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TCP

0039/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0039/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 66792-2024-134-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 01/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 82 vta. a 90, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Geovani Esau Gutiérrez Colque en representación legal de Yaneth Liliana Martinez Molina y Jose Ramiro Martínez Molina contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de julio y 5 de agosto de 2024, cursantes a fs. 1 y 8 a 18 vta.; y, 21 y vta., los accionantes a través de su representante, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas; concluida la etapa preparatoria, el Ministerio Público emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento, de 26 de diciembre de 2023; señalando que, de los elementos recolectados en la investigación, se acreditó que no existían suficientes elementos para acusar los tipos penales perseguidos.

En grado de revisión, la Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, mediante Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/125-2024 de 20 de febrero, dispuso revocar el sobreseimiento y ordenó acusar en el plazo de diez días; manifestando que de la propia relación de los hechos, se tenía que uno de los sindicados realizaba actividades comerciales, es decir que tenía un negocio en Bermejo, que funcionaba como casa de cambio y que efectuaba cobros a comerciantes, en la zona denominada de las Chalanas; circunstancias que no se encontraban del todo esclarecidas.

La autoridad demandada, utilizó argumentos que nunca habían sido desarrollados en la etapa preparatoria, tales como el análisis del tipo penal previsto en el art. 177 del Código Tributario Boliviano (CTB), relativo a la defraudación tributaria, incorporando un delito que no había sido investigado y que tampoco fue puesto a conocimiento de la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; también realizó una interpretación irrazonable, arbitraria y desproporcionada a momento de valorar las pruebas de cargo y descargo, concluyendo únicamente que faltó la diligencia de pericia, exigiendo la producción de pruebas; extremos que no fueron sustentados en ninguna norma legal, demostrando así un ejercicio arbitrario del poder.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia, falta de valoración de la prueba de cargo, y el debido proceso sustantivo, citando al efecto los arts. 115, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/125-2024, emitida por la Fiscal Departamental de Tarija; y,
  2. b)Se ordene emitir una nueva resolución atendiendo los fundamentos expuestos.

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