Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2019-S1 Sucre, 3 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de protección de privacidad
Expediente: 26124-2018-53-APP Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 16/2018 de 23 de octubre, cursante de fs. 232 a 236; pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Leonor Arline Rodríguez Quinteros contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado y Jhonny Céspedes Flores, Director del Régimen Disciplinario, ambos de la Fiscalía General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de septiembre y 2 de octubre, ambos de 2018, cursantes de fs. 77 a 81 vta.; y, 160 a 161 vta., respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En la gestión 2006 mediante convocatoria pública ingresó al escalafón del Ministerio Público y a la Carrera Fiscal, proceso que tuvo una duración de dos años obteniendo el título de Fiscal de Materia III (institucionalizado); una vez, titulada, fue destinada a diferentes "distritos" entre ellos, las ciudades de El Alto, Tarija, Cochabamba y por último a La Paz; posteriormente, la promovieron a Fiscal de Materia II y en el desempeño de sus funciones durante el 2016, decidió renunciar a su cargo y dejar el Ministerio Público, conforme acredita el certificado FGE/JN.RRHH/CERT.ESC. 098/2017 de 25 de septiembre, emitido por la Jefatura Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, conforme a la certificación SDRD 138/2017 de 23 de octubre, emanada por la Dirección de Régimen Disciplinario de la señalada entidad, fue sometida a dos procesos disciplinarios, cuyas Resoluciones fueron posteriores a su renuncia.
En ambos procesos disciplinarios se dispuso su destitución, en el primero de ellos, la Resolución A.A.F. 012/2016-1º de 19 de abril, fue ratificada por el Fiscal General del Estado, mediante Resolución Jerárquica 074/2016 de 2 de junio y, en el segundo por Resolución 023/2016-1º de 9 de igual mes, ratificada igualmente por Resolución Jerárquica FGE/RART/DAJ/RJ-PD 092/2016 de 8 de julio, dictada por la autoridad fiscal jerárquica en suplencia legal, en mérito a ello fue destituida de la Carrera Fiscal en la gestión 2016, por primera vez en junio y por segunda vez en julio. A la fecha transcurrieron dos años de la imposición y registro de esas determinaciones y sin intención de cambiar el resultado de las resoluciones sancionatorias menos su reincorporación, se apersonó ante el Fiscal Departamental de La Paz, solicitando la cancelación de los antecedentes disciplinarios de su registro personal; sin embargo, no tuvo respuesta.
Posteriormente, acudió ante el Fiscal General del Estado y el Director Nacional de Régimen Disciplinario, ahora demandados, pidiendo la cancelación de sus antecedentes y de esta manera poder postularse a cualquier convocatoria que fuera lanzada; siendo respondida mediante proveídos FGE/RJGP/DAJ 123/2017 de 22 de septiembre y FGE/FAMC/DAJ 11/2018 de 16 de marzo, en los que señaló que: "...El Ministerio Publico, no cuenta con NORMATIVA QUE FACULTE LA CANCELACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, QUE CUENTEN CON RESOLUCIONES EJECUTORIADAS EN LAS QUE SE IMPONE SANCIONES DISCIPLINARIAS.......CONFORME SE DETERMINO la LOMP ni la norma adjetiva disciplinaria prevén la eliminación y/o exclusión definitiva de los antecedentes disciplinarios, por lo que no corresponde atender favorablemente lo impetrado" (sic).
El Ministerio Público en los referidos proveídos, con el único argumento de la inexistencia de normativa y enunciando el art. 3 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señaló que le impide la cancelación de los antecedentes disciplinarios, inobservancia que le genera una serie de daños y perjuicios que transgreden su imagen y su reputación profesional; agrega que, se debe considerar que la norma es dinámica y si bien la Ley de Procedimiento Administrativo excluye al Ministerio Público de su campo de aplicación, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 79 de dicha Ley que expresa que las infracciones prescribirán en el término de dos años y las sanciones impuestas en el plazo de un año; sin embargo, ese le imposibilita postular a cualquier convocatoria pública, vulnerando su intimidad personal, causándole una muerte civil, afectando su reputación profesional, mermando su economía al no contar con una fuente de ingreso estable generándole un daño familiar al ser madre divorciada con dos niños de nueve y doce años respectivamente; por lo que, dichas terminaciones dispuestas precedentemente le causa indefensión y le deja en un estado de incertidumbre jurídica por falta de norma especial que regule la cancelación de estos antecedentes, debiéndose tener presente lo previsto en el art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que pregona la aplicabilidad de todos los derechos reconocidos en la Norma Suprema, gozando de iguales garantías para su protección.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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