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TCP

0044/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Aclaratorio 0044/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO ACLARATORIO DE LA Sucre, 1 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 26337-2018-53-AL Departamento: Oruro

I. ANTECEDENTES

La suscrita Magistrada, al tiempo de suscribir la , pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, manifiesta su conformidad con la decisión de confirmar la Resolución revisada; en consecuencia, conceder la tutela solicitada; sin embargo, hace conocer su desacuerdo con los fundamentos jurídicos, conforme a los siguientes razonamientos:

II. FUNDAMENTOS

III.1. El derecho a la defensa técnica y las medidas cautelares El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, la inviolabilidad del mencionado derecho, es la garantía fundamental con que cuenta el procesado y se encuentra prevista en el art. 119.II de la CPE, que señala: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios".

El derecho a la defensa tiene dos dimensiones; por una parte, el derecho a la defensa técnica, a la que se encuentra vinculada la norma constitucional precitada; y por otra, el derecho a la defensa material, que se concreta en el "derecho a ser oído" o "derecho a declarar en el proceso"; precisamente con relación a esta última dimensión, el art. 121 de la CPE consagra la garantía de la prohibición de la autoincriminación coaccionada cuando establece: "En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o los afines hasta el segundo grado..."; de manera tal, que la declaración que se obtenga ilícitamente vulnerando dicha garantía no puede fundar una sentencia condenatoria, puesto que la misma se halla viciada de nulidad por mandato del art. 114.II de la CPE que señala: "Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho".

El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, que reconoce la facultad de defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, tiene su antecedente en la 1; criterio jurisprudencial que fue confirmado en la 2. Por su parte, la 3, dispone que el derecho a la defensa comprende a su vez los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; entendimiento confirmado en la ; por su parte, la , amplía el alcance del derecho a la defensa, estableciendo que el mismo comprende otros derechos, como son el contar con un tiempo razonable para preparar la defensa; a la comunicación privada con su defensor; a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o nombrar un abogado particular; a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas; a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes; y, a contar con traductor o intérprete. Finalmente, la 4, señala que en caso que el imputado hubiera sido obligado o inducido a declarar en su contra, dicha declaración no puede fundar ninguna decisión en su contra.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue uniforme en establecer el carácter irrenunciable de la defensa técnica, determinando que las autoridades judiciales no deben permitir que el imputado, asista a una audiencia sin la asistencia técnica y en caso de darse este supuesto, el juez tiene la obligación de nombrar un defensor de oficio; en ese marco, se desarrolló la línea jurisprudencial detallada a continuación.

Con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor y el derecho a la defensa técnica, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se creó el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado; y posteriormente, por Ley 463 de 19 de diciembre de 2013 -que en su Disposición Abrogatoria Primera abrogó la Ley 2496-, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 5, haciendo mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a la Constitución Política del Estado, estableció que la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; por lo cual, debe contar, ya sea con el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente. Más tarde este entendimiento fue modulado por la 6, que señala que las autoridades judiciales no deben permitir que durante el desarrollo del proceso, el imputado asista a la audiencia sin asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio, siendo la exigencia de la defensa técnica determinante para las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de la audiencia. Del desarrollo jurisprudencial descrito, se advierte que el juez no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin estar acompañado de un abogado y si se diera este caso, esa autoridad judicial debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio, con el fin de contar con una defensa eficaz; a ese efecto, debe tener el tiempo razonable para comunicarse con el imputado y preparar su defensa, evitando la vulneración de sus derechos a la igualdad y a la defensa técnica. II.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa y al principio de celeridad, toda vez que solicitó a la autoridad judicial señalar día y hora de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva de su defendido; sin embargo la jueza cautelar rechazo la petición, bajo el argumento que el memorial no se encontraba firmado por el imputado.

Ahora bien, la confirmó la concesión de la tutela impetrada, con el argumento que el Juez demandado no dio cumplimiento al principio constitucional de celeridad, debido a que, no remitió la apelación en el término de veinticuatro horas, incurriendo en una demora indebida. Dicho razonamiento, es compartido por la Magistrada que suscribe esta Aclaración de Voto; sin embargo, considera que la argumentación debió haber sido complementada con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico II.1 del presente Voto Aclaratorio, en especial con la , que sistematizó las subreglas para la tramitación del recurso de apelación de medidas cautelares, en las que se establece de manera expresa, en la subregla v), que:

...No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

Adicionalmente, en la , en el acápite I.2.2., se sostiene que el informe de la autoridad demandada: "...no se encuentra firmado por la supuesta autoridad judicial que procedió con su emisión; razón más que suficiente para concluir que el demandado no presentó su informe escrito a objeto de desvirtuar los hechos alegados por el accionante".

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Tribunal Constitucional Plurinacional1 de abril de 20190044/2019-S2Fuente oficial