0045/2019

Por Resolución 83/2018 de 7 de febrero, cursante de fs. 99 a 100, emitida dentro del proceso ordinario interpuesto por Alfonso Félix Nina Mejía en representación legal de Emigdio, Delfín, María Margarita, Filomena y José Luis, todos Acarapi Fuentes contra el Banco Central de Bolivia (BCB) sobre mejor derecho propietario y reivindicación, el Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la capital del departamento de La Paz, se declaró incompetente en razón de materia, y en consecuencia declinó por jurisdicción y competencia el conocimiento de la causa, disponiendo que previos los trámites y formalidades de ley, por Secretaría se remitan obrados al Juzgado Agroambiental de ese departamento, sea con nota de atención; en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Conforme prevé el Código Procesal Civil y la doctrina legal aplicable, ante la interposición de una determinada pretensión la autoridad judicial no queda automáticamente conminada a admitirla y sustanciar el proceso, por cuanto, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias que debe revestir la demanda, para lo cual debe efectuar un examen de admisibilidad, procedibilidad, fundabilidad y de competencia; para posteriormente proceder al examen de los presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales; y, finalmente, realizar el examen de los presupuestos intrínsecos o particulares requeridos según la legislación -aplicable- para cada pretensión;
2. b)De la revisión de la documentación acompañada, así como de los fundamentos fácticos de la demanda, se evidencia que lo pretendido en el presente caso es la declaración de mejor derecho propietario y la reivindicación del lote de terreno ubicado en el ex Fundo Huata Pata-Alto Calacoto, con una superficie de 12 002 m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matricula 2.01.0.99.0113588; en ese sentido el objeto de la demanda se encuentra en el ex Fundo Huata Pata-Alto Calacoto, naturaleza que no puede ser desconocida;
3. c)Otro aspecto que se tiene es el certificado extendido por DD.RR. que cursa en obrados, siendo evidente los datos del lote de terreno, Asiento 1 y 2 en los que figura como su ubicación en el ex Fundo Calacoto Alto, cantón Palca, provincia Murillo; del citado departamento; asimismo, el certificado de emisión de Título Ejecutorial por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, señala su ubicación en el mismo lugar;
4. d)A partir del folio real, de los certificados emitidos por el INRA y el Sindicato Agrario "Raúl Patiño", se establece que el lote de terreno en cuestión fue adquirido mediante Titulo Ejecutorial, además que el bien demandado no se encuentra identificado con número de lote y/o dentro de una urbanización; y,
5. e)Por todo lo argumentado anteriormente se tiene que el bien inmueble objeto de demanda se encuentra regido por las leyes agrarias, siendo la jurisdicción agraria competente para conocer la demanda ordinaria, motivo por el cual, toda autoridad jurisdiccional tiene la obligación de revisar a momento de conocer una demanda si tiene competencia o no, pues de lo contrario viciaría de nulidad sus actos, tal como lo determinó el Auto Supremo 27 de 4 de marzo de 2008, más aun tomando en cuenta que el art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), señala que la judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria, que tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley; por lo que, precautelando el debido proceso y respetando el derecho al Juez Natural, al ser evidente que el objeto de la demanda ordinaria sobre mejor derecho propietario y reivindicación se encuentra en el ex Fundo Huata Pata-Alto Calacoto, cantón Palca, provincia Murillo, con una superficie de 12 002 m2, corresponde declinar competencia y jurisdicción para el conocimiento del presente caso ante la jurisdicción agroambiental, teniendo en cuenta que dicha materia por su especialidad también conoce acciones personales, reales o mixtas sobre bienes inmuebles rurales o agroambientales.

Por Resolución 31/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 110 a 111 vta., la Jueza Agroambiental del departamento de La Paz, se declaró incompetente por razón de materia para conocer el proceso de mejor derecho propietario y reinvindicación, consecuentemente en sujeción a lo dispuesto por el art. 202. 2 y 11 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 85 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo), promovió el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, señalando que:

1. 1)El art. 30 de la LSNRA, sustituido por el art. 17 de la Ley 3545, establece que: "...la judicatura agraria es el órgano de administración de la judicatura agraria, tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otras que le señala la ley";
2. 2)La competencia de los juzgados agrarios en las acciones reales, se la determina sobre la base de dos presupuestos, por razón de materia y por la ubicación del predio objeto de la litis; es decir, que tienen competencia específica para conocer y resolver acciones reales con relación a predios dedicados a la actividad agraria, en ese sentido, tienen competencia para la resolución de conflictos emergentes de la actividad agraria, entre otras;
3. 3)Conforme a obrados, se tiene que los demandantes al tener un conflicto de sus predios con el BCB y ante sus reclamos a dicha entidad les respondió que, el Banco es legítimo propietario de 187 lotes de terreno ubicados en la zona de Alto Calacoto de esa ciudad, proyecto de urbanización Colinas de Santa Rita no correspondiendo atender su solicitud; en tal sentido, se estaría vulnerando el derecho propietario de los nombrados, al cercar un terreno que no les pertenece, pues dicha institución bancaria señala ser propietaria de esos terrenos como si fuera parte de los lotes mencionados, motivo por el cual estaría reconociendo la competencia de la autoridad ordinaria civil, por estar ubicado en el indicado predio;
4. 4)Si bien la fracción del predio objeto de la litis deviene de títulos ejecutoriales; sin embargo, la zona tiene características netamente urbanas; es decir, que existen calles empedradas, cordones de acera, alumbrado público y lotes fraccionados como se tiene de los informes técnicos que cursan en antecedentes, con referencia al predio en cuestión, conforme se tiene de las imágenes satelitales, verificadas por el Ingeniero Rene Huanca, Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de ese departamento en la inspección realizada en el área, en cumplimiento a la SC 0378/2006-R de 18 de abril y a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2140/2012 de 8 de noviembre, 2257/2012 de 8 de noviembre y 1936/2013 de 4 de noviembre, constatándose que los predios de referencia, objeto de la litis, se encuentran en un área poblada con calles empedradas, cordones de acera, servicios básicos de luz y otros;
5. 5)Las mencionadas Sentencias Constitucionales disponen que al momento de determinar la jurisdicción por razón de materia sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbano, no puede quedar simplemente librada a lo que dispongan los gobiernos municipales, si no también debe considerar otros elementos como el destino de la propiedad; así como, tomar en cuenta la función que se desempeña en el bien inmueble; es decir, si la propiedad inmueble está destinada a la vivienda será de conocimiento de los jueces ordinarios y, si está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria será de competencia de los juzgados agrarios, hoy agroambientales; y,
6. 6)El art. 122 de la CPE, determina que: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; por lo que, en aplicación de este precepto constitucional cualquier actuación de su autoridad dentro del citado proceso sería ilegal y atentatoria del principio de competencia previsto en el art. 76 de la LSNRA.