Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 44165-2022-89-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 138/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 90 a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Tallacahua Huanca contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 4 de noviembre de 2021, cursante de fs. 61 a 67 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, en el 2020, se le inició el citado proceso; por lo que, en vigencia del Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021, realizó el trámite de amnistía, concluyendo la misma con la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 19/2021 de 14 de junio, emitida por la Directora Departamental del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la cual no fue impugnada por el Ministerio Público mediante los recursos que la ley del procedimiento administrativo franquea. La referida Resolución Administrativa le concedió el beneficio de la amnistía; por lo que, se presentó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, cuyos Jueces emitieron el Auto Interlocutorio de 22 de julio de 2021, a pesar de haber solicitado la corrección de dicha determinación, los indicados Jueces rechazaron su solicitud de amnistía sin actuar conforme a derecho, bajo los siguientes fundamentos:
- a)El proceso no superó los tres años de duración;
- b)Su persona se encuentra con acusación formal por el delito de tráfico de sustancias controladas;
- c)El proceso se encuentra dentro de los plazos legales;
- d)El Ministerio Público presentó acusación formal; y,
- e)El indicado delito que se está juzgando tiene una sanción de diez a veinticinco años de cárcel y es considerado de lesa humanidad. Los citados Jueces, al emitir el indicado Auto Interlocutorio cometieron un error en su apreciación, recayendo en prevaricato; ya que, en ninguna parte del Decreto Presidencial 4461 se excluye a los delitos de la Ley 1008, tampoco se efectúa una exclusión por la sanción que tengan dichos delitos, ni siquiera indica que sean de lesa humanidad; asimismo, el mencionado Decreto Presidencial establece que: "Artículo 5°.- (Concesión de amnistía) núm. 4.- Haber superado el tiempo máximo previsto para la duración de la Etapa Preparatoria sin que se instaure el juicio oral; (ES DECIR 6 MESES) en el inc. d) Personas que tengan bajo su cuidado o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad" (sic).
La norma no determina que pueda existir acusación, ni señala que "haya acusado" el Ministerio Público antes del vencimiento de la etapa preparatoria, menos aún, que supere tres años, siendo la última otra causal de procedencia de la amnistía que no es la alegada en el presente caso, el SEPDEP emitió la RA 19/2021 que goza de legalidad y ejecutividad, que tiene más fundamentación y motivación que el Auto Interlocutorio de 22 de julio de 2021 emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, con relación a su errónea aseveración de que los delitos de la Ley 1008 son de lesa humanidad; asimismo, indicó que el Tribunal de Sentencia de "Trinidad", emitió el Auto Definitivo "05/2021", mediante el cual concedió la amnistía por vencimiento de seis meses sin que se instale juicio oral, público y contradictorio, más al contrario el citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, inventó que el delito con el que se le está juzgando es considerado de lesa humanidad; asimismo, interpretó erróneamente el motivo de la amnistía; además, desconoció la referida Resolución Administrativa que goza de legalidad; ya que, su proceso comenzó el 11 de diciembre de 2020; por lo que, se encuentra dentro de las previsiones del art. 5.I.4 inc. d) del referido Decreto Presidencial. Ante la evidente vulneración de sus derechos planteó recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio, mismo que fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento sin el quorum necesario, emitiendo el Auto de Vista 72/2021 de 13 de septiembre, a través del cual, únicamente el Vocal ahora accionado determinó la confirmación íntegra del citado Auto Interlocutorio, bajo el único argumento fáctico que el proceso penal no excedió los tres años y que "a la fecha" existe una acusación fiscal, vulnerando el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; asimismo, no consideró que su persona se encuentra a cargo de una menor de edad, acreditando ese aspecto con la debida documentación; por lo cual, conforme lo determina el art. 5.I.4 inc. d) del mencionado Decreto Presidencial; además, en otros casos de amnistía y en aplicación del Decreto Presidencial 4461, la referida Sala, conforme establece la normativa procesal penal; es decir, con la mayoría absoluta de votos de los dos miembros uno de los mismos es el Vocal hoy accionado, emitió los Autos de Vista 32/2021 de -7 de mayo- y 33/2021 de -17 de ese mes-, ambos por delitos de la Ley 1008.
En el presente caso no podría haber resuelto el recurso de apelación incidental un solo Vocal, debió resolverse por la composición de quórum de la citada Sala, mencionando el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modifica los arts. 403, 404, 405, del CPP, de igual forma argumentó el art. 32 de La Ley del Órgano Judicial (LOJ) -025 de 24 de junio de 2010-; por lo que, se hubiese vulnerado el derecho al juez natural; además, de los arts. 53 y 58 de la LOJ, y el principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, errónea interpretación y aplicación de la norma, al juez natural; y, principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que:
- 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista 72/2021 de 13 de septiembre; y,
- 2)Que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con la "mayoría absoluta" dicte nuevo auto de vista en el plazo de setenta y dos horas.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Mostrando 17 de 82 parrafos.