0042/2022

Por memorial presentado a este Tribunal el 14 de noviembre de 2019, cursante de fs. 197 a 208, las referidas autoridades IOC, señalaron que:

1. a)En representación de sus Ayllus, solicitaron al Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Potosí, decline competencia a su jurisdicción de la controversia -que sucedió al interior de su territorio ancestral reconocido como Tierra Indígena Originaria Campesina (TIOC)- que fue denunciada en la jurisdicción ordinaria penal por Santiago Ramírez Cayetano contra Martin Ramírez Cayetano por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio (fs. 187 a 190), solicitud que fue rechazada por la precitada autoridad ordinaria, mediante decreto de 10 de octubre de 2019, argumentando que dentro del proceso penal se hubiere emitido la Sentencia 38/2019 de 27 de septiembre, encontrándose la misma en etapa de notificación; empero, fueron notificados con el rechazo, aspecto que consideran irregular;
2. b)La exigencia de formalismos para solicitar la declinatoria de competencia por parte de la autoridad jurisdiccional ordinaria vulnera su derecho a ejercer su jurisdicción, y que en el presente caso debió aplicarse los principios de coordinación y cooperación;
3. c)Como antecedente del ejercicio de su Jurisdicción, se tiene que el 2011, Nemesio Ramírez Choque, denunció a las autoridades comunales a Santiago Ramírez Cayetano por agresiones y amenazas, el mismo año, el prenombrado solicitó audiencia al Presidente del distrito municipal Indígena Yura, para denunciar dichas agresiones, y finalmente el 2018, Martin Ramírez Cayetano y otros, denunciaron al Tata Curaca del Ayllu Yura agresiones, maltratos ocasionados por Santiago Ramírez Cayetano, evidenciándose que este último, pretende evadir la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) realizando denuncias en la jurisdicción ordinaria;
4. d)La jurisprudencia constitucional señaló que el conflicto de competencias jurisdiccionales, puede interponerse en cualquier etapa del proceso penal; por lo cual, activan este mecanismo constitucional para reclamar el conocimiento de la denuncia efectuada en el Ministerio Público; y,
5. e)Teniendo en cuenta que se acreditó el cumplimiento de los ámbitos de vigencia: personal, pues ambas partes son miembros del Jatun Ayllu Yura; territorial, ya que el hecho se produjo dentro del territorio ancestral; y, material, dado que el delito de allanamiento de domicilio no se encuentra excluido para el conocimiento de la JIOC, solicitaron que mediante la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional se los declare competentes para conocer y resolver la controversia antes mencionada, ordenando la remisión de antecedentes a su jurisdicción.

II.7. Mediante Auto de Vista 05/21 de 31 de marzo de 2021, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en conocimiento de la apelación planteada por Martin Ramírez Cayetano contra el Auto de 16 de septiembre de 2019 emitido por el Juez Público Civil y Comercial Primero del mismo departamento; por el cual, se declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción formulada por el procesado, resolvió "declarar PROCEDENTE el mismo en consecuencia revocar el Auto de 16 de septiembre de 2019 de fs. 793 a 779 Vta. y declarar fundada excepción con el consiguiente archivo de obrados" (sic) conforme a los siguientes fundamentos:

1. 1)No se consideró lo dispuesto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues no se demostraron los motivos de hecho para la decisión asumida o la aplicación de los arts. 29, 30 y 31 del mismo cuerpo normativo;
2. 2)Existe imprecisión en las fechas que se señalaron para el cómputo de la declaratoria de rebeldía, desconocimiento incluso su propia resolución; en consecuencia, no otorgó un valor probatorio a la documentación presentada por la parte apelante;
3. 3)Según determina la jurisprudencia constitucional el cómputo para prescripción de la acción penal, inicia a la media noche del día en que se cometió el delito o finalizó la consumación del mismo, pudiendo suspender ante la declaratoria de rebeldía del imputado;
4. 4)El art. 29 de la norma procesal penal, dispone la prescripción de la acción penal por transcurso del tiempo, de tres años para el resto de delitos sancionados con pena privativa de libertad; y,
5. 5)En el caso de la apelación, la solicitud de prescripción se efectuó el 6 de septiembre de 2019; por lo que, debe analizarse si desde la consumación del delito denunciado hasta dicha fecha han transcurrido tres años, aun con las interrupciones por declaratorias de rebeldía, en tal sentido si se considera que el delito denunciado se produjo el 7 de octubre de 2011, y existiendo declaratorias de rebeldía que fueron revocadas en su momento, se evidencia que han transcurrido tres años y veinticuatro días, por lo cual debió declararse la prescripción de la acción penal, y siendo que la Resolución impugnada contiene una defectuosa e insuficiente fundamentación y valoración de la prueba, corresponde declarar procedente el recurso de apelación (fs. 403 a 405 vta.); El Auto de Vista 05/21, fue notificado al Ministerio Público y las partes -Martin y Santiago, ambos Ramírez Cayetano- el 7 de abril de 2021 (fs. 406 a 408).

II.8. Certificación de 1 de noviembre de 2021, firmada por Fernando Canaza Bobarin, Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Potosí, y María Renee Chigua Villa, Secretaria en suplencia legal del mismo Juzgado; por el cual, se hace conocer a este Tribunal, en cumplimiento del Decreto Constitucional de 13 de octubre del mismo año, que:

1. i)El proceso penal por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio, se tramitó en su Juzgado, dentro del cual se planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción, misma que fue declarada infundada por "Auto Interlocutorio 390/2021 de 16 de septiembre de 2021" (sic) -debiendo ser 390/2019 de 16 de septiembre-, y el 27 de septiembre de 2019 se dictó Sentencia 38/2019, "...el cual fue objeto de Apelación Restringida, corrida en traslado y respondida la misma por SANTIAGO RAMÍREZ CAYETANO, fue elevada a Juez ad quem, Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el cual mediante Auto de Vista Nro. 05/2021 de 31 de marzo de 2021, declara PROCEDENTE el recurso planteado, revocando el Auto de 16 de septiembre de 2019 declarando fundada excepción con el consiguiente archivo de obrados" (sic); y,
2. ii)Antes de haber sido notificado con el AC 0288/2019-CA, el cual admitió éste conflicto competencial, "...ya se había concluido la tramitación de la causa con la emisión de Sentencia correspondiente e impugnación conforme se señala en el punto anterior" (sic) (fs. 553 y vta.).