Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0039 Bis/2026-CA Sucre, 3 de febrero 2026
Expediente: 80863-2026-162-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución Administrativa (RA) 80/2025 de 20 de octubre, cursante de fs. 240 a 252 vta., pronunciada por el Director de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por la que promovió de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta, demandando la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Autonómica Municipal -Ley 485 de 23 de junio de 2022-, por ser presuntamente contrario al arts. 115.II, 297.I.2 y 298.II.31 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Resolución de la autoridad administrativa consultante
Por RA 80/2025 de 20 de octubre, cursante de fs. 240 a 252 vta., el Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, promovió de oficio la presente acción de inconstitucionalidad concreta, demandando la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
- a)La Asesoría Legal de esa Dirección emitió el Informe Legal CITE: GAMLP/SMAF/DGRH/AL 1728/2025 de 13 de octubre, mediante el cual recomendó a su autoridad, promover de oficio la presente acción normativa contra la Ley Autonómica Municipal 485. Para tal efecto, sugirió la emisión de una resolución expresa que identifique el proceso o procedimiento en el que se plantea la acción, así como el precepto normativo cuya constitucionalidad se cuestiona y que resulta aplicable a la resolución del caso concreto;
- b)Mediante Auto Provisional de 13 de octubre de 2025, se dispuso el traslado del referido Informe Legal a los veinte servidores públicos municipales que iniciaron el proceso administrativo en el mes de septiembre de ese año, para la calificación o recalificación del bono de antigüedad, otorgándoles el plazo de tres días para que formulen respuesta a partir de su notificación; sin embargo, conforme a lo establecido por el art. 33.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, el 14 de octubre de 2025 se procedió a su legal notificación, sin que los referidos servidores públicos hubieran presentado respuesta dentro del plazo concedido;
- c)Se acudió al procedimiento constitucional correctivo con la finalidad de depurar del ordenamiento jurídico el art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, promulgada de oficio por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y publicada en la Gaceta Municipal el 14 de diciembre de 2022, por cuanto vulnera el derecho constitucional al debido proceso en sus elementos de legalidad y seguridad jurídica; además, de invadir competencias exclusivas del Nivel Central del Estado en materia de políticas y régimen laboral, afectando de manera directa a los servidores públicos municipales que solicitan el reconocimiento y la cancelación del bono de antigüedad, en su calidad de derecho laboral adquirido;
- d)El bono de antigüedad es un derecho laboral reconocido en el ordenamiento jurídico boliviano que consiste en una remuneración adicional al salario básico, supeditada al tiempo de servicios continuos e ininterrumpidos, percibida una vez superados los dos años de trabajo, motivo por el cual no constituye un beneficio social, sino un componente salarial de carácter mensual, cuyo cálculo se realiza conforme a una escala porcentual establecida por ley y en proporción al tiempo de servicios;
- e)La problemática objeto de análisis se origina en la determinación de la escala porcentual y la base de cálculo del bono de antigüedad dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, situación que se arrastra desde gestiones municipales anteriores, en las que se emitió normativa municipal sustentada en el Decreto Supremo (DS) 20060 de 20 de febrero de 1984, disposición que actualmente se encuentra abrogada, desconociendo que el art. 298.II.1 de CPE, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado la formulación de políticas y la regulación del régimen laboral; por lo que, el porcentaje de percepción y la base de cálculo del bono de antigüedad aplicables a todos los sectores laborales del país se rigen por la normativa nacional vigente, específicamente los arts. 60 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, 13 del DS 21137 de 30 de noviembre de igual año; y, 3 del DS 26450 de 18 de diciembre de 2001, que establecen como base de cálculo el salario mínimo nacional;
- f)Si bien el DS 861 de 1 de mayo de 2011, dispuso la eliminación de disposiciones fundamentadas en el DS 21060, dicha determinación fue condicionada a la conformación de una comisión de alto nivel encargada de revisar y proponer modificaciones en materia laboral, situación que no se concretó; razón por la cual, el art. 60 del DS 21060 mantiene plena vigencia y aplicación, siendo utilizado de manera uniforme por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y por el Órgano Judicial (judicatura laboral) en todo el territorio nacional;
- g)En cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió el Decreto Municipal 031/2021 de 30 de julio y posteriormente el Decreto Municipal 006/2022 de 12 de abril, adecuando la escala porcentual del bono de antigüedad a la establecida por el nivel central del Estado; sin embargo, el Concejo de dicho Gobierno Municipal, procedió a promulgar de oficio la Ley Autonómica Municipal 471 de 12 de noviembre de 2021 y posteriormente la Ley Autonómica Municipal 485, mediante las cuales abrogó los referidos decretos municipales y elevó a rango de ley municipal un reglamento basado en normativa abrogada, desconociendo la vigencia del art. 60 del DS 21060;
- h)Como consecuencia de la emisión del art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, actualmente coexisten dos normas plenamente vigentes y de cumplimiento obligatorio que regulan el pago del bono de antigüedad, siendo estas el art. 60 del DS 21060, como normativa nacional vigente, y el art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, cuya aplicación simultánea resulta material y jurídicamente imposible, generándose un conflicto normativo que vulnera el principio de supremacía constitucional y el derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y seguridad jurídica;
- i)En virtud de lo dispuesto por los arts. 297.I.2 y 298.II.31 de la CPE, el mencionado Concejo Municipal carece de competencia para legislar en materia de régimen laboral, habiendo incurrido en una invasión de competencias exclusivas del nivel central del Estado, circunstancia que torna incompatible el art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485 con la Constitución Política del Estado y lo hace pasible de control de constitucionalidad;
- j)La aplicación de la referida norma municipal cuestionada, no solo afecta las competencias constitucionales del Órgano Central del Estado, sino que expone a la autoridad administrativa y a los servidores públicos municipales a posibles procesos coactivos, así como a responsabilidades civiles, administrativas y penales; además, puede generar un perjuicio económico al Estado por pagos indebidos, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de Control Fiscal y el art. 112 de la CPE; y,
- k)En ese marco, y siendo evidente el riesgo cierto de afectación a los derechos patrimoniales del Estado y al derecho al debido proceso, corresponde solicitar, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, en lo referido a la escala porcentual establecida en el Decreto Municipal 17/2015 de 30 de septiembre y su modificatoria, sin que ello implique la interrupción del pago del bono de antigüedad a los servidores públicos municipales que califiquen para este derecho laboral, el cual podrá ser efectuado conforme a la normativa nacional vigente, hasta la emisión de la sentencia constitucional plurinacional que resuelva la presente acción de inconstitucionalidad concreta.
II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN
II.1. Normas impugnadas y preceptos constitucionales supuestamente infringidos
Solicita se declare la inconstitucionalidad art. 2 de la Ley Autonómica Municipal 485, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II, 297.I.2 y 298.II.31 de la CPE.
II.2. Marco normativo constitucional y legal
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