0043/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0043/2022-S1 Sucre, 8 de abril de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 34912-2020-70-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 187/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 304 a 312, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Maclovio Candia Romero contra José Eddy Mejía Montaño y Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de julio de 2020, cursante de fs. 33 a 46 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el 9 de noviembre de 2017, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Cochabamba, declaró el rechazo de su excepción de incompetencia, extinción de la acción penal por duración máxima del proceso e incidente sobre calidad de bienes, determinación que fue impugnada por su persona y que conllevó a la emisión del Auto de Vista 61/19 de 24 de mayo de 2019, mismo que incurrió en los siguientes agravios:

Respecto a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la Jueza a quo resolvió su incidente en franca omisión del debido proceso en su elemento motivación alegando que no existiría una mora procesal verificada, determinando además que los años transcurridos no generaron una vulneración a la celeridad procesal y por ello este proceso debe proseguir; sin embargo, al hacerse conocer dichos agravios a los Vocales ahora accionados, esta no fue resuelta de manera congruente y en el Auto de Vista se hace referencia únicamente a fundamentos legales y normativos que fueron extraídos de otra causa y jurisprudencia no siendo ajustados a su caso particular.

Además, la resolución carece de fundamentación y motivación; puesto que, se determinó que los delitos que se le acusan son imprescriptibles, como si su pretensión hubiese sido la de una excepción de extinción de la acción penal por prescripción y lo que debió evaluarse es la duración máxima del proceso. No establecieron de manera clara, los motivos por los cuales se rechazó su petición de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; esto, en razón a que no se determina que actos procesales harían referencia a la mora procesal que se denunció ante la Juez a quo.

En su considerando I numeral 6), pese a expresar un punto de impugnación referido a la aplicación ultra activa de la ley 586 no se pronunciaron respecto a ello, generando franca contravención al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; además, de su derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante consideró como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 109, 115, 116, 117, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 61/19 de 24 de mayo de 2019 emitiendo uno nuevo; y, b) La condena de costas, daños y perjuicios a los Vocales demandados.

I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 23 de julio de 2020, cursante de fs. 62 a 63, declaró la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional; por lo que, la parte accionante, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2020 (fs. 111 a 117 vta.), impugnó dicha determinación, disponiéndose a través de Auto de 11 de agosto del mismo año, su remisión ante este Tribunal (fs. 118). I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional Por Auto Constitucional (AC) 0119/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 124 a 134, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 23 de julio de 2020, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta al trámite previsto por ley, ordenando a la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. Asimismo, a través de nota CITE OF.CADTCP 0405/2021 de 11 de octubre, cursante a fs. 137, se procedió a la devolución de la presente acción de amparo constitucional a la respectiva Sala Constitucional para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y continúe con la tramitación de la causa. I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 301 a 303 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas

José Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 192.

I.3.3. Intervención de los terceros interesados

Rosmery Lazarte Peredo de Candía y Álvaro Hernán Candía Lazarte, en audiencia precisaron tener interés legítimo respecto a lo que se debe resuelve; puesto que, son co-imputados en el proceso penal; por lo que, se adhieren a lo señalado por el peticionario de tutela.

Lola Azero Quiróz, Gonzalo Candía Azero, Pamela Marela Candia Azero, Eusebio Orlando Candía Romero y Andrea Simone Suarez do Santos de Candía no se presentaron a audiencia ni presentaron informe escrito pese a su notificación cursante de fs. 154 a 157.

I.3.4. Intervención del Ministerio Público

Aleida Ilssen Merida Morales, Fiscal de Materia, apersonándose a audiencia señaló que: El proceso se encuentra en sustanciación de juicio oral y en el momento oportuno no fueron planteados los cuestionamientos que ahora se traen a la acción tutelar, pretendiéndose que se prevalezcan derechos sin referir a cuáles se refiere; además, los apelantes no cumplieron con la carga probatoria; razón por la cual, los Vocales ahora demandados resolvieron en función a ello.

