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TCP

0043/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0043/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0043/2019-S4 Sucre, 1 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 24918-2018-50-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 03/2018 de 18 de julio, cursante de fs. 768 a 775 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Hugo Carrasco Callejas contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, ex Fiscal General del Estado, Carlos Andrés Oblitas Álvarez, ex Fiscal Departamental de Tarija y Marco Antonio Vega Belaunde, Autoridad Sumariante del Ministerio Público.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de junio de 2018, cursante de fs. 457 a 461, y de subsanación el 2 de julio del mismo año (fs. 463 a 466), el accionante manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de una denuncia que presentó el 5 de marzo de 2018, contra Ramiro José Guerrero Peñaranda quien fungía como Fiscal General del Estado, por la presunta comisión de delitos de corrupción; y, después de que funcionarios de Gestión Fiscal del Ministerio Público allanaran los despachos donde desempeñaba las funciones de Fiscal de Materia, en las localidades de Padcaya y Villamontes, le iniciaron un total de cuarenta y seis procesos disciplinarios y un proceso penal, en represalia a la denuncia interpuesta.

Luego de emitirse Resoluciones de Admisión de antecedentes, y dar inicio a diecinueve procesos disciplinarios por faltas graves y muy graves, Marco Antonio Vega Belaunde, quien hacía de autoridad sumariante, dispuso la suspensión de sus funciones sin goce de haberes, dentro de los casos 08/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 15/2018 y 21/2018; resoluciones que le fueron notificadas en un solo acto junto a la entrega de las copias de los cuarenta y seis procesos disciplinarios; situación que motivó la presentación de un recurso jerárquico, alegando que las admisiones de inicio de procesos disciplinarios eran nulas ya que éste se encontraba bajo la protección de la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos -Ley 458 de 19 de diciembre de 2013-, y que la suspensión de sus funciones sin goce de haber violaba el principio de presunción de inocencia, al constituir una sanción anticipada de conformidad a la jurisprudencia constitucional. Empero, el Fiscal General del Estado, emitió Resoluciones Jerárquicas ratificando las diecinueve admisiones de procesos de oficio, en base a los siguientes fundamentos:

  1. a)Las acciones disciplinarias se encontraban regidas por el principio de legalidad, sometidas a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público;
  2. b)No se identificó el acto lesivo que pudo provocar vulneración a algún derecho o garantía fundamental a través la resolución de admisión y apertura de proceso disciplinario;
  3. c)La aplicación del art. 116 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), era potestativa y se cumplieron los presupuestos necesarios para su disposición, sin que la misma sea considerada como una sanción anticipada; y
  4. d)En el memorial de recurso jerárquico se consignaron referencias de otros procesos no vinculados al proceso disciplinario, sin especificar agravios materiales propiamente dichos que le hubiere causado la resolución de admisión recurrida y que ameriten análisis del caso concreto. Argumentos que fueron reiterados en las diecinueve impugnaciones planteadas. Omitiendo pronunciarse de manera expresa respecto a las admisiones de procesos como actos de represalia que infringieron la Ley 458.

Denunció que Carlos Andrés Oblitas Álvarez, en calidad de Fiscal Departamental de Tarija, emitió Resoluciones internas de apertura de veintisiete procesos disciplinarios por faltas leves en su contra, que fueron confirmadas por el entonces Fiscal General del Estado, ante quien se presentó el correspondiente recurso jerárquico, omitiendo una vez más responder si las resoluciones de admisión de procesos disciplinarios constituían actos de represalia y si se infringió la Ley 458. Asimismo, brindó una entrevista en medios de comunicación escrita, oral y televisiva, señalando que le iniciaron un proceso penal y que se había expedido una orden de aprehensión por requerir una imputación contra una persona inocente a quien se le endilgaba la comisión de un delito de corrupción, y que por ello se determinó la suspensión de funciones.

Alegó vulneración a los derechos al trabajo, empleo y subsistencia digna de su persona y familia, señalando que la instauración de procesos disciplinarios, fue un acto de represalia ante la denuncia presentada contra la máxima autoridad del Ministerio Público, y que la finalidad de los mismos era buscar su destitución definitiva. Siendo que la determinación de suspenderlo de sus funciones sin goce de haber, implicaba la vulneración a su derecho de presunción de inocencia, constituyendo una sanción anticipada, tal como lo establecieron varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tales como la , , , entre otras.

Finalmente, denunció violación al debido proceso en su elemento congruencia, por no existir la referida congruencia entre la pretensión descrita en su recurso jerárquico y lo resuelto por el Fiscal General del Estado, en cuyas resoluciones jerárquicas omitió pronunciarse respecto al objeto base de las impugnaciones, de manera concreta sobre la solicitud de dejarlas sin efecto por constituir actos de represalia que además transgredían la protección establecida por Ley 458.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, presunción de inocencia y al debido proceso en su elemento congruencia, citando al efecto los arts. 46.I.1, 48.I y 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

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