Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2019 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Conflicto de competencias jurisdiccionales
Expediente: 26264-2018-53-CCJ Departamento: La Paz
En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Pedro Chipana Choque, Secretario General de la Central Agrario de Capital y Faustino Huanca Yana, Secretario de Actas de la Central Agraria de Humanata, ambos de la provincia Camacho del departamento de La Paz; y, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Alegaciones de la Autoridad Indígena Originaria Campesina
Mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 169 a 171, las autoridades originario campesinas cantonal de Humanata de la comunidad Villa Ticata, provincia Camacho del departamento de La Paz, solicitaron al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi, que dentro del proceso penal seguido por Exalto Añamoro y Luis Beltrán Añamoro contra Waldo Machaca Sanca, José Machaca Sanca y Manuela Catari Quea, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y otros (Caso FIS 18/2017), se aparten del conocimiento de la referida causa y declinen competencia al Comité Ejecutivo de la Central Agraria de Humanata; en el entendido que el caso en cuestión ?según escucharon del abogado del denunciante en la apertura de juicio? versaría sobre una herencia de tierras, a lo que deben aclarar que el 4 de abril de 1990, Fulgencio Paz Machaca Laura y Benita Sanca de Machaca, padres de los denunciados, adquirieron en calidad de compra venta el bien inmueble de su anterior propietario Lucas Machaca Calla.
De acuerdo con estos antecedentes, alegan que los supuestos hechos punibles ocurrieron dentro de la comunidad de Villa Ticata; es decir, dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina y que los denunciantes "de forma arbitraria sobrepasando nuestra autoridad, acusaron a nuestros hermanos originarios (denunciados)" (sic); por lo que, se encuentran facultados para resolver el caso conforme sus normas y procedimientos propios tal cual establece el art. 191 de la Constitución Política del Estado (CPE), respaldados también por la Ley de Deslinde Jurisdiccional. I.2. Resolución de la autoridad de la cual se pide declinatoria
Por Resolución 162/2018 de 3 de octubre, cursante de fs. 176 a 177, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, rechazó el conflicto de competencias con los siguientes fundamentos:
- a)El argumento de los solicitantes de tutela, referido a la compra del inmueble heredado de los padres de los ahora denunciados, no es válido, por cuanto el Tribunal no entiende que sea un asunto que la jurisdicción indígena originaria campesina por lo que deba resolver dentro de su territorio, cuando para el cumplimiento del ámbito material no se tiene una fuente de procedimientos aplicable en la comunidad, para solucionar en consenso y conciliación con base en sus usos y costumbres; y,
- b)El hecho por el que se procesa a Waldo Machaca Sanca, José Machaca Sanca y Manuela Catari Quea es tentativa de homicidio y otros, el cual afecta al bien jurídico protegido que es la vida, que se encuentra fuera del alcance de la competencia de las autoridades originarias campesina de la Central Agraria de Humanata, quienes sí tienen competencia para tratar los asuntos o conflictos que regula su derecho propio, así como conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas sean compatibles con los derechos fundamentales.
I.3. Admisión
La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0364/2018-CA de 15 de noviembre, cursante de fs. 205 a 209, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Secretario General de la Central Agrario de Capital y el Secretario de Actas de la Central Agraria Humanata, ambos de la provincia Camacho del departamento de La Paz; y, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del mismo departamento.
I.4. Alegaciones del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz
En cumplimiento al Auto de Admisión del presente conflicto, por memorial presentado el 17 de abril de 2019 (fs. 227 a 228), las Juezas del referido Tribunal presentaron sus alegatos señalando lo siguiente:
- 1)La competencia reclamada por las autoridades indígena originaria campesinas de la Central Agraria de Humanata, fue en la etapa de incidentes y excepciones, en atención a que los hechos procesados hubieren ocurrido dentro de su ámbito territorial, mismo que deviene de la compra de un inmueble; argumentos no válidos;
- 2)Si bien el art. 179.II de la CPE, prescribe que la jurisdicción indígena originario campesina goza de igual jerarquía, ésta debe enmarcarse a los principios de cooperación y coordinación entre las jurisdicciones;
- 3)Dada la característica plural del Estado, las naciones y pueblos indígena originario campesinos en su derecho a la libre determinación y reconocimiento de sus instituciones y procedimientos propios, deben cumplir con los ámbitos de vigencia personal, material y territorial conforme dispone el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-; aspectos que no se cumplen en el presente caso, puesto que no se tiene una fuente de procedimiento aplicable en la comunidad Villa Ticata para solucionar en consenso y conciliación el hecho con base en sus usos y costumbres, incumpliéndose el ámbito material y respecto al ámbito personal, si bien se cumple este requisito porque las partes pertenecen a la comunidad, éste no constituye el único elemento para reclamar la competencia; y,
- 4)Además en cuanto al ámbito material, el hecho por el que se procesa a los acusados se encuentra fuera del alcance de la competencia de dichas autoridades.
II. CONCLUSIONES
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de memorial de imputación formal presentado el 19 de julio de 2017, por el representante del Ministerio Público ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz contra Waldo Machaca Sanca, José Machaca Sanca y Manuela Catari Quea, por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas, posteriormente ampliado por los presuntos delitos de robo agravado, lesiones graves y leves y allanamiento de domicilio o sus dependencias (fs. 2 a 5 vta.).
II.2. Mediante memorial presentado el 2 de mayo de 2018, por el representante del Ministerio Público ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal contra Waldo Machaca Sanca, José Machaca Sanca y Manuela Catari Quea, por la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado, lesiones graves y amenazas (fs. 39 a 42 vta.).
II.3. Por Oficio JPMCPA-31/2018 de 6 de junio, el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, remite la prueba documental y la acusación formal contra Waldo Machaca Sanca, José Machaca Sanca y Manuela Catari Quea, al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del referido departamento (fs. 61); asimismo, consta providencia de 7 junio de 2018, por el que el citado Tribunal radicó la causa (fs. 61 vta.).
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