0043/2019-O

Señalan que:

1. a)Se evidencia nuevamente la vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y mala valoración de la prueba, por cuanto lesionaron el valor de la verdad material, como es la contenida en la certificación de posesión emitida por el Corregidor del cantón San Juan, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que acredita que tienen la posesión pacífica de tres predios denominados "El Cántaro", "La Asunta" y "Hacienda German Busch", que adquirieron de sus propietarios Ena Barba Pessoa, Raúl Mariana Fernández y esposa, y Guillermo Saavedra Goitia y Antonio Valdivia, respectivamente fusionados desde el 20 de marzo de 1990, fecha desde la cual se implementaron trabajos y mejoras en la citada propiedad; documento que acredita la sucesión en la posesión emitida por la autoridad local, tal cual prevé el art. 309-III del Decreto Supremo (DS) 29215 de fecha 2 de agosto de 2007; hecho que se ratifica del Informe en Conclusiones de 04 de mayo de 2010, en su punto 3.2, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), extremo ignorado a tiempo de dictarse la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 94/2017, pues fue objeto de un brevísimo pronunciamiento de los Magistrados demandados, puesto que se limitaron a señalar lo siguiente: "...Que se extraña esta certificación que acredite la calidad de corregidor el Sr. Ovidio Arteaga, quien sería corregidor del cantón San Juan, de la provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz; sin embargo, el sello de la certificación corresponde al corregidor de Taperas, por lo que el certificado no tiene ninguna validez por encontrarse contradicciones que lo descalifican en su apreciación" (sic); es decir, descalificaron la mencionada certificación de la autoridad del lugar, vulnerando el principio de verdad material con el sólo argumento de un detalle del sello de la certificación sin considerar que el nombre completo de la localidad es "San Juan de Taperas" y explicar a detalle la supuesta diferencia de cantones;
2. b)Adjudicaron a una prueba complementaria un carácter contrario a lo determinado por la norma, tergiversando el art. 159 del DS 29215, al rechazar la primacía del principal medio de prueba por un análisis multitemporal que de ninguna manera sustituye la verificación directa en campo, también determinada por el INRA en su Informe en Conclusiones de 4 de mayo de 2010, que de acuerdo a las pericias de campo que se llevaron a cabo, se acreditó una posesión del predio anterior a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, inobservando el art. 2.IV de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-; toda vez que, si este argumento fuera verdadero, el INRA solo necesitaría este documento para determinar el cumplimiento de la Función Económico Social (FES), debiéndose además anotar que esta prueba complementaria no negó en absoluto la actividad antrópica desde 1990; y,
3. c)Se limitaron a señalar que la actividad antrópica de relevancia comienza recién el 2006, sin negar expresamente que existía actividad desde 1990, además sin considerar que el propio INRA demostró el cumplimiento de la FES, debido a la posesión con actividad ganadera desde 1990 y que los citados tres predios sufrieron una compra y conjunción de posesiones a partir de 1990, fecha desde la que vienen poseyendo y trabajando en el terreno con actividades agrícolas y ganaderas, hecho que fue corroborado por la certificación emitida por la autoridad local de la comunidad, operándose de esta manera la conjunción de la posesión conforme el art. 92 del Código Civil (CC) aplicable al caso por el art. 78 de la LSNRA; aspecto acreditado por la Minuta de Transferencia de 14 de diciembre de 2005, con reconocimiento de firmas de la misma fecha, donde indican que desde 1990 lo poseen y trabajan desarrollando actividades agrícolas y ganaderas con tradición de derecho propietario como subadquirientes y sobre la base de una conjunción de posesiones; además del certificado emitido por Ovidio Arteaga y la verificación efectuada en campo; es decir, "in situ" plasmada en el Informe en Conclusiones de 4 de mayo de 2010, no siendo su responsabilidad que los antecedentes agrarios sobre derecho propietario otorgados por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, no cuenten con la ubicación exacta del predio con puntos o coordenadas exactas; por lo que, el desplazamiento de un antecedente agrario no puede ser fundamento para declarar una posesión como ilegal, no entendiéndose cuáles son los móviles que llevaron al INRA deducir fraude en la posesión; toda vez que, se reconoció expresamente el cumplimento parcial de la FES; empero, utilizan instrumentos complementarios de verificación de la función social o función económica social para comprobar la legalidad de la posesión.

Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por informe escrito cursante de fs. 438 a 442, manifestaron que:

1. 1)La Sentencia Agroambiental Nacional S2a 94/2017, se encuentra acorde con los parámetros de legalidad, objetividad y razonabilidad; asimismo, contiene la valoración de los elementos probatorios plasmado en todo el desarrollo del Considerando III y específicamente expuesto en los puntos 3) y 4), constituyéndose en una Sentencia con la suficiente fundamentación, motivación y observancia del principio de congruencia; toda vez que, se concluyó de forma correcta que no demostraron posesión y/o sucesión de posesión anterior al 18 de octubre de 1996, a más que, la propiedad fue mensurada y deviene de la compra y fusión de tres predios diferentes; a tal efecto, extraña que la certificación que acredita la calidad de Corregidor de Ovidio Arteaga del cantón San Juan de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, tiene como sello estampado el correspondiente al corregidor de "Taperas", aspecto contradictorio que le resta validez; y,
2. 2)Respecto a la posesión, la Resolución a hora observada se fundamenta en que para su verificación, el INRA utilizó todas las bases técnicas vigentes como son las imágenes satelitales LANDSAT de las diferentes gestiones, determinándose que en la gestión 1996, en el predio objeto de estudio, solo existía una senda y en la gestión 2000, se observó un crecimiento abrupto de la actividad antrópica que va creciendo de allí en adelante; motivo por el cual, citando lo establecido en el art. 159 del DS 29215, se verificó que no existió actividad en el predio que respalde el antecedente de propiedad o trabajos realizados en estos terrenos, siendo los mismos de reciente data aspecto que determina que existió posesión ilegal en aplicación del art. 310 del DS 29215; máxime, si se pudo evidenciar actividad humana de relevancia desde el 2006 en adelante, donde se introducen cultivos que es posterior a la vigencia de la Ley 1715.