado por su persona para demandar el reconocimiento de su derecho y activar el planteamiento judicial correspondiente por cualesquiera de los motivos que importen la vulneración a sus derechos e intereses patrimoniales, diferenciándolo del iterés jurídico.
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