Texto del fallo
Texto de la resolucion
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE Y VOTO ACLARATORIO Sucre, 11 de julio de 2019
SALA PLENA Magistrado: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos y cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas
Expediente: 25498-2018-51-CEA Departamento: Pando
Consultante: Nelson Waldo Arrazola Gonzáles, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, provincia Manuripi del departamento de Pando.
I. ANTECEDENTES
En conocimiento de la , sobre el control previo de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica Municipal (COM) de Puerto Rico, provincia Manuripi del departamento de Pando.
El suscrito Magistrado tiene a bien expresar su desacuerdo en cuanto al análisis efectuado y la decisión asumida en la , respecto al control previo de constitucionalidad de los arts. 9.I; 21.IV; 39 inc. 28); 41.I, II y VII; 98.V inc. 7); y, 101.I del proyecto de COM referido; por lo que, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), expone el presente Voto Disidente con relación a los precitados arts. 41.II y VII; y, 98.V inc. 7) y Aclaración de Voto respecto a los arts. 9; 21.IV; 39 inc. 28); 41.I; y, 101.I con los siguientes argumentos jurídico-constitucionales:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL VOTO DISIDENTE
II.1. Sobre la declaratoria de compatibilidad del art. 41.II
"Artículo 41. (SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS)
(...)
II. Los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, Alcaldesa, Alcalde, Concejales, están comprendidos en las categorías de servidores públicos electos, y los designados o de libre nombramiento, Sub Alcaldesas, Sub Alcaldes, Secretarios, Directores y Jefaturas de carrera administrativa municipal, eventuales, temporales o a plazo fijo, servidores de entidades descentralizadas, y empresas municipales.
(...)".
II.1.1. Análisis y fundamentación
La referida , examinó el proyecto de norma institucional básica del municipio de Puerto Rico, traído en consulta a éste Tribunal, a fin de establecer si el contenido del citado proyecto resulta compatible o no con las previsiones de la Norma Suprema. En ese marco, el art. 41.II -motivo del presente Voto Disidente- del proyecto de COM de Puerto Rico, fue declarado compatible; no obstante, el suscrito Magistrado considera que en el control previo de constitucionalidad efectuado se debieron realizar algunas consideraciones y fundamentación conforme al art. 233 de la Constitución Política del Estado (CPE).
En ese sentido el art. 233 de la CPE, de forma expresa señala que: "Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento"; consecuentemente, a partir de dicha norma constitucional, se tiene establecido con claridad que las servidoras o servidores públicos, son aquellas personas que desempeñan funciones públicas; lo que no ocurre verbigracia, con los consultores, personal eventual y trabajadores de las empresas públicas municipales, por cuanto sus actividades por definición, están destinadas a la producción de bienes o servicios para satisfacer determinadas demandas.
Así, cabe la posibilidad de que exista personal que desempeñe funciones en la entidad territorial autónoma (ETA), sin embargo no formen parte de la clasificación de servidores públicos establecida en el art. 233 de la CPE; por lo que, si bien el art. 41.II del proyecto de COM de Puerto Rico, fue declarado constitucional, corresponde aclarar que no todas las personas que desempeñan funciones en la administración pública son servidores públicos.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional a partir del precitado artículo constitucional, mediante la , determinó que: "El art. 233 de la Norma Suprema, contiene una clasificación de quienes deben ser considerados como servidores públicos, conforme a los términos fijados por el Constituyente en la primera parte de este precepto constitucional, es decir, que solo los funcionarios de carrera, los designados, los de libre nombramiento y los servidores públicos electos -por ser quienes ejercen funciones públicas-, son los únicos que conforman la estructura organizacional permanente de las entidades públicas en general; a ella se suman circunstancialmente y de acuerdo a los programas operativos anuales y sus respectivos presupuestos de funcionamiento, otro grupo de personal, que sin ser servidores públicos, prestan sus servicios en las entidades, bajo relaciones de trabajo distintas de las establecidas para los servidores públicos (...).
(...)
Expresamente el art. 6 del Estatuto de Funcionario Público, señala que "No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estos sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios"; es decir, que tanto el personal eventual como los consultores individuales de línea, se regulan por sus respectivos contratos y no por el régimen estatutario que previsto en la Ley 2027...'" (las negrillas son nuestras).
Consecuentemente, el suscrito Magistrado considera que se debió declarar la incompatibilidad del precepto en cuestión -art. 41.II del proyecto de COM de Puerto Rico- en la precitada , por cuanto la regulación efectúa una clasificación de los servidores públicos al margen del mandato constitucional contenido en el art. 233 de la CPE.
II.2. Sobre la declaratoria de compatibilidad del art. 41.VII
"Artículo 41. (SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS)
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