Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2019 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 26431-2018-53-CCJ Departamento: La Paz
En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Jhonny Javier Castro Rodríguez, Ejecutivo Cantonal de "Chua Cocani"; María Paucara Mamani, Secretaria General de la comunidad "Marca Chua"; y Martha Rodríguez Huanca, Ejecutiva del Sector Lago, todos del cantón Chua Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz; y, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del conflicto de competencias
Por nota de 16 de octubre de 2018, cursante a fs. 94 y vta., presentada ante la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, dentro del proceso penal por acción privada que se sigue contra Juan y Gregorio, ambos Rodríguez Huanca y Gloria Choque de Castro; las autoridades Indígena Originaria Campesinas (IOC), ahora demandantes, suscitaron conflicto de competencias jurisdiccionales, señalando que el referido proceso penal inició con acusaciones falsas por Andrés Rodríguez Huanquiri, quien no respetó a la jurisdicción IOC, acudiendo a la vía penal para denunciar a comunarios de la "Marca Chua".
Finalizaron señalando que, las autoridades cantonales de "Bartolina Sisa" y el Secretario General de la comunidad "Marca Chua", ejercen sus funciones de administración y "aplicación" de acuerdo a sus usos, costumbres y procedimientos, dado que la comunidad mencionada se encuentra en proceso de titulación por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
I.2. Resolución
La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, emitió la Resolución 168/2018 de 26 de octubre, cursante de fs. 99 a 100 vta., por la que rechazó la declinatoria presentada por el Ejecutivo cantonal de "Chua Cocani", la Secretaria General de la comunidad "Marca Chua" y la Ejecutiva del Sector Lago, por carecer de personería oponible, generando duda razonable de la existencia de otro tipo de justicia como ser la ejercida por el Sindicato Agrario de la comunidad "Marca Chua" del municipio de Chua Cocani, provincia Omasuyos; a más que la comisión de los presuntos delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple, se suscitaron en un lote de terreno de 3587 m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) de Achacachi del departamento de La Paz.
Finalmente, señaló que si bien el denunciante como los denunciados, heredaron de sus padres el terreno en cuestión, esto no es suficiente para atribuir competencia a la jurisdicción IOC, ya que los reclamantes de competencia no acreditaron que existiera un procedimiento aplicable en su comunidad, para solucionar el conflicto en consenso y conciliar con base a sus usos y costumbres.
I.3. Admisión
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0374/2018-CA de 27 de noviembre, cursante de fs. 106 a 111, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Ejecutivo cantonal de "Chua Cocani", la Secretaria General de la comunidad "Marca Chua" y la Ejecutiva del Sector Lago del departamento de La Paz y la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del mismo departamento; disponiendo la suspensión de la tramitación de la causa penal hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente.
I.4. Alegaciones de la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz
La referida autoridad judicial, pese a su legal notificación practicada el 2 de abril de 2019, cursante a fs. 127, no presentó alegación alguna.
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