I.3.5. Resolución

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 9 de noviembre de 2017 emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Cochabamba, Sandra Margarita Párra Flores, por el que dispuso rechazar la excepción de incompetencia, extinción de la acción por duración máxima del proceso e incidente sobre calidad de bienes legítimamente adquiridos y revocatoria de Resolución de Incautación planteada por los imputados (fs. 3 a 10).

II.3. Consta Auto de Vista 61/19 de 24 de mayo de 2019, a través del cual se declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el ahora accionante, confirmando en consecuencia el Auto de 9 de noviembre de 2017; determinación asumida en base a los siguientes argumentos que en suma refieren:

Si bien el tema de la extinción de la Acción Penal, encuentra justificación en la conclusión del proceso en un plazo razonable, conforme lo anotado en la jurisprudencia:" se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en su plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece, por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado" (SC. 0101/2004-R de 14 de septiembre, citada por la SC. 0553/2011- R de 29 de abril). Ello, sin desconocer que a la víctima le asiste también el derecho de acceso a la justicia entendido como el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión demandada, derecho que ha sido entendido como: "la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal." (SC 1813/2010-R de 25 de octubre).

(...)

Por su lado el Auto Supremo 348 de 31 de Agosto de 2006 señala "la jurisprudencia refiere que la prescripción de la acción penal es una figura que: liberadora, en mérito de la cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción, toda vez que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, ya que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa, hasta concluir la misma, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución del imputado, lo que genera incertidumbre en la sociedad; siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el Art. 29 de la Ley 1970."

Al efecto, el Art. 29 del Código de Procedimiento Penal determina los plazos que prescribe la acción penal, en base al máximo legal de la pena en los privativa de libertad prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal.

No obstante, la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 incluye en la normativa penal el Art. 29 Bis que a la letra dice:

IMPRESCRIPTIBILIDAD. "De conformidad con el Articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos servidoras o servidores públicos que atenten contra el por patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad".

Al efecto el Art. 112 de la Constitución Política del Estado señala y dice: "Los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad".

En ese entendido, el Art. 123 de la propia Constitución Politica del Estado señala y dice:

"La ley solo rige para lo venidero EXCEPTO en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadores y trabajadoras, en materia penal cuando beneficie al imputado, en materia de CORRUPCIÓN, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores y servidoras públicos contra los intereses del Estado." Corroborando lo anterior y en estricta aplicación de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en sus Arts. 112 y 123 concordantes con los Arts. 1, 5,24,36 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento licito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz asimismo el Art. 29 bis del Código de Procedimiento Penal, la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0407/2010-R de 28 de junio donde refiere que la Ley fundamental al entrar en vigencia debe ser aplicada de forma inmediata, aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política que se está aplicando; en igual sentido la Sentencia Constitucional No. 1907/2011-R y por último la Sentencia Constitucional Plurinacional 0009/2015 de 12 de febrero que declara constitucional el Art. 29 bis del CPP. Al efecto la citada Sentencia Constitucional 0009/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, refiere que la impunidad de delitos graves de corrupción a diferencia de otros - textual- : "puede generar su reiteración de forma que, el transcurso del tiempo no quita la prevención general, porque además, en ese tipo de delitos, la paz no se recupera con los años, pues la pobreza y la marginación perduran en el tiempo, de forma que la pena sigue siendo necesaria la medida de imprescriptibilidad fijada por el Art. 112 de la C.PE, se encuentra condicionada al "daño económico "generado como consecuencia de la consumación del hecho ilícito este a su vez, se condiciona a la gravedad del dicho, así lo establece la Constitución Política del Estado, cuando prevé que no admite régimen de inmunidad ni prescripción los delitos que "atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico." Asimismo la referida SCP señala: "b) Una ley es retroactiva si obra sobre el pasado o acusa sobre situaciones anteriores al inicio de su vigencia; así, la retroactividad es aplicable al delito de corrupción, por estar vinculado con la obligación que tiene el Estado para combatir dicho ilícito, situación que no surge únicamente de la voluntad del legislador constituyente, sino también de los Convenios Internacionales suscritos Bolivia, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos que obligan al Estado, luchar y combatir la corrupción con todas las medidas legislativas y administrativas idóneas, razón por la que fue promulgada la Ley 004 de 31 de marzo de 2010; el derecho adjetivo penal, es retroactivo "retroactividad no autentica o retrospectividad) Las normas contenidas en los Art. 8.11, 28.2, 112 y 324 de la CPE, demuestran la existencia de una normativa integral que permite afrontar la lucha contra la corrupción; y f) Con relación a la supuesta vulneración de Convenios y Tratados Internacionales que prohíben la retroactividad de la ley penal desfavorable, corresponde precisar que, el Estado boliviano suscribió el Convenio Interamericano contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por lo que asumió la obligación de lucha contra la misma. Al mismo efecto el Art. 24 de la ley 004 de Lucha contra la corrupción y Enriquecimiento licito, señala:

