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TCP

0045/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de marzo de 2019
Resumen del caso

Auto 0045/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0045/2019-CA Sucre, 15 de marzo de 2019

Expediente: 27866-2019-56-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca

En consulta la Resolución SD-AIC 03/2018 de 9 de octubre, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Bernardo Bernal Callapa, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, demandando la inconstitucionalidad del art. 188.I.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por ser presuntamente contrario a los arts. 13. I, 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2018, cursante de fs. 9 a 14, el accionante refirió que dentro de la demanda disciplinaria que le sigue Ramiro Walter Antezana Cuevas, Técnico de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura por la supuesta comisión de la falta gravísima prevista por el art. 188.I.11 de la LOJ, fue notificado con la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 21/2017 de 17 de noviembre, alegando que la misma es incongruente, falsa, ilegal y arbitraria, que vulnera sus derechos como denunciado y procesado, por lo que, en termino hábil interpuso recurso de apelación, el mismo que a la fecha aún no fue resuelto.

Asevera, que la Resolución emitida por el Tribunal Disciplinario Primero de la Representación Distrital del Consejo de la Magistratura del departamento Oruro, incurre en inobservancia al principio de objetividad, derecho a la defensa y verdad material. Señala asimismo que se estableció la existencia de tres procesos disciplinarios por faltas graves tramitados en su contra, en los que se le aplicó una sanción de dos meses de suspensión de sus funciones, pero ocurre que el Tribunal de primera instancia no se tomó la molestia de revisar esos expedientes disciplinarios donde se puede evidenciar que en las respectivas resoluciones no se asumió ninguna previsión de resguardo a sus derechos fundamentales, porque no tuvo defensa alguna. Agrega que el tribunal de instancia al emitir su Resolución no ponderó criterios de su declaración informativa, con relación a las razones de por qué no pronunció el fallo en el plazo previsto por ley. Finalmente, reclama que el Tribunal no motivó ni fundamentó el fallo expedido, dado que no explicó los motivos por los cuales se le está sancionando, y sólo toma en cuenta la letra muerta del art. 188.I.11 de la LOJ, vulnerándose el debido proceso en cuanto se refiere a la ausencia de motivación y fundamentación.

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