Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0040/2026-RCA Sucre, 6 de febrero de 2026
Expediente: 81148-2026-163-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 7 de enero de 2026, cursante de fs. 178 a 180 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Isabel Vega Rivera en representación de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba contra Guiler Jhonny Ureña Espinoza, Juez Público Civil y Comercial Octavo del citado departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 19 y 31 de diciembre de 2025, cursantes de fs. 151 a 164; y, 167 a 172, la parte accionante manifiesta que, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, resulta afectado por la Resolución de 7 de noviembre de 2025, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Octavo del citado, este fallo tiene los siguientes antecedentes relevantes:
- a)Mediante memorial de 24 de febrero de 2003, José Marco Gonzales Zenteno y otros, interpusieron proceso ejecutivo contra el Alcalde de ese entonces, por incumplimiento en la entrega de la ruta Tiquipaya-Itocta, más daños y perjuicios por haber adquirido en 1993 cinco buses que pertenecieron a la liquidada Empresa Municipal de Transporte Masivo por el precio de $us60 000.- (sesenta mil dólares estadounidenses), sin que se haya podido explotar el derecho de usufructo de esa línea, por habérseles vendido un recorrido en conflicto con los personeros de la Federación Departamental de Autotransporte; es así que, el Juez de la causa, dictó la Sentencia de 20 de mayo de 2009, declarando probada la demanda, ordenando que esa entidad edil entregue la línea de recorrido para los cinco buses en el tramo citado y viceversa, en el plazo de tres días de ejecutoriado el fallo, condenando además al pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, fallo confirmado por Auto de Vista de 4 de marzo de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba;
- b)En ejecución de sentencia, mediante Auto de 8 de abril de 2013, se dispuso el pago de Bs7 434 726,30.- (siete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veintiséis 30/100 bolivianos) por daños y perjuicios, bajo alternativa de embargo. Por Auto de 29 de igual mes y año, el Juez demandado, ordenó la retención de recursos municipales, con notificación a la Procuraduría General del Estado el 6 de mayo de 2013; la cual, mediante memorial de 28 de mayo de 2014, planteó incidente de nulidad, que fue rechazado por Auto de 4 de febrero de 2016; sin embargo, en apelación, la Sala Civil y Comercial Segunda anuló obrados hasta "fs. 30" inclusive por Auto de Vista de 21 de julio de 2020. Mediante Resolución Constitucional 47/2019 de 30 de septiembre, la Sala Constitucional Primera del departamento de Beni, concedió la tutela y anuló el Auto de Vista de 21 de julio de 2020, ordenando emitir nuevo fallo, en cumplimiento, se dictó Auto de Vista de 8 de diciembre de 2020, que confirmó el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2018;
- c)Por memorial de 2 de julio de 2025, el demandante solicitó actualización de daños y perjuicios y por Auto de 4 de agosto de ese año, la autoridad demandada dispuso la designación de perito vía sistema ODIN, determinación apelada por la entidad edil el 11 de igual mes y año, concedida en efecto devolutivo por Auto de 4 de septiembre de igual año. El perito presentó informe el 8 de septiembre de ese año, cuantificando daños y perjuicios en Bs9 953 289,46.- (nueve millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta y nueve 46/100 bolivianos), informe observado por la Alcaldía mediante memorial de 16 de septiembre del citado año; y,
- d)Finalmente, por Resolución de 7 de noviembre de 2025, el Juez demandado ordenó el pago de Bs9 676 809,19.- (nueve millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos nueve 19/00 bolivianos), a ser pagado dentro de tercero día, bajo conminatoria de embargo, con noticia a la Procuraduría General del Estado y por Auto de 27 de noviembre de 2025, se aclaró y complementó la citada Resolución, habiendo declarado improcedente las observaciones efectuadas por ambas partes y aprobó parcialmente el informe pericial, con la modificación de que se reducía del monto total calculado por el perito la suma de Bs276 480, 26.- (doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta 26/100 bolivianos), en consecuencia se dispuso que la entidad edil proceda al pago de Bs9 676 809,19.- (nueve millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos nueve 19/00 bolivianos).
Contra la Resolución de 7 de noviembre de 2025 y su Auto complementario de 27 del mismo mes y año, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba interpuso recurso de apelación mediante memorial de 3 de diciembre de 2025; puesto que, se resolvió sin realizar una revisión objetiva e integral de los antecedentes del proceso ni de los argumentos y pruebas presentados, limitándose a invocar de manera genérica la cosa juzgada para aprobar parcialmente el informe pericial de 8 de septiembre de 2025 y fijar un monto de pago arbitrario.
Al no pronunciarse sobre los argumentos expresamente planteados por el citado Gobierno Autónomo Municipal, relativos a la imposibilidad definitiva, sobreviniente y ajena a su voluntad de cumplir con la entrega de la línea de transporte Tiquipaya-Itocta, debidamente sustentada en normativa municipal, departamental y constitucional que atribuye la competencia exclusiva del transporte interprovincial a los gobiernos departamentales, incurrió en incongruencia omisiva, al no existir correspondencia entre lo impugnado y lo resuelto.
Del mismo modo, al aprobar parcialmente un nuevo informe pericial y disponer la actualización de daños y perjuicios ya determinados, pagados y cobrados en ejecución de sentencia mediante Auto de 8 de abril de 2013, la autoridad judicial aplicó erróneamente el art. 514 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg); pues, la ejecución de sentencia no podía alterar ni ampliar el contenido de la Sentencia de 20 de mayo de 2009, confirmada por Auto de Vista de 4 de marzo de 2011; en consecuencia, dicha determinación resulta ultra petita y contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Finalmente, al imponer una nueva obligación económica bajo el argumento de actualización, se configuró una doble sanción por un mismo hecho ya resuelto y cumplido, vulnerando el principio non bis in idem y lesionando el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia; razón por la cual, corresponde conceder la tutela constitucional solicitada.
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