DELITOS DE CORRUPCIÓN Artículo 24. (Sistematización de los Delitos de Corrupción y Vinculados). Además de los tipificados en el presente Capitulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del Artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los Artículos 222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225. Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis, 229 y 230.

Al respecto el Art. 185 bis, señala: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos a quinientos días. Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años.

Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo.

Así expuestos los antecedentes procesales y cita de normativa legal vigente además de la jurisprudencia constitucional, se tiene plenamente establecido que la causa versa sobre el tipo penal de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS previsto y sancionado por el Art. 185 bis del Código Penal que data del 11 de julio de 2011, a raíz de una denuncia anónima a la FELCN Cbba, arguyendo que ORLANDO CANDIA ROMERO quién habría estado en la cárcel de San Pedro de La Paz por delitos vinculados al narcotráfico y que al presente estaría LAVANDO DINERO provenientes de esa actividad, mediante la Estación de Servicios Recoleta que estaría a nombre de uno de sus familiares ubicado en la Av. América y Av. Pando, dándose inicio a la investigación correspondiente; que conforme señala el Art. 40 del Procedimiento Penal y en aplicación del Artículo 1 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas, por memorial de 30 de agosto de 2010 la Gobernación de Cochabamba presenta denuncia en contra de los imputados; consecuentemente viable y plenamente aplicable al caso de autos lo dispuesto por el Art. 29 bis del Procedimiento Penal incorporado por la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, por ello Imprescriptible la presente causa; en cuyo mérito corresponde disponer la prosecución de la cusa conforme a derecho, máxime si a la fecha no se tiene noticia de que lo dispuesto por el Art. 123 de la Constitución Política del Estado y 29 bis del Código de Procedimiento Penal incorporado por la Ley 004 hubieran sido derogados, abrogados o hubieran sufrido modificación.

Finalmente anotar que el auto apelado de 09 de noviembre de 2017, aclara que conforme a antecedentes se tiene la resolución emitida por Sala plena fecha 16 de junio de 2015 que establece la competencia de esta autoridad y que al presente la viene ejerciendo, por lo que no merece mayor consideración."; misma que no fue apelada.

Por otro lado, es evidente lo manifestado por la Juez a-quo en sentido de "dentro el régimen de medidas cautelares incorporado por la Ley 1970 que que comprende el Código de Procedimiento Penal a través del Libro Quinto Título III tenemos la medida cautelar de incautación que "implica el apoderamiento de los instrumentos y efectos del delito, ordenado judicialmente a fin de asegurar los resultados de un juicio o bien para darles el destino licito correspondiente." conforme ilustra la Sentencia Constitucional 0513/2003-R de 16 de abril, medida que de conformidad al Art. 254 del Código de procedimiento penal debe ser dispuesta mediante resolución fundamentada por el Juez de la Instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso o confiscación.

En ese orden, ciertamente es competencia del director de las investigaciones proceder conforme a derecho y amparado en la ley penal procesal, razones por las que estando en etapa investigativa y aún posterior a ella al tratarse de procesos de legitimación de ganancias ilícitas, los bienes que el ahora apélate reclama debe ser analizados, considerados y resueltos en sentencia de y ninguna manera de manera extra judicial o por la vía incidental; razonamiento que no fue desvirtuado por los apelantes, quienes ni siquiera fundamentaron su procedencia o refutaron los argumentos de la Juez a-quo (fs. 26 a 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (sic. [las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..." (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto; en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos CADH, y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos PIDCP, lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.