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TCP

0040/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de febrero de 2026
Resumen del caso

Auto 0040/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0040/2026-CA Sucre, 4 de febrero de 2026

Expediente: 81050-2026-163-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución de 21 de enero de 2026, cursante de fs. 151 a 155, pronunciada por la Autoridad Sumariante del Ministerio Público, por la que se rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Helo Rocha Téllez, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 120.12 y 122.I.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 50.1 y 55.1 de la Resolución FGE/JLP/DAJ 130/2022 de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, por ser presuntamente contrarios a los arts. 13, 14.I y V, 48.IV, 115.II, 116, 117.I, 119.II, 122, 225.II, 232, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1.1 y 2, 2.1, 8.1 y 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 13 de enero de 2026, cursante de fs. 1 a 15 vta., el accionante manifestó que el art. 120.12 de la LOMP que tipifica como falta grave la "ausencia injustificada a una audiencia debidamente notificada", permite que la sola denuncia de inasistencia desvirtué la presunción de inocencia, obligando al servidor a demostrar que no incurrió en falta alguna, lo cual resulta manifiestamente inconstitucional; toda vez que, corresponde al Órgano Judicial determinar si la inasistencia a una audiencia es injustificada, conforme a los arts. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). En consecuencia, dicha situación vulnera el derecho al debido proceso.

Asimismo, el citado artículo, al permitir su aplicación discrecional por parte de la Autoridad Sumariante, vulnera el principio de taxatividad, en tanto no puede configurarse una sanción administrativa basada en una "ausencia injustificada" sin que exista una resolución, acta judicial, providencia o diligencia que así lo determine dentro del proceso de origen. Más aún, sostener que la sola inasistencia a una audiencia implica, por sí misma, la comisión de la falta, desnaturaliza el principio de presunción de inocencia, convirtiéndolo en un garantía meramente declarativa que puede ser transgredida discrecionalmente, al habilitar a la administración a sancionar sobre la base de presunciones y no de hechos debidamente probados y calificados por la autoridad competente, que viene a ser la que determina el Órgano Judicial, tal ambigüedad permite sancionar hechos imprecisos sin calificación legal, generando inseguridad jurídica e incertidumbre incompatible con el Estado Constitucional de Derecho.

Señaló que el art. 50.I del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público dispone que: "El proceso disciplinario por su naturaleza sumaria no admite incidentes ni excepciones, excepto las de prescripción, incompetencia y cosa juzgada...". A su juicio, esa previsión restringe el debido proceso en su vertiente de garantía de presunción de inocencia; toda vez que, ante la tramitación de un proceso indebido y vulneratorio de indicada garantía, queda en estado de indefensión al no contar con la posibilidad de activar mecanismos procesales idóneos para la corrección de vicios procesales. En ese contexto, al suprimir la posibilidad de promover incidentes por actividad procesal defectuosa, el Reglamento genera un vacío de control interno que posibilita la consumación de actos arbitrarios, sin instancia de revisión ni posibilidad de corrección, como -según afirma- ocurre en el presente caso. Ello equivale a conferir poderes discrecionales e incontrolables a la Autoridad Sumariante, lo cual contradice abiertamente la estructura del Estado Constitucional de Derecho, que impone a toda autoridad pública el deber de respetar y garantizar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la supresión del incidente de actividad procesal defectuosa implica negar un recurso efectivo ante la autoridad competente y desplaza indebidamente la corrección de los defectos procesales hacia instancias posteriores, como la apelación o las acciones constitucionales. En el presente caso, tales mecanismos resultan ineficaces, al activarse únicamente después de haberse vulnerado el debido proceso, particularmente en su vertiente de presunción de inocencia, concatenado a los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad; por lo tanto, la citada disposición reglamentaria restringe de manera inconstitucional el derecho a la defensa y deber ser expulsada del ordenamiento jurídico.

Respecto a la inconstitucionalidad del art. 55.1 del citado Reglamento, refirió que dicho precepto legal se halla vinculado al art. 122 de la LOMP, al establecer una multa que reduce el salario hasta en casi la mitad no solo vulnera el principio de proporcionalidad, sino que también desconoce el contenido esencial del derecho al trabajo digno, el cual comprende el derecho a percibir una remuneración justa e intangible, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado

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